Si el Gobierno no tiene ninguna urgencia legislativa como para convocar a sesiones extraordinarias, el año parlamentario para diputados y senadores terminará en noviembre. En la Cámara baja, el oficialismo busca acordar con la oposición dos sesiones en lo que queda del mes para aprobar un cúmulo de proyectos sin disidencias ni observaciones, en la que los legisladores trabajaron a lo largo del año y donde el kirchnerismo tiene concentrado su esfuerzo en apenas un puñado de objetivos: la aprobación de la nueva ley de mercado de capitales que el Gobierno envió al Congreso, la reforma al Código Penal que obliga a los condenados por abuso sexual seguido de muerte a cumplir con la totalidad de sus sentencias, y la creación de un registro nacional de datos genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual. Después de extender las audiencias públicas a todo el país, la Comisión Bicameral creada para la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial tampoco lograría emitir un dictamen antes de fin de mes, cuando vence el período de sesiones ordinarias, y su tratamiento se postergaría hasta marzo del año próximo. El miércoles 21 el kirchnerismo llevará al recinto de una u otra forma el proyecto del Gobierno para el mercado de capitales, con el objetivo de que el Senado pueda transformarlo en ley el jueves 29, en lo que sería la última sesión del año de la Cámara alta. La iniciativa termina con la autoregulación del mercado y propone un mayor control estatal a través de la Comisión Nacional de Valores, con el propósito de capitalizar la capacidad de ahorro de ciudadanos y empresas privadas para financiar proyectos productivos. El proyecto tiene el respaldo de sectores de la oposición: el radicalismo, el Frente Amplio Progresista y la Coalición Cívica firmaron con algunas disidencias parciales el dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo, que entre otras cosas también elimina el secreto bursátil a la AFIP, la UIF y el BCRA.

Si no hay inconvenientes para tratar este proyecto, el kirchnerismo buscará convocar a una sesión ordinaria con un temario acordado con el resto de las bancadas opositoras. Allí se incluirían muchos de los proyectos, de todos los bloques políticos, que alcanzaron un importante nivel de consenso durante el trabajo en las comisiones legislativas pero que no lograron llegar al recinto para su aprobación. Hoy está previsto un intento de avanzar hacia una sesión acordada, cuyo temario podría sellarse en una reunión de labor parlamentaria y hasta, si es necesario, desdoblarlo con la última sesión del año, que sería el miércoles 28, para no hacer una única convocatoria maratónica. Si los acuerdos no logran prosperar, el kirchnerismo volverá a pedir una sesión especial con sus propias iniciativas.

Las otras prioridades del oficialismo también cuentan con respaldo opositor. Los dos temas están vinculados a los delitos contra la integridad sexual. Uno de ellos es un proyecto aprobado en Diputados que elimina la posibilidad de salidas transitorias a quienes hayan cometido violaciones seguidas de muerte, pero que el Senado devolvió a la Cámara baja con modificaciones en la sesión del miércoles pasado. Los senadores creyeron interpretar la voluntad de los diputados, pero observaron lo que consideraron un error involuntario y ampliaron las restricciones para que tampoco puedan acceder a la libertad condicional como hasta ahora estipula el Código Penal. El proyecto aprobado por el Senado propone que las personas que estén condenadas por ese tipo de delitos deban cumplir la totalidad de la sentencia con que fueron sancionados.

Para resolver el problema, la Comisión de Legislación Penal de Diputados fue convocada para mañana, cuando buscará dar dictamen a ese tema y también a otro asunto que llega desde la Cámara alta: la creación de un registro nacional de ADN para violadores. El debate sobre el aumento de los casos de femicidio y la reiteración delictiva de los violadores ha sido una preocupación constante de los legisladores y quieren que al menos estos dos temas tengan resolución parlamentaria este mismo año.

Lo que no tendrá la misma suerte es la aprobación de los nuevos textos y la unificación de los códigos Civil y Comercial. El proyecto elaborado por juristas de todas las tendencias políticas, con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a la cabeza, fue revisado por el Ejecutivo y enviado al Congreso, donde una comisión bicameral –quince diputados e igual cantidad de senadores– disponía de 90 días para emitir dictamen y aprobarlo por ambas cámaras legislativas. Pero los tiempos no alcanzaron.

El debate legislativo comenzó con dos audiencias públicas en el Congreso, aunque rápidamente comenzaron a llegar pedidos de distintas provincias para participar en la discusión sobre las normas que regirán la vida cotidiana de los argentinos. Se establecieron audiencias en Tucumán, Rosario, La Plata, Neuquén, Corrientes y Córdoba, y luego se extendieron a Bahía Blanca, La Pampa, San Luis y La Matanza. El viernes pasado, parte de la bicameral viajó a Ushuaia, donde también se debatió.

Las más de mil ponencias recogidas en las audiencias públicas realizadas en todo el país, con acuerdos y reclamos de modificación a muchos de los artículos del futuro código unificado complicaron más aún la discusión al interior de la Bicameral, que no ha podido avanzar más allá de los primeros capítulos de la reforma. “Cada vez que logramos alguna coincidencia, aparecen otras observaciones y planteos. Necesitamos madurar el debate”, dijo uno de los integrantes de la Bicameral a Página/12.

Desde todas las bancadas reconocen que será imposible emitir dictamen antes de fin de mes, cuando termina el período ordinario del Congreso. Tampoco habrá coincidencia en todos los aspectos y habrá más de un dictamen. El oficialismo busca consensuar cada modificación con el Ejecutivo, mientras que al resto de los bloques opositores también se le hace difícil lograr consenso interno. Hasta ahora, desde el Gobierno no hubo señales de apurar una discusión que se reconoce compleja, por lo que el debate quedaría postergado hasta marzo del año próximo, en medio de un año electoral que tampoco facilitaría las cosas.