No era una intervención ni mucho menos. Sin embargo, la visita de la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mónica Cerutti, sorprendió sobre todo por la coyuntura: el tratamiento de la ley Petri que propone el endurecimiento de las salidas transitorias y de este tipo de beneficios a los presos provinciales.
 
Sin embargo, la funcionaria, acompañada de una ex presa que hoy lidera un espacio para prevenir el delito y garantizar derechos a todos, opinó sobre el proyecto de ley del radical, Luis Petri, que ya tiene aprobación general en Diputados.

"Siempre que haya una política de restricción de derechos, no será acorde con la posición de la Secretaría de Derechos Humanos", lanzó la funcionaria, quien sin embargo dijo no quererse meter en el tema ya que "es una política de la provincia que la está discutiendo la Legislatura".

De esta manera, la subsecretaria nacional descartó que su encuentro con la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, haya sido para bajar línea o intervenir en la posición del PJ a la hora de votar la ley Petri. No obstante, la funcionaria fue crítica con este tipo de medidas y aclaró: "Es importante que los discursos sociales se modifiquen porque creen que quienes no gozan de la libertad no son seres humanos. Está comprobado que en el mundo no han dado resultados las políticas de mano dura". Así, volvió al proyecto local y dijo: "Ya se ha expresado Romina Ronda pero, insisto, no me quiero meter".

La visita de la funcionaria tuvo que ver con la cooperación de la Nación con las provincias a resolver problemas relacionadas con las políticas penitenciarias y postpenitenciarias como puede ser la salud y la educación. Previo a que Cerutti hablara con la prensa (ante la expectativa generada), el gobernador Francisco Pérez se había manifestado sobre el tema:

"No tengo confirmado que venga la secretaria. Pero respecto al proyecto creo que se debe discutir la mejor ley, es decir, la que se pueda aplicar. Deben preocuparse porque no tengan lagunas e interpretaciones erróneas como por ejemplo puede ser su ejecución penal. Hoy en función solo hay una jueza para cinco penitenciarias ya que el juez Mathus está de licencia. Por eso hablé con (Jorge) Tanús esta mañana (por ayer) y le pedí que pongan los ojos en la ejecución".

La iniciativa de Ejecución de la Pena Privativa de la la libertad -de 270 artículos- fue ideada por el diputado Luis Petri, quien pidió una sesión especial para su tratamiento y desde el oficialismo le redoblaron la apuesta y organizaron reuniones con funcionarios, organismos de Derechos Humanos, familiares de víctimas de delitos, referentes de universidades, el Colegio de Abogado, la inspección de Seguridad y hasta el ex ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga. Más allá del debate, el proyecto logró ser aprobado en general (antes del receso) por 40 votos a 3 y dejó para esta semana la votación de cada artículo.

La insistencia de los radicales para tratar la ley Petri desató una puja entre el radicalismo y el PJ la que terminó cruzando al intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo y al vicegobernador Carlos Ciurca que terminó en un principio de acuerdo para lograr que buena parte del PJ votara a favor. Y a último momento, Francisco Paco Pérez dio la orden a los legisladores justicialistas para que dieran su respaldo. Sin embargo, los diputados de La Cámpora, Lucas Ilardo y Marina Femenía, la rechazaron de plano por su fuerte alianza al kirchnerismo que siempre se ha manifestado garantista de los derechos humanos.

"Siento tristeza por el tema que estamos debatiendo", dijo en aquella oportunidad Ilardo agregando que "el proyecto da una respuesta espasmódica y no estructural. Yo tengo ganas de acostarme y levantarme con tranquilidad. Creo que este proyecto no va a solucionar el problema de la inseguridad y va a traer muchas complicaciones".

Por el lado del Ejecutivo, también hubo críticas. La secretaria de Justicia, Romina Ronda opinó que la ley de Petri tenía "falencias estructurales" e indicó que podría haber un "efecto adverso". Mientras que la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini, sostuvo que si se aprobaba la iniciativa propuesta por el legislador radical "sería un retroceso en políticas de Derechos Humanos".