“Eliminar la pobreza en la vejez es posible” planteó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un informe publicado ayer donde destaca particularmente la experiencia argentina de los últimos años en materia previsional. En los distintos indicadores que presenta el trabajo, el país se ubica en el podio, resultado que logró a partir de las moratorias, el aumento de las pensiones no contributivas y en los haberes jubilatorios. El BID también destaca el caso de Bolivia, que lidera el ranking de cobertura previsional a raíz del sistema universal de pensiones del gobierno de Evo Morales. En ese caso, la Argentina está en segundo lugar, aunque aquí los haberes en relación con el país vecino son cinco veces más altos medidos en términos de poder adquisitivo. La generosidad previsional tiene impacto positivo en la distribución del ingreso a partir de una reducción de la pobreza en la población de adultos mayores.

El estudio “Mejores pensiones, mejores trabajadores. Hacia la cobertura universal en América latina y el Caribe” fue difundido ayer por la entidad de crédito multilateral. Advierte que las “pensiones no contributivas” adoptaron un papel fundamental para mejorar los indicadores sociales en los adultos mayores. En el caso argentino, el BID utiliza ese concepto para referirse a las moratorias y a la pensión no contributiva por vejez, beneficio que apunta a adultos mayores en una situación muy precaria.

En diálogo con Página/12, el titular de la Anses, Diego Bossio, explicó que el promedio de años de aporte de las personas que calificaron para la moratoria es de siete a ocho años, un número mucho menor a los 30 años que exige la ley. Esa disparidad responde al alto nivel de informalidad laboral que afecta a los trabajadores. El resultado de la decisión del Gobierno es que en la actualidad de los seis millones de jubilados y pensionados, el 44 por ciento ha accedido al sistema a través de las moratorias.

La porción de adultos mayores que recibe haberes previsionales constituye la tasa de cobertura. En la región, ese valor es del 62,5 por ciento, según el BID para datos de 2010. Entre 19 países, sólo Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile superan esa media. El caso argentino es destacado por el BID, que menciona que a partir de las moratorias y de las pensiones por vejez “Argentina logró incrementar la cobertura previsional del 70 al 90 por ciento”. En rigor, la actual tasa de cobertura es del 94,6 por ciento, mientras que en 2003 era de 66,1 por ciento. Se incorporaron más de 2,7 millones de jubilados al sistema.

El primer puesto en el ranking de cobertura es para Bolivia, que protagonizó un avance radical a partir del programa “Renta dignidad” que instaló Evo Morales. A pesar de que menos del 20 por ciento de la población activa realiza aportes previsionales a partir de su trabajo formal, la tasa de cobertura es del 97 por ciento. De todas maneras, el haber jubilatorio de Bolivia en el programa de extensión de la cobertura es cinco veces más bajo que el argentino, medido en términos de poder adquisitivo, explica el documento del BID. De manera similar, las pensiones rurales en Brasil cubren al 90 por ciento de esa población, cuando apenas el cinco por ciento contribuye a través de su empleo formal. “Las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile aportan un mensaje claramente positivo: eliminar la pobreza en la vejez es posible” indica el informe.

“Un buen sistema previsional, con amplia cobertura, permite que la pobreza en la vejez disminuya de manera notable. En la región, la tasa de pobreza promedio en los adultos mayores es del 19,3, mientras que en los menores es del 30,7 por ciento”, marca el BID, y contrasta dos ejemplos: en México, la pobreza en la edad laboral plena ronda el 10 por ciento, algo similar a la Argentina. Pero luego del retiro, en el país del norte la pobreza pasa al 21,9, cuando aquí baja hasta el 3,7 por ciento.

“Las reformas de la seguridad social de los últimos años permitieron que el sistema previsional pasara de tener un efecto distributivo neutro a ser progresivo desde 2007/08, y cada vez en mayor medida”, destacó Bossio. Enumeró los cambios en el sistema: aumento de la mínima, ampliación de la cobertura con las moratorias, aumentos generalizados de haberes y movilidad jubilatoria automática con subas por encima de la inflación.

Los cambios que el Gobierno aplicó en materia previsional revirtieron la tendencia de los ’90, cuando se privatizó el sistema. El ingreso del capital privado en ese sector no fue una originalidad local, ya que Perú (1993), Colombia (1994), Uruguay (1996), México y Bolivia (1997), El Salvador (1998), Costa Rica y Nicaragua (2000) y República Dominicana (2003) también adoptaron ese tipo de sistemas.

La Argentina, alumno ejemplar, lo hizo en 1994, al mismo tiempo que el Banco Mundial fijaba la agenda de reformas estructurales que incluía como ítem central las jubilaciones. Del sistema de reparto, donde los trabajadores y empleadores sostienen a los jubilados bajo la premisa de la solidaridad intergeneracional, se pasó a un sistema de capitalización individual, donde una cuenta de ahorro personal sostendría luego la jubilación propia. La privatización del sistema jubilatorio generó un agujero fiscal de una magnitud tal que algunos defensores del “uno a uno” le atribuyeron una buena cuota de responsabilidad por el derrumbe del régimen. Con la reforma, el Estado dejó de recaudar los aportes y contribuciones de trabajadores y empresas y siguió pagando haberes a los jubilados. El deterioro del mercado de trabajo ya había comenzado a dejar sin jubilación a muchos trabajadores desde comienzos de la década. Esa tendencia protagonizó un giro de 180 grados.