Al debate sobre la despenalización del consumo de marihuana se suma otro, aunque promete tener más consenso y posicionarse como ley complementaria: que el Estado nacional y las obras sociales se hagan cargo del costo que implica un tratamiento y la rehabilitación de los adictos y que en las escuelas de todo el país se realicen campañas de concientización sobre el riesgo ante el uso de drogas.

Mientras el primer y polémico proyecto aún sigue sin dictamen en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación se está debatiendo por estos días un proyecto de ley para la creación de un plan nacional de adicciones que desarrolle un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional.

Los impulsores de la propuesta son los diputados del bloque de la UCR que, además de estar de acuerdo en no criminalizar al consumidor de estupefacientes, ahora apuntan a promover la autonomía individual y evitar la estigmatización de las personas que se someten a un tratamiento.

La iniciativa, según explicó uno de sus impulsores por Mendoza, el diputado nacional mendocino Jorge Albarracín, pretende que "el Estado recupere en materia del consumo problemático de drogas el rol de articulador de las estrategias y las herramientas de la prevención, asistencia, contención y rehabilitación, desarrollando infraestructura necesaria, capacitando los recursos humanos y coordinado los esfuerzos de las distintas áreas, en pos de dar una respuesta integral a un problema que demanda un abordaje multidisciplinario e intersectorial y compromiso de toda la sociedad".

La iniciativa se terminó de delinear con los aportes de las jornadas sobre despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal y se presentó el jueves. "Nuestro proyecto se enfoca en garantizar la prevención y el tratamiento a las personas que presentan alguna adicción. No hay que tratar al adicto como si fuera un delincuente.

Justamente, en estos casos, el Estado no debe desentenderse y debe acompañar el proceso en forma interministerial", planteó Albarracín a este diario. Según el diputado, el proyecto incluye un apartado general donde contempla a varios ministerios (Salud, Educación, Desarrollo) para abordar el problema en todos los hospitales y centros de salud del país.

Albarracín aclaró que el bloque radical quiere darle el mismo impulso que se tuvo con la Ley Antitabaco, con la que –según algunas estadísticas que citó el diputado– el consumo disminuyó notablemente. El proyecto lleva las firmas del radical jujeño Mario Fiad, acompañado por los diputados de la UCR Ricardo Gil Lavedra, Ricardo Alfonsín, Juan Pedro Tunessi, Jorge Albarracín, María Luisa Storani, Miguel Giubergia, Eduardo Costa, Bernardo Biella, Elsa Álvarez y Mariana Juri (la segunda diputada mendocina que pelea el proyecto en el Congreso).

Esta última, en diálogo con El Sol, explicó ayer: "Firmamos entre muchos legisladores y estamos de acuerdo con que el tratamiento al adicto sea totalmente independiente de la ley de despenalización. Porque el eje de discusión sobre las drogas drogas no debe ser solamente permitir o no el consumo, sino de qué forma el Estado previene y luego garantiza un plan de ayuda universal y gratuito".

El proyecto de ley aún no tiene una fecha para ser tratado con el resto de los bloques y los radicales mendocinos afirman que el tiempo legislativo "lo pondrá el oficialismo". No obstante, no creen que la aprobación de su iniciativa se concrete en la segunda mitad del año.