La estrategia judicial de la UNCuyo apunta contra la Dirección Provincial de Hidráulica, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el Juzgado Federal 2, a cargo de Olga Pura Arrabal. Según el rector de esa casa de estudios, Arturo Somoza, la intención de llevar adelante una denuncia penal es por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por parte de las autoridades que conducen esas reparticiones y por las decisiones tomadas, debido a "la falta de controles, restricciones y respuestas" de los responsables de estos organismos en un nuevo capítulo del litigio que mantienen, desde hace años, la UNCuyo y la firma Dalvian SA –manejada por la familia Vila–. La puja recrudeció por la reciente construcción de un supermercado en la zona de conflicto judicial.

"Estamos estudiando presentar la denuncia penal, lo está analizando la Asesoría Letrada de la Universidad, porque hemos presentado el comunicado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a todos los organismos que tienen incumbencia en la autorización del nuevo supermercado", señaló ayer a El Sol Arturo Somoza. La medida de la Corte aclara que, una vez aceptado el pedido de recurso extraordinario por uso de terrenos de la universidad, no se podía seguir urbanizando dentro de las 32 hectáreas en litigio.

"Hidráulica no debería haber autorizado el arroyo en esa obra civil, tampoco la Comuna debería haber autorizado esa edificación, y Vila se tendría que haber abstenido de seguir construyendo hasta que salga el fallo de la Corte. La sentencia aún no está firme y no tendría que haber movido un dedo dentro de la zona en litigio, pero aquí hay una cadena de responsabilidades", disparó Somoza.

El máximo referente de la UNCuyo había presentado el año pasado la orden de la Corte de la Nación a los diferentes organismos provinciales y esta semana pidió "especialmente" analizar la posibilidad de una figura penal contra los funcionarios locales y aseguró a El Sol que, en dos semanas, los abogados de la UNCuyo deberían expedirse sobre la posibilidad de una denuncia penal y ver los alcances de la misma. Luego, será el Consejo Superior –máximo órgano de autoridad de la UNCuyo– el que decida qué paso seguir en contra de las máximas autoridades de las reparticiones locales.

Desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó, en el 2007, el recurso extraordinario interpuesto por la casa de altos estudios, se aclaró que ninguna de las partes en conflicto podría modificar nada. De esta manera, el máximo tribunal del país le dio luz verde al reclamo de la UNCuyo y se abocará, sin plazos establecidos, a dirimir la vieja disputa por las 32 hectáreas que ambas partes reclaman.

Somoza tildó ayer de "chicana" la respuesta que transmitió a la UNCuyo la jueza federal Olga Pura Arrabal: "Son chicanas. La jueza dijo que la actuación nuestra no consta en su expediente y que está en otro expediente. Es una respuesta formal, pero podría haber intentado buscarla si hubiese tenido voluntad de avanzar. Encima, es docente de Derecho en nuestra universidad. Su actitud no se entiende", continuó el rector.

Este nuevo planteo de la Universidad aparece justo en el momento en que se analiza si se lleva a juicio político al fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, entre otros motivos, también por favorecer sistemáticamente al Grupo Vila-Manzano. Actualmente, el expediente está "girando" –según aclaró Somoza– por los diferentes ministros de la Corte pero, hasta ahora, no se expidió. El litigio por los terrenos ocupa la zona llamada Polígono de Tiro del Ejército y fueron cedidos por el Estado nacional a la universidad en la década del 50. La zona del conflicto se ubica el suroeste de la avenida Champagnat. La UNCuyo propuso crear una área de zona protegida o reserva natural allí con la empresa Dalvian (ver aparte).

La magistrada no recuerda

La jueza federal Olga Pura Arrabal atendió la consulta telefónica de El Sol y su respuesta ante la posible demanda penal de la UNCuyo fue contundente: "¿La verdad? No recuerdo cuándo y cómo fue la presentación que hizo la UNCuyo, porque no tengo el expediente en la mano. Creo que faltaba un requisito, pero no recuerdo. De esto hace más de tres meses y tengo 90 mil expedientes", dijo la magistrada. Cuando se le preguntó sobre la importancia del caso, Arrabal sólo acotó: "Debo tener como unos 10 mil expedientes sensibles".

No es la primera vez que la magistrada da una respuesta de este tipo. Es más: en una causa vinculada con la conocida "guerra de los casinos", y a pesar de que no le correspondía seguir con el tema, Arrabal cometió un grosero error al involucrar a varias firmas en un fallo que sólo buscaba establecer el funcionamiento en una de las casas de juego. Su explicación para justificar ese error fue también que, debido a la cantidad de expedientes, se había confundido.

La reserva natural

Las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo ratificaron, mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, que sigue "vigente" la lucha por los terrenos de la institución contra los barrios Dalvian y Flores. Un comunicado emitido por el Consejo Superior de la casa de estudios afirma que "seguirá bregando en defensa de sus derechos, no claudicará en hacerlos respetar en el marco de la Justicia y ratifica el criterio de que el bien común debe prevalecer, en todos los casos, sobre los intereses particulares".

El escrito intenta "advertir sobre cualquier pretensión de avasallamiento del patrimonio de todos, en beneficio del interés de algunos". Desde la institución se está trabajando en un proyecto de área protegida y desarrollo de la investigación sobre aspectos ambientales al servicio de la comunidad, en busca de evitar la cesión de terrenos a los barrios privados colindantes. El mismo comunicado será enviado al Gobierno provincial, la Legislatura y la Municipalidad de la Capital. Según explicó ayer el rector de la UNCuyo, Arturo Somoza, habría una idea superadora de invitar a entidades privadas para que administren la reserva, pero con la condición de no realizar "ningún tipo de actividad erosiva"; es decir, ningún tipo de obras de urbanización en el perímetro que fue dado en comodato desde el Ejecutivo nacional, el cual tiene la potestad de las hectáreas en conflicto.