La Dirección General de Escuelas (DGE), luego del ítem aula, pondrá ahora el acento en el ausentismo laboral para eficientizar los tiempos de las licencias que se extendían más allá de lo estrictamente médico por cuestiones burocráticas y administrativas. Para eso tercerizarán el sistema de control de certificados y de junta médica a través una empresa privada que se ocupe de ambas tareas. 

La licitación del "servicio de verificación de licencias por razones de salud y atención de familiar enfermo" a la que llamó la DGE es por $96 millones para dos años, es decir que destinarán $4 millones mensuales para la auditoría de los certificados. Los pliegos se abrirán el 18 de agosto, en setiembre será la adjudicación y en octubre comenzará a funcionar el nuevo sistema. Hoy cada docente que tenga una licencia que sea de más de 10 días debe pasar por una junta médica que corrobore el alta antes de volver al aula. 

Según explicó Gabriel Sciola, director de Administración de la DGE, por cuestiones burocráticas un docente con una licencia de 15 días tarda otros tantos en volver al aula. "Hoy en día por una licencia de cuerdas vocales, que es de las más comunes, el docente tardaba entre 15 y 20 días extras para volver a dar clases porque la junta médica que revisa el diagnóstico del médico particular está colapsada", sostuvo.

Esos 15 días de más que el sistema tarda en darle de alta al trabajador representan para la DGE pagar por el suplente que debe poner frente al aula. "Esto sirve para ahorrar también, esa es básicamente la idea. Queremos que el trabajador vuelva en tiempo y forma y no que por trámites burocráticos regrese tarde porque mientras tanto la DGE paga una suplencia. Pagamos un remplazo más tiempo sólo por trámites burocráticos", afirmó.

El servicio que deberá dar la empresa, según la licitación, es de cuatro prestaciones principales: la verificación médica domiciliaria y en consultorio de las causas de licencias; la organización del servicio de junta médica; la organización del servicio de "días caídos" y el recupero de su valor económico, y la organización de un servicio profesional para actuar frente a "controversias" derivadas de esta licitación.

Operativamente tendrá que disponer de un esquema de atención territorial en cuatro regiones y dos subregiones y deberá tener la capacidad de atender unos 70.000 llamados por año en un call center gratuito para derivar los turnos.

Otra de las funciones de la empresa prestadora del servicio, según el pliego de licitación, es hacer auditorías sobre las ART, punto que fue cuestionado por el titular del SUTE, Sebastián Henríquez. "Hoy la ART no cubre prácticamente nada. Todo el sistema es un desastre burocrático, en vez de ajustarles las tuercas a la ART, le paga a otra empresa para que la controle. Le vamos a pagar una empresa para que controle a una empresa que todos sabemos que funciona mal. Es perseverar en el error", consideró el representante sindical.

"El sistema como está ahora es perjudicial para todos, a veces tenías el alta del médico y te daban el turno para que te viera la junta médica y eso te demoraba. Ya tendrías que poder ir a trabajar con el alta médica. No hacía falta contratar una empresa para todo, hay que permitir que uno presente el alta y listo", opinó.