Una de las herramientas con las que el Gobierno provincial podría contar como eslabón en la política de la resocialización de las personas que han cumplido su condena carcelaria o están en la última fase y cuentan con beneficios está frenada debido a la no reglamentación de una ley que fue sancionada hace nueve años. En la actualidad, la Dirección de Promoción del Liberado finalizó la reglamentación de esta normativa y se espera que se hagan los aportes de otras áreas del Gobierno, según confirmó el director del Servicio Penitenciario provincial, Sebastián Sarmiento. La ley 6.960, del 2003, fue una idea que elaboró el legislador provincial Daniel Cassia, pero que nunca logró ver su aplicación hasta ahora.

La traba se debe a la no aplicación de la legislación que obliga a que las empresas que realizan obras para el Estado contraten como parte de su fuerza de trabajo a un cupo de personas que recuperaron plenamente su libertad luego de haber completado los años de encierro, y también a quienes están aún en un contexto de encierro. El gobernador Francisco Pérez comentó la semana pasada, en un acto que encabezó con el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, que el Ejecutivo provincial venía trabajando en implementar esta condición en los pliegos de contratos de obras y de esta manera hacer cumplir con un concepto que hace a la responsabilidad social empresaria.

Pero hasta tanto el Poder Ejecutivo no finalice la reglamentación, la resocialización de quienes se busca que no reincidan en el delito queda, en parte, en el discurso oficial. Uno de los puntos que puede generar más demora para que la 6.960 se aplique de manera efectiva es el relativo al financiamiento. Sucede que la ley de Cassia establece que para fomentar que las empresas tomen como empleados a internos o personas liberadas, el Gobierno abonará parte de los aportes patronales, lo que significa dinero, algo que escasea mucho hoy en las cuentas públicas provinciales.

Más allá de que, hasta ahora, el Gobierno no puede obligar a las empresas que ganen licitaciones de obras públicas a contratar a quienes saldaron sus cuentas judiciales en el penal o aún lo están haciendo, Sarmiento destacó los pasos que vienen dando en la resocialización de los internos en el trabajo intramuros (ver parte). Ante proyectos que han sido formulados del lado opositor, que tienden a hacer más rígidas la salidas transitorias de los presos condenados por delitos graves, como la propuesta presentada por el diputado radical Luis Petri, que ya cuenta con media sanción, el Gobierno vienen trabajando ideológicamente en fortalecer las medidas que tiendan a la resocialización de estas personas, ya que, según indican funcionarios del Ejecutivo local, el actual sistema punitivo ha fracasado.

Pérez repitió la semana pasada que el índice de reincidencia es de 70 por ciento en la actualidad, y a esta cifra le agregó que, en el caso de los internos que han completado el secundario, el promedio desciende hasta 5 por ciento, ejemplificando la importancia de la terminalidad educativa formal en los contextos de encierro, como a la vez el aprendizaje de un oficio. En el mismo acto, Alak, quien precisó que el penal federal que se está construyendo en Cacheuta quedará finalizado en dos años, comentó: "La resocialización comienza con aprender un oficio, con tener un proyecto de vida".

Por su lado, Daniel Cassia, actual diputado del Peronismo Federal, quien lleva años en la Legislatura estudiando y presentando proyectos referidos a las políticas de seguridad, comentó que antes que se comenzara a construir el penal de Almafuerte, propuso que tanto liberados como internos en período de prueba pudieran trabajar en la edificación de ese complejo penitenciario.

Cassia explicó que la mayor dificultad a la hora concretar esta medida se debe a la presión que ejercen las empresas constructoras. El legislador confesó que las firmas de este sector no se han mostrado proclives a asumir la responsabilidad de tener a su cargo a alguien que ha estado en la cárcel, y que esta postura ha logrado hasta ahora imponerse a la ley de su autoría, que los gobiernos no han hecho cumplir.

Tres artículos para entender la norma

Artículo 1- Créase el Programa Penitenciario de Reinserción Social (PPRS) con la finalidad de lograr la real, efectiva y plena resocialización de los condenados por la Justicia de la Provincia de Mendoza y que reúnan el carácter y las condiciones establecidos por la presente.

Artículo 2- Podrán ingresar al Programa Penitenciario de Reinserción Social aquellos condenados que:

1) Estén cumpliendo la pena en la Penitenciaria Provincial o en la Penitenciaría o Cárcel de Detenidos de San Rafael.

2) En opinión del Organismo Técnico-Criminológico estén en condiciones de desarrollar un trabajo digno en libertad y de acuerdo con sus aptitudes laborales.

3) Procesalmente considerados (artículo 12, ley nacional N°24.660) que se encuentren comprendidos en alguno de los siguientes períodos de prueba:

a) Semilibertad

b) Libertad condicional.

c) Programa de prelibertad.

d) Libertad asistida.

Artículo 7- Las empresas que contraten con el Estado provincial, sus organismos descentralizados y autárquicos y las municipalidades deberán tomar hasta diez por ciento (10%) del personal afectado a la ejecución de las obras contratadas a aquellas personas indicadas en el artículo 2 de la presente ley.

Trabajo intramuros

Para demostrar uno de los ejes de trabajo que en la actualidad llevan adelante en el sistema penitenciario provincial en lo referente la recuperación de los internos, Sebastián Sarmiento precisó que hay seis emprendimientos laborales en los que están incluidos los presos. En el complejo San Felipe, 20 de ellos participan en la fabricación de calzado de trabajo, con una producción mensual de 1.500 pares. "El Ejecutivo está gestionando que esta labor cuente con certificación de normas ISO gracias a la calidad con la que se realiza", precisó el funcionario.

Además, doce detenidos aprenden la confección de uniformes de trabajo, diez elaboran panificados, catorce confeccionan camperas, ocho hacen cartelería callejera y un grupo está fabricando juguetes que son vendidos para el Día del Niño. Sarmiento agregó que los internos que trabajan cobran en relación con lo producido y que no perciben el cien por ciento de lo ganado. Sólo el 30 por ciento del ingreso está disponible para el interno y el resto queda en una cuenta hasta que cumpla su condena. Donde no han tenido aciertos en los proyectos fue en el penal de mujeres de El Borbollón, ya que el taller textil que montaron no logró atraer a las detenidas.