Los Andes - Martes 2 de octubre de 2012
La Asociación de Magistrados planteó en la Legislatura que podría haber incompatibilidad con la ley de Contabilidad.
Finalmente llegó una objeción fuerte al proyecto de autarquía judicial que impulsa el Poder Ejecutivo. Y la observación llegó desde la Asociación de Magistrados, desde donde se puso el énfasis en la Ley de Contabilidad de la provincia, más precisamente en el artículo 16, en el que se prohíbe contraer compromisos sobre créditos que estén condicionados.
Ayer legisladores de ambas cámaras de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado y Diputados esperaban a los tres enviados de la entidad que nuclea a los jueces mendocinos.
Dos de ellos, el camarista civil Gustavo Colotto y el juez tributario Luis Rojas, son parte de la conducción de la asociación; la tercera es la jueza tributaria Gabriela Ábalos, una estudiosa del tema autarquía. De hecho, la tesis de su maestría en Derecho se refiere a ese tema.
Y fue Ábalos la que puso de relieve el problema legal. No fue un reto, ni siquiera una amenaza, incluso hasta dijo que la redacción había tenido algún cuidado en salvar esta cuestión, pero el tema está ahí.
¿Cuál es el reparo? En el artículo 3 del proyecto que remitió Francisco Pérez a la Legislatura se indica que el Poder Judicial contará con el “equivalente” al 7,90% de lo que se recaude por Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor, así como también de lo que venga de la Nación en concepto de coparticipación.
El problema es que el artículo 16 de la ley 3.799 (de Contabilidad) indica que “no podrán contraerse compromisos cuando el uso de los créditos esté condicionado a la existencia de recursos especiales, sino en la medida de su realización, salvo que por su naturaleza se tenga la certeza de la realización del recurso dentro del ejercicio”.
Es casi una cuestión semántica, dado que el presupuesto es una previsión de gastos hecha sobre supuestos. En el texto del proyecto de ley sí se podría poner un porcentaje de la pauta de gastos del Estado, pero no se podría poner un porcentaje de recursos de los que no se tiene certeza de que serán recaudados.
La palabra “equivalente” parece ser la forma que eligieron en el Ejecutivo de salvar este límite que fija la Ley de Contabilidad mendocina. Es más, la propia Ábalos lo señaló en la reunión y hubo algunas risas entre los presentes.
-Usted dijo que está salvada la incompatibilidad con la Ley de Contabilidad. Pero, si alguien quisiera poner escollos a la autarquía, una eventual demanda por este tema: ¿podría tener color?- consultó Los Andes.
-Sí, lo tendría- respondió Ábalos.
El resto de la reunión versó sobre cuestiones que ya se vienen hablando: el debate acerca de la Justicia que se quiere y el costo que esa Justicia tendría para todos los mendocinos, costo que debería exceder el mero pago de sueldos de los magistrados, sino incluir proyectos a largo plazo de lo que debería ser el Poder Judicial y la implementación de nuevos institutos y herramientas para la administración de justicia; como el nuevo Código Procesal Penal (que ya tiene varios años de sancionado, pero todavía no rige en toda la provincia) y la Policía Judicial entre otros.
Del otro lado, las necesidades presupuestarias, la escasez de recursos y una idea (la de la autarquía) que siempre aparece cuando las cuentas aprietan. Así fue con Roberto Iglesias (quien también agitó un proyecto similar) y así es ahora.
Los motivos son distintos: en aquellos años era por la actualización salarial de los magistrados (quienes se cuentan entre los funcionarios que más cobran en la Administración pública mendocina, junto con algunos médicos); hoy fueron las interminables paritarias con los trabajadores judiciales.
En ambos casos, la idea era y es tirarle al Poder Judicial sus recursos y que sean ellos los que se arreglen con lo que tienen previsto por ley.
Y más allá de que los legisladores juran que quieren garantizar los recursos para el funcionamiento mínimo, queda claro que no hay certezas porque, como dijo el senador radical Sergio Moralejo “es un pre-supuesto y el análisis debe ser bajo esa óptica. El presupuesto mínimo es la expectativa respecto de lo gastado en años anteriores, pero no hay certeza”, dijo para luego recordar los vaivenes de la economía argentina, que cíclicamente suele llevarnos a visitar el terreno de la crisis.
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