Uno - Jueves 19 de setiembre de 2013
La UNCuyo lanzará una maestría destinada a agentes públicos del ámbito de la salud, jurídico y educativo que les permitirá conocer cómo funciona la ley y cuáles son las responsabilidades.
La UNCuyo educará a los agentes públicos (del ámbito de la salud, jurídico y educativo) para que sepan cómo funciona la ley y cuáles son las responsabilidades para garantizarles derechos a las mujeres.
La maestría, que se llamará “Estudios de la mujer, género y feministas, enfocada en políticas públicas”, se lanzará en 2014, cuenta con un convenio entre la casa de estudios local y otras de España, y espera su aprobación de la Coneau.
Además de brindar herramientas para que los agentes públicos sepan cómo proteger a las mujeres, la especialización surgirá para evitar que “una ley integral para sancionar la violencia de género retroceda porque es desconocida”, explicó Rosana Rodríguez, doctora en investigaciones feministas y quien representa a la casa de estudios local en el proyecto de género y ciudadanía Gendercit, por el cual instituciones de la Unión Europea y de Latinoamérica intercambiarán investigaciones sobre la problemática, y del que surgió la futura maestría.
En una jornada polémica porque la Justicia local dio lugar a un recurso de amparo presentado por el colectivo Mujeres Cotidianas y apuró al Gobierno local a resolver el protocolo para que en los casos que establece el Código Penal el aborto sea garantizado en los hospitales, feministas coincidieron en que situaciones como estas de leyes no aplicadas implican un retroceso y una revictimización institucional. “Tenemos un marco legal que avanza en derechos para las mujeres. Pero no alcanza porque no están acompañadas de políticas públicas que garanticen la ley en los hechos”, dijo Rodríguez.
La iniciativa de cooperación internacional Gendercit se presentó en la Legislatura provincial y fue declarada de interés. Allí, María Carmen Monreal (directora general del proyecto y quien está a cargo de las cátedras de género de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla) añadió que la educación de la ciudadanía es vital para igualar: “Si no sabes lo que es la desigualdad de género, no puedes actuar correctamente como agente del Estado”.
“La mujer es un lujo”
Según Monreal –estuvo acompañada por Mercedes Cuevas (de la Universidad de Granada y representante del Centro Unesco de Ceuta)–, “la proporción de violencia es enorme en comparación con el desarrollo de los países” y contó que, tanto en España como en la Argentina, “hay una cierta aceptación de la misma. Lo bueno es que antes era un problema privado y ahora es un problema público, se sabe que hay que erradicarla”.
Sobre el diagnóstico de la igualdad entre hombres y mujeres, la licenciada en Filosofía y Letras y psicóloga Monreal opinó que “no es un camino siempre hacia delante. En España se avanzó en protección integral e incluso el aborto, pero ahora los jueces y el gobierno quieren cambiar el enfoque de esta ley y entonces perderemos el sendero ganado”.
La especialista española en género consideró que en épocas de recesión económica, como la que se vive en su país, “la mujer es considerada un lujo, los temas de género no son prioritarios. Una de las primeras cosas que se recortaron fueron las ayudas a cuidadoras y amas de casa”.
“El aborto es un hábeas corpus”
La discusión sobre el aborto es de larga data y en el último tiempo las agrupaciones que luchan por la igualdad de derechos entre géneros intentaron que el Estado provincial lo garantizara, al menos, en las situaciones que estipula el Código Penal (violación, riesgo de vida, demencia).
El caso de la chica acusada de matar a su beba después de parirla en el baño de la casa reavivó el debate sobre hasta qué punto las mujeres pueden elegir.
“Este hecho da cuenta de las dificultades que tenemos las mujeres para decidir sobre nuestra capacidad reproductiva. El aborto es un tema de ciudadanía, el hábeas corpus de las mujeres, porque al no legislar el Estado elimina la posibilidad de una vida en libertad: si no pueden optar con autonomía por la interrupción del embarazo cuando no lo desean y deben ejercer una maternidad forzada, se las condena a perpetuidad”, señaló Rosana Rodríguez.
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