Finalmente, la primera idea que lanzó en su asunción el ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, la creación de la Mesa de Enlace, un organismo en el que participarán los tres poderes del Estado provincial, se puso en marcha ayer y la novedad de la jornada fue la incorporación de la Nación a este espacio, ya que estuvo presente un representante de las fiscalías federales.

El ámbito en el que fue presentada esta Mesa de Enlace fue la primera reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad, compuesta por legisladores tanto oficialistas como opositores, quienes, junto a los representantes del Poder Ejecutivo y del Judicial, definieron los primeros asuntos a abordar.

La participación de un funcionario federal que tiene directa relación con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, principalquien fue designada por la presidenta Cristina Fernández de  Kirchner, es la demostración de la articulación que se busca profundizar entre Mendoza y la Casa Rosada para combatir delitos como el narcotráfico.

Fernando Alcaraz, fiscal subrogante de Dante Vega, fue quien participó ayer como el enviado del Ministerio Público Fiscal federal, quien, además de opinar sobre el encuentro de ayer, comentó que había sido consultado por el caso de los periodistas de El Sol a quienes se les ha asignado custodia policial, pues informes policiales indican que sus vidas podrían correr peligro por haber publicado  informaciones sobre una líder narcotraficante.

Alcaraz se excusó de opinar específicamente sobre este hecho ya que prefería tener un contacto más cercano al tema para expresar un punto de vista institucional.

De igual manera, el problema del narcotráfico –por fuera de esta circunstancia particular– será uno de los puntos en los que la Mesa de Enlace quiere avanzar a corto plazo, ya que fue propuesto  como el punto a debatir en el próximo encuentro, que se realizará dentro de dos semanas.

La posibilidad de que la Justicia local investigue casos de narcotráfico, adhiriendo a lo que una legislación nacional permite, es uno de los debates internos que se viene dando desde hace tiempo  entre los responsables del sistema provincial de seguridad y los funcionarios judiciales.

El otro punto que será prioritario es el de la Policía Judicial, que tuvo el año pasado su primer paso de implementación cuando se traspasó del Ejecutivo al Judicial a una centena de efectivos que  prestan servicios en la Policía Científica.

Rodolfo González, el procurador de la Corte local, fue quien se mostró con mayores cuestionamientos hacia esta nueva estructura, ya que puso de relieve que lo más importante es definir el tema presupuestario.

En los últimos meses, una comisión de legisladores de la Bicameral de Seguridad viajó a Córdoba para estudiar cómo en esa provincia pusieron en marcha la Policía Judicial.

En la legislatura hay un proyecto al respecto en la Cámara de Diputados, y desde el Ejecutivo han prometido enviar su iniciativa correspondiente.

Por el Ejecutivo, además de Comperatore, ayer estuvieron en la Mesa de Enlace, la subsecretaria de Justicia Romina Ronda y la presidenta de la Inspección General, Mariana Herrero.

Los representantes del Poder Judicial provincial, además de González, fueron Raúl Vicchi, coordinar de Relaciones Institucionales de la Corte y Teresa Day, coordinadora del Ministerio Público Fiscal.

En tanto, la Bicameral de Seguridad estuvo representada por su presidenta, la radical Milagros Suárez, y otros miembros como la oficialista Claudia Torrez, el demócrata Aldo Vinci, el peronista no  oficialista Daniel Cassia, el macrista Gustavo Cairo, entre otros.