Presentaron el proyecto de la ley provincial de educación en la Legislatura. La iniciativa busca renovar una norma cuya última versión data de 2002 y adaptarse a los requerimientos de la Ley Nacional de Educación aprobada en 2006.

El proyecto define la posición que adoptará Mendoza en diversos aspectos, como la estructura del sistema educativo, las modalidades que tendrá o de qué forma será financiado (ver aparte).

Sin embargo, uno de los aspectos relevantes dados a conocer por la Comisión Bicameral de Educación y la directora general de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, es la concentración horaria en el nivel secundario.

La propuesta abre la posibilidad de que los docentes que posean horas cátedra en una escuela tengan prioridad por sobre cualquier otro colega en el caso de que aparezcan espacios concursables, más allá del puntaje que figure en los bonos.

De esta forma, el proyecto de ley apunta a solucionar un viejo problema en el mundo de los docentes del nivel secundario: el de los profesores taxi, que deben aceptar horas cátedra en distintos establecimientos para conformar algo que se parezca a un sueldo digno.

“La concentración horaria es un proceso voluntario, una política para evitar la dispersión de un docente trabajando en tres, cuatro o cinco escuelas: lo ideal sería que no trabajara en más de dos”, señaló Vollmer.

Luego profundizó: “Cuando se genere el ofrecimiento de horas cátedra se producirá una norma específica en la que se priorice la asignación de horas a los docentes que ya estén en esa escuela. Si un docente tiene ocho horas en una escuela y se ofrecen seis más, ese docente va a tener la prioridad, de modo tal que se reduzca la dispersión y se logre la concentración siempre que no se pase de la carga horaria permitida. Pero es un proceso voluntario. El Estado ofrece una estrategia y el docente toma una decisión”.

En este caso, el puntaje quedaría de lado porque el Estado tiene la facultad con la junta de calificaciones de tomar esta decisión política, según explicó la titular de la Dirección General de Escuelas (DGE).

El proyecto de ley contempla además la conformación de orientación interdisciplinaria en las escuelas de niveles primario y secundario, así como la articulación intersectorial –con las diferentes áreas gubernamentales– de políticas sociales a fin de garantizar la atención psicológica, psicopedagógica y médica de aquellos alumnos que la necesiten.

También estipula la educación de jornada extendida, que se caracteriza por desarrollar una propuesta enriquecida en los aspectos pedagógicos, organizativos y sociales, y por la ampliación de la jornada escolar, permitiendo jornada extendida o doble escolaridad.

Además se establecen los derechos y los deberes de padres, alumnos y docentes.

Entre los deberes de los padres se menciona respetar y hacerles respetar a sus hijos o representados la autoridad pedagógica del docente.

Como derechos de los docentes está el hecho de recibir formación gratuita integral para el desarrollo de sus capacidades humanas, técnicas y profesionales a lo largo de toda su carrera.

El proyecto de ley establece políticas de promoción de la igualdad educativa destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación dentro de los establecimientos escolares.

Ahora deberá tratarse en comisiones para luego ser llevado a tablas, siguiendo así los carriles normales para que se convierta en ley.

No hay tiempos determinados para que esto suceda. Sin embargo, legisladores y la titular de la DGE estiman que la iniciativa se convertirá en ley antes de fin de año.