Desde esta semana, los hombres y mujeres que tengan entre 50 y 65 años de edad y que no tengan trabajo podrán acceder a lo que el Ejecutivo denomina "acceso al derecho a la alimentación". Lo harán a través de la Tarjeta Ticket (ex Vale Más), la cual le permitirá al adulto en situación de vulnerabilidad (sin trabajo ni ningún tipo de ayuda social) la posibilidad de comprar productos en comercios acreditados por el Estado provincial.

Así lo anunció ayer el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Elizalde, tras firmar una nueva resolución que aborda dos programas vinculados a la Promoción del Derecho a la Alimentación. A partir de ahora, el desafío es implementarlo ágilmente, con los referentes del área social y de salud de todos los municipios.

"Somos únicos en el país en implementar este plan. Vemos que hay gente que no recibe la Asignación Universal por Hijo porque estos ya son grandes, y no tienen trabajo, pero tampoco llegan a una edad para jubilarse y recibir una pensión", explicó Elizalde a El Sol.

Aún no se calcula cuántos serán los beneficiarios de este nuevo programa social alimentario, pero desde el Gobierno aseguran que "la demanda cada vez es mayor desde los municipios. Queremos responder a ese sector con una ayuda que alivie la situación de vulnerabilidad", indicó el funcionario, quien para ese fin destinará unos 47 millones de pesos.

Actualmente, hay cerca de 20 mil mendocinos que reciben 120 pesos mensuales para consumir productos en los almacenes acreditados por el Ejecutivo.

Desde Desarrollo Social aseguran que, a partir de ahora, la asistencia alimentaria se llamará Tarjeta de Derecho y aseguran que tendrá un fuerte impacto en aquellas familias más vulneradas. El valor de la tarjeta será de 120 pesos mensuales, y el Estado le depositará en el banco ese monto al inscripto para que invierta solamente en comida.

Para los chicos fuera de su peso. La nueva resolución también incorporará a otro sector social: los niños menores de 6 años que presentan problemas de sobrepreso u obesidad. En este caso, los pequeños se incorporan al programa Nutrifamilia, y el valor de la ayuda oscila entre 150 pesos y 190 pesos, según la cantidad de hijos del grupo familiar.

Una vez que está inscripto el niño, la nutricionista del centro de salud de cada departamento es la que recomendará un menú saludable y, con eso, la familia deberá elegir productos determinados que le ayuden a mantener la línea.

"Después de las últimas estadísticas del 2012 que hicimos junto a la Universidad Maza, nos enteramos de que, de cada 10 chicos, 3 tenían problemas de peso y nos parecía importante incorporar esta problemática, que ya es un fenómeno mundial", dijo Elizalde.

Por su parte, la directora de Promoción al Derecho a la Alimentación, Noemí Massolo, dijo: "En Mendoza, los índices de desnutrición son mucho más bajos respecto de la mala nutrición. Hoy, todos se alimentan, pero mal. Se come mucho hidrato de carbono y azúcares. El problema no es cambiar el hábito del chico, sino el de la familia".

El derecho a alimentarse. Desde la Dirección de Promoción del Derecho a la Alimentación se articula una política alimentaria integral que prevé acciones de superación de las deficiencias alimentarias presentes y futuras. Las tareas que se realizan por medio de los distintos programas apuntan al desarrollo de la capacidad de gestión en el ámbito público, que promuevan y fortalezcan los vínculos familiares y comunitarios, para ofrecer perspectivas de mejoramiento de la calidad de vida. Los principales programas en funcionamiento son: Apoyo al Celíaco, Nutrifamilia, Comer Juntos y Tarjeta Ticket. A esto se suma el Programa de Alimentación Saludable en las escuelas, que beneficia a 220 mil niños.

Según estimó Massolo, el Estado provincial está cubriendo, actualmente, a poco más de 35% de la población en situación de vulnerabilidad y que tiene derecho a alimentarse. "Faltan muchas cosas para seguir creciendo, pero hemos ido avanzando, porque hay una serie de políticas que se ensamblan para ayudar de uno u otro modo a los sectores más humildes", dijo.

De hecho, una de las falencias más fuertes del programa alimentario es la extensa demora para habilitar las tarjetas Ticket a quienes se inscriben para acceder al beneficio.

Quejas por la fuerte demora en dar el alta a las Tarjetas Ticket

Hasta un año puede llegar a demorar la llegada a un municipio de la Tarjeta Ticket (ex Vale Más) para las personas que se inscriben para recibir ese beneficio del Estado.

La extensa espera fue una de las principales quejas por parte de las comunas que asistieron ayer a la presentación de la actualización del Sistema de Promoción al Derecho de la Alimentación de los programas Nutrifamilia y Derecho Alimentario.

El encuentro estuvo dirigido a directores del área de Desarrollo Social de todos los municipios y directores de las áreas sanitarias, y sirvió para que los referentes de estas dependencias de cada comuna vertieran sus dudas, inquietudes y consultas a los funcionarios provinciales sobre el panorama de asistencia
social alimentaria.

Patricia Videla y Lidia Rizzato, del área Social de Luján de Cuyo, aseguraron a El Sol, respecto de los atrasos: "Se demora nueve meses y hasta un año, a veces, por lo tanto, mucha gente se cansa de esperar y ya no viene a buscar lo que les corresponde. Entonces, ese beneficio se pierde".

En esa línea, una nutricionista de Guaymallén dijo: "Es una verdadera lástima que haya tanta burocracia, porque se hacen muchos esfuerzos para lograr este beneficio y luego se desperdicia. Ojalá ahora se agilicen los tiempos".
Según explican los municipales, en la mayoría de los departamentos, las poblaciones más humildes viven mayor "movilidad social", es decir, más cambios de domicilio, debido a su precariedad laboral y social. Por tanto, los obliga a ir cambiando de un domicilio a otro, según el ingreso que perciban. Si bien el Estado provee de un bolsón de comida quincenal o mensual hasta que llegue la mentada tarjeta, las expertas en el área aseguran que esa ayuda "no basta".
La directora de Promoción al Derecho de la Alimentación, Noemí Massolo, admitió ayer la dificultad que existe actualmente, debido a la cantidad de fichas que el beneficiario debe llenar antes de recibir la tarjeta, además del cruce de datos municipales, nacionales y provinciales que hace el Ejecutivo para corroborar que quien pide la ayuda realmente la necesita.

Justamente, sobre este asunto, Massolo hizo hincapié para tranquilizar a los municipios y anunció que, con la nueva resolución, "habrá una modificación en el área administrativa de este ministerio para acelerar los trámites para dar el alta, así no hay tantos meses de espera".
Como contrapartida, la funcionaria aclaró que, en cuanto al pago, la gestión "es excelente" y explicó: "No hay demoras en el pago y jamás ha fallado una tarjeta. Hubo un caso solamente en cuatro años y fueron muy poquitos días de atraso".