Por Néstor Piccone y Marcelo Valente *

El enigma de la ley de medios

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA/26.522) reposa en dos pilares: la desmonopolización y la construcción de un modelo comunicacional con multiplicidad de voces. La adecuación de los grupos mediáticos al texto legal –luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la constitucionalidad de la norma el pasado 29 de octubre– es un gran paso hacia la desconcentración del dispositivo tecno-mediático. Sin embargo, el salto de calidad para que este dispositivo deje de conducir la producción de sentido y definir el estatuto de lo real en términos de representación social es todavía una asignatura pendiente, un enigma sin resolución.

Luego de más de cuatro años destinados a desmontar el andamiaje judicial armado por el Grupo Clarín y ponerlo en caja con la fuerza de la movilización y las acciones del Gobierno, ahora el desafío es facilitar a estos actores su integración como protagonistas del nuevo mapa de medios. Para ello, la LSCA faculta al Poder Ejecutivo Nacional (artículo 153) a instrumentar políticas públicas estratégicas destinadas a fortalecer el desarrollo sostenible del sector audiovisual. Es decir, promover acciones con el fin de que las expresiones de la multiplicidad muestren un equilibrio entre desempeño técnico y contenidos, tópicos decisivos para que la comunicación popular pueda disputar sentido y audiencia desde parámetros de calidad con lenguajes y formatos que refuercen lazos identitarios locales y nacionales.

Los concursos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) auspiciados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios son, por cierto, una referencia para la construcción del modelo inspirado en la pluralidad de voces. Estas iniciativas permitieron la edición de cientos de horas que alimentaron el Banco de Contenidos Audiovisuales (Bacua), a disposición de las emisoras de todo el país. Lo mismo sucede con las promociones del Centro de Producción e Investigación Audiovisual (Cepia) de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Sin contraponer las líneas de fomento mencionadas –y en la continuidad de esa experiencia, de la que también es tributaria la Televisión Digital Terrestre–, ya es tiempo, a nuestro entender, de implementar políticas formuladas desde la perspectiva de la comunicación como servicio público orientadas a fortalecer las capacidades de las empresas de comunicación de gestión privada sin fines de lucro (sector al que la ley reserva un 33 por ciento del espectro radioeléctrico) para que, junto a las expresiones de los pueblos originarios y las micro y pequeñas empresas de arraigo local, vinculen producción de contenidos con pantalla, atendiendo a los intereses de las comunidades de origen.

La idea central es poner en vigencia lo que la LSCA establece para que los argentinos más alejados de los grandes centros urbanos dejen de ser meros consumidores de contenidos producidos por el dispositivo tecnomediático desde el centralismo porteño. Así se trata de hacer efectiva la federalización de la producción de contenidos sobre la base de una capacidad de gestión que contemple los distintos planos involucrados en el desafío de hacer sostenible una comunicación popular y democrática de calidad, producida, además, por trabajadores encuadrados dentro de la legislación laboral.

En tal caso, un nuevo paradigma comunicacional que refleje la diversidad cultural de la Argentina requiere de criterios de financiamiento que “desacoplen” la producción de contenidos de la dinámica comercial asentada en la pauta publicitaria.

Definir, por tanto, la arquitectura institucional y la estructura de financiamiento que coadyuven a la sostenibilidad del sistema plantea la necesidad de un debate tan importante como lo fue el de la propia ley. El objetivo: identificar propuestas innovativas que combinen distintas fuentes de fomento y sostén existentes con otras que, incluso, pueden contemplar el aporte del sector privado.

Una palabra acerca de la arquitectura institucional del sistema. El activismo del Estado para hacer posible y visibilizar los relatos que reflejen a nuestra sociedad en su complejidad y diferencias debe considerar la existencia de una plataforma con facultades para desarrollar la comunicación pública no estatal.

Obviamente, capacidad de gestión y compromiso con las ideas fundantes de la LSCA son factores decisivos para alentar un nueva industria cultural que permita la creación de empleo y el fortalecimiento de la cultura e identidades regionales.

* Integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática.

Por María Graciela Rodríguez *

Las vigilancias paralelas

Se traslada por el barrio en bicicleta, en bermudas y una remera todoterreno, vestimenta apta para trabajar la tierra. En el portaequipajes de la bici lleva una bordeadora y otros implementos de jardinería. Se dedica a hacer mantenimiento de jardines y patios. Ayer llegó un poco más temprano a una casa y se sentó a esperar que se hiciera la hora en un escaloncito del kiosco que baja su persiana a la hora de la siesta. Un/a vecino/a lo vio (¿espiaba detrás de la cortina entreabierta?) y llamó a un agente de la Policía Federal que siempre está por ahí (¿adónde lo llamó?, ¿a su celular?). El policía encaró de muy mal modo al jardinero, que respondió explicando su condición de trabajador.

El incidente no pasó a mayores a pesar de haber sido claramente un mal trago (indignante, por decir poco) para el que se traslada en bicicleta a las locaciones de su trabajo. Lo preocupante es la situación: alguien vigila desde su casa, sospecha de un ciudadano sólo por su aspecto, y entonces da el aviso al brazo represivo. Sí, ése al que le pagamos todos. Resuena un cierto “aire de familia” entre la situación descripta y las lettres de cachet del Antiguo Régimen. No es que se trate de lo mismo, obviamente, son sociedades con distintos sistemas penales, diferentes relaciones de poder y de definiciones de sujetos. Pero “algo” late con el mismo ritmo.

Las lettres de cachet eran una especie de carta sellada que el rey dirigía al Parlamento para que los funcionarios correspondientes ejecutaran sus órdenes sin dilación ni discusión. En un primer momento tenían la función de registrar los edictos reales; más tarde el sentido se fue reconvirtiendo y pasó a ser una orden real que privaba a alguien de su libertad (por destierro o encarcelamiento). Con el paso del tiempo, las familias nobles comenzaron a realizar peticiones al rey para que castigara a sus enemigos, y ya en el siglo XVIII el procedimiento se había extendido al resto de los estamentos sociales. Tanto es así que los secretarios de Estado solían tener cientos de cartas en blanco firmadas por el monarca, de modo que, cuando la ocasión exigía celeridad, sólo necesitaban llenar la orden vacía y actuar.

Para distinguirlas de las lettres reales, a las peticiones de los particulares se las llamaba petit cachet, las cuales terminaron siendo modalidades acusatorias habituales. En 1758, por ejemplo, la mujer de un albañil obtuvo una lettre de cachet contra su esposo, aduciendo que “vuelve a casa a altas horas de la noche completamente desnudo, sin sombrero, sin ropa e incluso sin zapatos, por haberlos dejado como pago en la taberna”. Y se sabe que el propio Voltaire, quien luego fuera a su vez encarcelado por motivos políticos a raíz de una lettre real, solicitó una petit cachet contra una mujer que según él tenía escandalizado al vecindario. Lo cierto es que las personas que recibían esas cartas no eran juzgadas, sino que se las enviaba directamente a una prisión o a un manicomio. Fueron abolidas por la Asamblea en marzo de 1790.

Michel Foucault trabaja estos mecanismos en La verdad y las formas jurídicas para dar cuenta de los cambios en la sociedad y en sus sistemas penales en el pasaje de la edad clásica a la moderna. Y sostiene que esas peticiones pueden entenderse como formas paralelas de vigilancia, dado que son prácticas de algún modo “espontáneas” llevadas a cabo por un grupo de personas que se dan a sí mismas la tarea de vigilar y mantener el orden. No obstante, Foucault no estudia los sistemas penales en sí mismos, sino como elemento que le permite dar cuenta de transformaciones en el conjunto de la configuración social: cambios en el régimen de visibilidad y de mirada, en el castigo, en el control y la vigilancia. Señala entonces que estos regímenes no deben ser entendidos simplemente como parte de los sistemas penales, sino que repercuten también en la formación de subjetividades porque el régimen de mirada está in-corporado a la vida cotidiana. De hecho, el jardinero que fue objeto de esta vigilancia paralela contemporánea decía: “¿Tengo pinta de delincuente yo? ¿No me vio con la bordeadora?”, asumiendo así que, de haber tenido pinta de “pibe chorro”, se hubiera justificado el “aviso” al agente federal.

Policías, vecinos y ciudadanos, todos caemos en “la trampa de la visibilidad”, como decía Foucault. Y lo cierto es que parecería que, a pesar de presentarse con nuevos ropajes, las lettres de cachet mantienen una sorprendente vigencia.

* Doctora en Ciencias Sociales, Idaes-Unsam / FsocUBA.