La reforma del Código Procesal Laboral, una idea que impulsó el gobierno de Celso Jaque y del que se presentó un proyecto de ley hace un año, toma impulso ahora, y se aceleran los pasos para que el asunto pueda ser tratado sobre tablas antes de que finalice el mes próximo.

También, cuando se hizo pública esta reforma, se agregó una nueva Ley Orgánica de la Subsecretaría de Trabajo para que cuente con una nueva normativa.

El jueves en la Legislatura se realizará un plenario en el que participarán legisladores, los redactores del proyecto del Ejecutivo, al igual que especialistas, que se reunirán para ultimar detalles, afinar diferencias, e incorporar posibles mejoras al proyecto.

En tiempos cuando desde el Gobierno nacional se lanzó hace un par de semanas la reforma y unificación de los Código Civil y Comercial, que ya se encuentra en el Congreso, en Mendoza este cambio en la legislación de cómo se impartirá justicia en los conflictos laborales promete agilizar los tiempos para que, entre otras cosas, las causas no estén tramitándose en un promedio de cuatro años hasta lograr una sentencia. 

Mendoza ocupa el segundo lugar en el país en los índices de litigiosidad en materia laboral. La propuesta es lograr normas de seguridad y respaldo a los trabajadores; darles seguridad jurídica a las empresas y descomprimir el trabajo  de las actuales cámaras laborales.

La idea no es romper con el procedimiento ya establecido en la provincia, que responde a los principios básicos del proceso laboral, sino actualizarlo a la realidad judicial que impide el acabado cumplimiento de esos principios por efecto de la sobrecarga de los tribunales y la insuficiencia de recursos.

El presidente de la LAC (Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales), Alejandro Viadana, quien asumió al frente de esta en diciembre, apuesta a que el proyecto cuente con un despacho en mayo, para que luego pueda debatirse en el recinto de la Cámara Baja.

Desde la LAC se remitió la propuesta de reforma en febrero al Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, la Confederación General del Trabajo y a la Superintendencia de  Riesgo de Trabajo, entre otras instituciones, para que respondieran con las observaciones que consideran deben plantearse.

"Antes de que finalice mayo vamos a tener un despacho al respecto", comentó Viadana, para luego agregar: "Hasta ahora hay concordancia en el enfoque de los integrantes de la LAC, es buena la reforma que se presentó, es moderna y ayudará al trabajador a que haya un mejor acceso a la justicia, se acorten los tiempos de resolución y tengamos mayor eficacia cuando se debe resolver un conflicto laboral planteado ante los tribunales".

Desde la oposición no son tan optimistas, ya que tanto el demócrata Aldo Vinci como el radical Luis Petri expresaron puntos de vista diferentes al del oficialismo sobre el punto referido a la caducidad de la instancia (ver aparte).

Vinci cree que se debería tomar en cuenta la caducidad que hay en la Justicia Civil, sin posibilidad de que una simple presentación prolongue el proceso. Petri fue más contundente al decir que todo el radicalismo no acompaña la idea del proyecto oficial y que debe mantenerse el sistema actual. Los ejes de la reforma serán la creación de juzgados, que estarán por debajo de las tradicionales Cámara del Trabajo, y estos nuevos jueces tendrán a su cargo debates rápidos o de menor complejidad, pero la frutilla del debate que se avizora será la modificación en cuanto a la caducidad de la instancia.

La idea es disminuir la carga de trabajo de los actuales jueces y facilitar  el camino a los juicios simples, como puede ser, por ejemplo, un cobro de salarios o la discusión de una medida disciplinaria.

Sobre la ampliación de cargos judiciales, es de esperarse que haya una necesidad de aumentar el presupuesto  para el Poder Judicial, ya que se vislumbra sea un requisito fundamental a la hora de poner en marcha este nuevo engranaje judicial.

Otro ejemplo de los cambios ideados es que los nuevos jueces especiales empezarán a entender en los casos de servicio doméstico, que hasta ahora eran propios de la Subsecretaría de Trabajo.

Hay también una serie de novedades técnicas que lo que buscan es plasmar soluciones que ya vienen aplicando los jueces, o bien introducir novedades para superar algunos obstáculos que hoy tienen los juicios.

Así, por ejemplo, si bien es difícil, se intenta que el período probatorio de los juicios laborales no dure más de tres meses, haciéndose más dinámica toda la parte de ofrecimiento y producción de pruebas, que es lo que más tarda.

Con el proyecto nuevo, por ejemplo, los jueces van a poder interrogar a los litigantes pudiendo aludir en las sentencias a las evasivas que hacen de sus preguntas, cosa que hoy no está. Se prevé que las audiencias orales sean grabadas en video, para mejorar la recepción de la prueba oral.

En relación con los amparos sindicales, se prevé un sistema más veloz al que puedan recurrir los dirigentes gremiales cuando las empresas se nieguen a cumplir con los reglas laborales.

También se ha tenido en cuenta que los jueces de Trabajo puedan reunirse para dictar fallos plenarios  en los cuales se pongan de acuerdo sobre la interpretación que en toda la provincia se debe dar una norma dudosa.

A la vez, se creará un cuerpo de peritos médicos oficiales que serán los encargados de determinar el grado de incapacidad que pudiera presentar un denunciante ante un accidente laboral, asunto que ha sido objeto de manejos irregulares.