La violencia institucional es esa que se ejerce sobre las víctimas cuando estas van a buscar asistencia al Estado y en vez de brindarles ayuda, se las ignora o se las somete a un interminable periplo de oficina en oficina pública, sin que encuentren en ninguna la respuesta que buscan. En este viaje, se las obliga a contar cientos de veces su historia. A esto se denomina revictimización y para que deje de ser una práctica común con respecto de las mujeres maltratadas, es que la ley nacional 26.485 prevé algunos cambios. Uno de ellos es la creación de una oficina en el Poder Judicial que atiende a las afectadas, las contiene, las orienta y las acompaña. Su función es, sobre todo, que la víctima no transite por interminables laberintos institucionales y que su situación se resuelva.

En Mendoza, se denomina Ofavmu (Oficina de asistencia jurídica de violencia contra la mujer) y funciona desde el 24 de julio. Desde esa fecha a esta parte, ha atendido de 5 a 10 consultas por día. Es decir que en 40 días hábiles, ha brindado unos 280 asesoramientos en esta problemática. Su encargado, el licenciado Jorge Cortez, dio detalles de su funcionamiento.

Cómo funciona

Por ahora, las víctimas de violencia de género tendrán que asistir de lunes a viernes de 8 a 13 para buscar asesoramiento. La oficina está ubicada en la planta baja del edificio del Poder Judicial.

Además, su radio de acción se acota a la 1ª Circunscripción Judicial, pero la idea es que tanto los horarios como el alcance territorial se amplíen. Cortez manifestó que el objetivo es que se atienda todos los días, mañana, tarde y noche.

“La finalidad de esta dependencia judicial es garantizarle a la víctima el derecho a la información, y promover su derivación y seguimiento”, sostuvo el titular de la Ofavmu.

Los casos que llegan a esta oficina se relacionan con las agresiones en todas sus formas: físicas, sexuales, psicológicas, simbólicas y económicas.

En cuanto al funcionamiento, el titular explicó que está planificado en tres áreas: asistencia jurídica, derivación y mejoramiento continuo.

En el primer caso, se trata de poner en conocimiento de las víctimas los pasos legales a seguir una vez radicada la denuncia. Si el violento es el marido y si hay hijos de por medio, los asesores se encargarán de explicar todo lo referido a tenencia de los menores, cuota de alimentos y disipar todas las dudas que las mujeres tienen en el momento de pedir medidas tutelares.

En lo que respecta a la derivación, Cortez manifestó que desde la Ofavmu se trabaja en red intra e interinstitucional para que la mujer sea guiada hacia los lugares correctos dentro del Estado, donde reciba asistencia psicológica y económica, entre otras ayudas que necesite para abandonar su anterior situación de dependencia del violento.

“Coordinamos mucho con la Dirección de la Mujer, que depende del Ejecutivo. Esto, cuando hay que pedir contención emocional o gestionar un subsidio”, manifestó el funcionario.

Otro servicio que brinda la Ofavmu es el de trasladar en un móvil a las víctimas, por ejemplo para poner la denuncia en la Justicia; o si se trata de una mujer que ha sido agredida sexualmente, la acompañan además a un hospital para que reciba la atención correspondiente en estos casos.

La Ley de Protección Integral está en vigencia en Mendoza desde diciembre del 2010, fecha en la que la Provincia firmó la adhesión. Sin embargo, desde este año han comenzado a firmarse convenios con la Nación para que las iniciativas que propone la legislación tengan financiamiento.