El anteproyecto de modificación de la Ley General de Vinos Nº 14.878, después de 53 años, ya está en manos del Ministerio de Agricultura para ser enviado como iniciativa del Ejecutivo al Congreso nacional. La Academia Argentina de la Vid y del Vino, en tanto, se pronunció a favor de un análisis más detenido de la reforma y de un debate participativo antes de su tratamiento parlamentario.

“Es una norma fundamental cuya actualización requiere un profundo estudio a fin de preservar su objetivo de garantizar la genuinidad del vino, adecuándola a los avances tecnológicos y nuevas circunstancias de la actividad”, dice un documento de la entidad. Para la Academia es una “oportunidad histórica” de iniciar un análisis pormenorizado “convocando a distintos especialistas para lograr un texto coherente y riguroso”.

El ex titular de la OIV, Félix Aguinaga; Carlos Catania (INTA);  los enólogos Rodolfo Griguol (La Riojana), Roberto González (Nieto Senetiner), Carlos Tizio (Clos de los Siete), la subgerente de Asuntos Técnicos Internacionales del INV, Cristina Pandolfi, y el gerente de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina, son parte de los miembros de la asociación sin fines de lucro que promueve la investigación de la ciencia vitivinícola.

“Una revisión integral mediante un esquema participativo para arribar a consensos”, propone el escrito, que alude a la necesidad de “un proceso democrático y calificado” previo a que el proyecto vaya a Diputados y Senadores. Genera preocupación que ese debate, de por sí complejo, termine en el Congreso, donde “difícilmente pueda darse”, dicen.

Para los académicos, la elaboración del PEVI (Plan Estratégico Vitivinícola) es un ejemplo de madurez en la discusión. “Es algo profundo que no se resuelve en una reunión con el Comité Técnico Asesor del IN. Se necesitan especialistas que trabajen para darle la jerarquía que merece. Para llegar a un modelo exitoso el Pevi llevó años, mientras esta reforma se planteó a inicios de 2012. Hay que revisar todo, caso contrario sería caer en lo coyuntural”, resume el presidente de la Academia, Aurelio Sesto.

Los ejes de la discusión

Cabe recordar que a comienzos de año ya se hablaba de algunos de los puntos en los que el INV pretende hacer hincapié al modificar la 14.878. Los principales: limitar la implantación de uvas “tintoreras” (Aspirant y Alicant Bouschet), las sanciones por clausuras que van de 10 días a 5 años y la ampliación de la competencia del Instituto a otras bebidas como  el vermouth (hasta ahora del Instituto de Alimentos), aunque en este caso el Instituto da por hecho el traspaso antes de la reforma. Además, mientras por un lado se abre la posibilidad de endurecer sanciones, por el otro, la idea de liberar al consumo productos decomisados es un aspecto controversial, por considerar que su origen (adulteración) lo vuelve contradictorio.

Haber participado durante un año de la elaboración del PEVI da al experto en legislación vitivinícola, Edgardo Díaz Araujo, un criterio calificado. “La ampliación del  rol del INV resulta positiva, siempre que se analice cada artículo para determinar qué se justifica o no cambiar. Por caso, limitar la plantación de alguna variedad y no su uso representa un problema de técnica legislativa”.

Para quienes están en la industria, como Roberto González, gerente de Nieto Senetiner, la reforma no debe limitarse. “Muchas resoluciones cambiaron la ley original y los aspectos a modificar son numerosos pero plantear una nueva ley desde la eliminación de las tintoreras es poco serio. Deben relevarse de la cadena de valor entre el productor y el consumidor sin perder la nueva imagen del vino en los mercados”, dice el profesional que cita como ejemplos: estimular el uso de nuevas variedades o tecnologías como la desalcoholización, ósmosis inversa y recuperación de aromas, “para así promover la elaboración de vinos modernos de menor graduación alcohólica  y no forzar alcanzar el grado del año”.

Por su parte, tras admitir la necesidad de ampliar el debate, el responsable del área jurídica del INV, Gabriel Bertranou, confirmó que el proyecto que tiene Agricultura ya incluye observaciones de la industria y que, a la hora de tratarlo en el Congreso, el texto “contempla distintas posturas, como el control de implantación y de su destino e, inclusive, decidir por vía de resoluciones".