El cambio en el sistema de judicial podría ser enorme si el Congreso aprueba las propuestas de reforma que anunció Cristina Kirchner como parte de su plan para lograr lo que llamó una “justicia legítima, democrática y ágil”. La Presidenta anunció un paquete de seis proyectos de ley, entre los cuales el que más sorpresa causó en la platea es el que apuesta a transformar el Consejo de la Magistratura, con un evidente recorte de poder a las corporaciones de jueces y abogados: se eleva la composición de 13 a 19 miembros, de los cuales seis serán académicos y científicos de distintas disciplinas, o sea, no exclusivamente del ámbito del Derecho; para elegir y acusar jueces hará falta mayoría absoluta (la mitad más uno) del total de cuerpo, mientras que ahora se requiere dos tercios de los presentes; los consejeros serán elegidos por voto popular en las próximas elecciones. Los otros cambios que se avecinan son la creación de tres nuevas Cámaras de Casación, la limitación de las medidas cautelares contra el Estado, la creación de un registro público de causas, la implementación del ingreso por examen al Poder Judicial y la publicidad obligatoria de las declaraciones juradas de bienes para los tres poderes.

Hubo jueces y fiscales haciendo una cola de más de una cuadra en la puerta de la Casa Rosada durante casi dos horas para entrar al acto. En las butacas se vio mayoría casi total de legisladores oficialistas y en las primeras filas dos referentes de “Justicia Legítima”: la procuradora Alejandra Gils Carbó y la Defensora General Stella Maris Martínez. Había madres de Plaza de Mayo, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, y muy cerca el titular de la tradicional Asociación de Magistrados, Luis Cabral, entidad que anticipó críticas a la reforma. La Presidenta entró al escenario con un sonriente Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, y con el ministro de Justicia, Julio Alak. Se proyectó un spot que sintetizaba los proyectos. Entrarán algunos por el Senado, otros por Diputados.

Revolución en el Consejo

Los cambios impulsados en el Consejo de la Magistratura son enormes y según definió Cristina Kirchner pretenden darle una “mayor participación a la ciudadanía” contra el “corporativismo”. Hoy el cuerpo, con 13 consejeros, está casi paralizado: un bloque opositor de cinco integrantes, donde manda el radicalismo, bloquea las grandes decisiones, como la acusación y selección de jueces, que requieren los votos de los tercios de los presentes. Actualmente el Consejo tiene: seis legisladores (cuatro del oficialismo, dos de la minoría), un delegado del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico. Esa integración surgió de una ley impulsada por la propia presidenta cuando era senadora. Según el proyecto anunciado ayer, si se aprueba el nuevo esquema habrá cinco académicos o científicos más y se sumará otra abogado.

    Serán elegidos por voto popular los jueces, abogados y académicos/científicos. Con espíritu “interdisciplinario”, entre estos últimos podrá haber desde médicos, psicólogos, economistas, ingenieros u otras disciplinas. Se postularán, si la ley llega a tiempo, en las próximas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esas listas serán elegidas en todo el país. “Esto no es politización de la justicia”, aclaró la mandataria.

    Los mandatos de los consejeros actuales vencen en noviembre de 2014. La Presidenta dijo que seguirán en funciones hasta entonces. De ese modo, si los nuevos consejeros se eligen este año habrá un Consejo de transición de 25 miembros, hasta quedar en 19.

    Para las grandes decisiones hará falta mayoría absoluta (la mitad más uno) de todos los integrantes del cuerpo. Será de diez votos cuando los consejeros sean 19. La proporción es menor a los dos tercios requeridos actualmente, lo que podría oxigenar la posición del oficialismo en algunos debates.

    Las proporciones serán así: habrá cuatro académicos por el partido mayoritario y dos por la minoría; dos abogados por la mayoría y uno por la minoría, y los jueces también serán dos por la mayoría y uno por la minoría.

    El evidente recorte de poder a las corporaciones se verá también en los concursos, donde los jueces ya no integrarán los jurados. Sólo serán docentes de universidades públicas. A la hora de evaluar los antecedentes de los postulantes habrá una “mecánica de igualdad”. Venir de un cargo judicial no sumará puntos. Cualquier abogado de la matrícula que reúna condiciones podrá ser juez. No podrán ser jueces quienes hayan ocupado cargos en el Poder Judicial durante la última dictadura cívicomilitar.

    Para evitar el problema de los juzgados vacantes se realizará un “concurso previo”. Habrá concursos periódicamente por fuero e instancias de donde surgirá un orden de mérito de nombres disponibles de donde irán surgiendo ternas a medida que se produzcan vacantes. No se esperará que haya vacantes para llamar a concurso.

Habrá tres nuevas cámaras de Casación. Ahora sólo hay en el fuero penal. Se sumarán una en lo Contencioso Administrativo, otra en lo Civil y Comercial y otro de Trabajo y Seguridad Social. La Presidenta dijo que esto busca “descomprimir la tramitación de causas” en la Corte, acercarla al modelo de la Corte norteamericana que tramita unos 90 expedientes al año, y “unificar la jurisprudencia”. Sostiene que es para agilizar, aunque esto genera dudas en varios sectores de tribunales.

Cautelares

La modificación apunta a las medidas cautelares que tramitan contra el Estado y sus entes descentralizados.

    Esas medidas provisorias tendrán un máximo de vigencia de seis meses “como plazo razonable” y luego el juez tendrá que dictar la sentencia de fondo, según anunció la Presidenta. El objetivo es evitar que se sigan usando las cautelares para impedir la aplicación de leyes y decretos.

    No puede haber medidas cautelares de efecto patrimonial para el Estado, porque se parte de la base de que nunca es insolvente, siempre podrá responder. Se podrán dictar en casos en que el perjuicio no sea reparable “cuando estén en juego la vida, la salud o los derechos alimentarios, pero no en cuestiones patrimoniales”, dijo la jefa de Estado.

    Además, hasta ahora no era obligatorio que el Estado fuera notificado ante una medida cautelar, pero con la nueva ley sería obligatorio. “Estamos enterándonos de medidas cautelares que estaban hacía años presentadas por distintos grupos de acuerdo a sus intereses”, dijo Cristina, más allá de la ley de medios. Y señaló los casos en que son resueltas por jueces subrogantes que luego se apartan del caso en sintonía con estudios jurídicos que hacen negocios.

Patrimonio

Uno de los proyectos es de “publicidad y acceso directo” a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios de los tres poderes. Hoy el procedimiento es un tramiterío kafkiano, donde incluso se exige justificación. Todo apunta a que cualquier ciudadano pueda consultar vía internet la declaración patrimonial de jueces, fiscales, defensores, funcionarios del Ejecutivo y legisladores por igual, pero también la de quienes se postulan como candidatos, aún antes de ocupar cargos electivos. Todos ellos tendrán la obligación de publicar su declaración jurada en forma directa.

Ingreso democrático

El ingreso “democrático”, por concurso, para ser empleado del Poder Judicial, desde el escalafón más bajo, quedaría establecido por ley. Se tomará un examen de conocimientos básicos y se conformará una nómina de “ingresantes” y entre ellos se hará un sorteo junto a través de Lotería Nacional. “Hay muchos chicos que se reciben pero si no tienen un pariente o amigo no entran ni disfrazados de mono”, se rió la Presidenta. También habrá concursos para los cargos de secretario y prosecretario letrado, “que no pueden ser propiedad del juez”.

Registro de causas

Los jueces de todas las instancias estarán obligados por ley a publicar el ingreso de causas, los números de expedientes y estado procesal de los expedientes “y que cuando salga la sentencia no sea un delivery judicial” o para “la agenda mediática”. Será una base de datos de libre acceso.