El Congreso está listo para comenzar el debate del proyecto de ley que regula la venta de tierras a titulares extranjeros. El próximo 9 de junio se realizará un plenario de las comisiones de Legislación general, a cargo de Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), Agricultura (Juan Casañas-UCR) y Asuntos Constitucionales (Graciela Camaño-PJ Federal). Según confirmó Ibarra a Página/12 asistirá al encuentro el ministro de Agricultura, Julián Domínguez y Eduardo Barcesat, quien trabajó en el armado fino del proyecto. El objetivo de la legisladora de Nuevo Encuentro será emitir un dictamen “lo antes posible”. La iniciativa del Ejecutivo establece que los titulares de otra nacionalidad no podrán tener más del 20 por ciento del total de tierras rurales a nivel nacional y una misma persona no podrá adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo. El oficialismo tiene previsto negociar estos requisitos con la oposición.

La participación de Domínguez será el puntapié inicial de un debate anunciado por la presidenta Cristina Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias de este año. “Buscaremos consenso con otras iniciativas para emitir un dictamen lo antes posible. El año pasado ya avanzamos con el análisis de las propuestas de los diferentes bloques que ahora se sumarán al proyecto oficial”, señaló Ibarra.

Una de las iniciativas con estado parlamentario corresponde a los diputados radicales Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria. “Estamos de acuerdo con tratar el tema pero no queremos que se analice sólo el proyecto del Gobierno. Queremos sacar la mejor ley”, indicó a este diario Forte. En un documento emitido por la FAA, entidad que lidera Eduardo Buzzi e integra la Mesa de Enlace, se pidió limitar aun más el máximo del 20 por ciento, así como también la cantidad de hectáreas que podrían venderse en cada jurisdicción.

Por su parte, desde el PRO se pronunciaron a favor de una ley que limite a la compra de bienes raíces rurales por parte de extranjeros, aunque aclararon: “La Constitución Nacional expresa que los extranjeros tienen los mismos derechos que los ciudadanos nacionales, y esto incluye la compra de bienes raíces”.

Un eje central de esta normativa pasa por definir que la comercialización de la tierra no puede ser considerada una inversión privada, por ser un recurso no renovable. De esta manera, la tierra quedará comprendida bajo el dominio público, con el objetivo de evitar cualquier conflicto ante el CIADI o con los tratados bilaterales de inversión.

“Esta definición que damos es la primera batalla legal contra los tratados de inversión, que seguramente se extenderán a otras áreas. Es una de las cosas más novedosas. Esta ley afirma que no puede ser considerada inversión la compra de un bien escaso y no renovable”, había explicado a Página/12 Barcesat tras el anuncio presidencial.

La voluntad política de los diferentes bloques se verá cuando los respectivos presidentes de comisión, Casañas y Camaño, convoquen a sus diputados al plenario, para que éste tenga quórum y pueda darse el inicio del debate.

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