El debate sobre la reforma constitucional volverá a la la Legislatura provincial en las próximas semanas y el radicalismo se prepara para oponerse nuevamente al proyecto oficialista.

Así lo indicó el jefe del bloque de senadores de la UCR, Armando Camerucci, frente a la aparición de una iniciativa del diputado del peronismo disidente Gustavo Valls, quien busca un pronunciamiento de la Cámara Alta a favor de la reforma.

Valls sostiene que el proceso se encuentra abierto desde las elecciones 2001, cuando el sí a la reforma obtuvo la mayoría de los votos, aunque no fue apoyado por la mayoría del electorado.

Por esta razón, ningún gobernador avanzó desde entonces con el próximo paso, que es el llamado a elección de convencionales constituyentes. Pero Valls cree que esta traba en realidad no existe y pone en duda el valor de un viejo fallo de la Corte provincial sobre las mayorías necesarias, que traba desde 1987 los intentos de reforma.

Los argumentos de Valls son funcionales a los planes del PJ, que desde el año pasado agita la posibilidad de ampararse en el resultado del plebiscito de 2001 para sortear todos los obstáculos políticos que tiene en la actualidad para avanzar con la reforma. Pero según recalcó este martes el radical Camerucci, ese planteo es "ilegítimo" y recibirá el rechazo del bloque de la UCR.

"La definición ya la tomamos hace tiempo, no se puede traer a la actualidad una voluntad expresada hace 12 años", señaló el jefe de los radicales en el Senado.

Asimismo, defendió el pedido para que el gobernador Francisco Pérez sí promulgue la enmienda constitucional de 2009, que puso limite a las reelecciones de los intendentes. Aquella enmienda tuvo el apoyo de la mayoría de los ciudadanos en las urnas, pero tampoco consiguió la mitad más uno del electorado que marca la Constitución. Sin embargo, para los radicales, se trata de "un tema puntual" que -a diferencia de la propuesta de hacer una reforma amplia de la Carta Magna- debería ser viabilizado por el gobernador.

Precisamente el proyecto de resolución de Valls quiere que el Senado solicite la aprobación de las dos reformas (la de 2001 y la de 2009), por tratarse de "procesos abiertos" que ningún gobierno completó aún. Y el argumento del legislador opositor podría ser abrazado por el justicialismo, aunque en un futuro no tan inmediato.

Los voceros del oficialismo explican que Pérez definirá qué hacer con la reforma en el trascurso de las próximas semanas y que dicha definición se transformará en un decreto que prescindirá de cualquier expresión legislativa.

El decreto vería la luz recién en mayo y determinará si los comicios legislativos de este año serán unificados o desdoblados de los nacionales (todo indica que pasará lo primero) y si incluyen o no el llamado para la elección de convencionales constituyentes.

Un reflejo de que el PJ no tiene demasiado apuro fue el acuerdo que, a pesar de todas las diferencias que tienen, selló este lunes el vicegobernador Carlos Ciurca con el radicalismo en reunión de Labor Parlamentaria: el proyecto de Valls se estudiará en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, lo cual demorará unas semanas su discusión en el recinto.

 "Esta iniciativa la vamos a apoyar, pero finalmente la decisión la tomará el Poder Ejecutivo", señaló en este sentido el senador peronista Fernando Simón, sin dar pistas sobre lo que hará Pérez.