BUENOS AIRES– El avance de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, contrastado por la fuerte desigualdad social y la violencia en las cárceles son parte de las “luces y sombras” que arroja el mapa de los derechos humanos en Argentina, reflejado en un nuevo estudio.

Según el trabajo “Derechos Humanos en Argentina. Informe 2012”, que acaba de presentar el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “los importantes desarrollos normativos que ampliaron la protección de derechos (en el país) han enfrentado dificultades para su implementación efectiva”.

Entre estas normas, el informe anual de la organización no gubernamental menciona las leyes de migraciones, de salud mental y de servicios de comunicación audiovisual, esta última rechazada por las mayores empresas periodísticas del país.

El estudio sobre los DD.HH. en el país, cuyas políticas han sido expuestas como una de las banderas del Gobierno, también reconoce “la consolidación del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) a partir de la derogación parlamentaria de las llamadas ‘leyes del perdón’ en 2003”.

Pero el 17º informe anual de la ONG advierte sobre “la fuerte desigualdad social que aún subsiste y la falta de acceso a la tierra en zonas rurales, al derecho a la vivienda en espacios urbanos o el avasallamiento de los derechos del trabajo por prácticas propias de las reformas neoliberales, como la tercerización laboral”.

“Los desarrollos inmobiliarios, y la especulación sobre el suelo y la tierra, la expansión de las fronteras agrarias, las industrias extractivas y el generalizado recurso a tercerizar actividades empresariales para reducir costos laborales se identifican como las principales áreas que exacerban desigualdades sociales”, describe el informe.

Muerte por represión

Alerta, además, sobre “las 15 muertes ocurridas durante 2010 y 2011 en el marco de represiones en conflictos sociales, a lo que deben sumarse también heridos y graves episodios de violencia”, sostiene.

También aborda las crudas violaciones a los derechos humanos, el extremo de la deshumanización y el trato indigno que reciben los detenidos en las cárceles argentinas, especialmente en la provincia de Buenos Aires, caracterizadas bajo el modelo de prisión-depósito, califica.

“En su forma más extrema, esta situación aparece como tortura y muerte. Esto se combina con una alarmante cantidad de fallecimientos en incendios, el colapso del sistema de sanidad y graves deficiencias en las condiciones materiales de detención”, añade el trabajo, que también advierte sobre la “corrupción, arbitrariedad e impunidad en la gestión de las prisiones del país”.

Recuerda, asimismo, la gran preocupación que genera la Ley Antiterrorista, sancionada el año pasado y criticada por numerosas organizaciones que consideran que la norma deja abierta la posibilidad de que las huelgas y las protestas sociales puedan ser calificadas como actos terroristas.

La aprobación de la Ley Antiterrorista fue impulsada por el Ejecutivo argentino por recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).