La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó anoche -con media sanción- el proyecto de Ley de Habitat Popular. Esta norma prevé, entre otras cosas, la cesión del 10% de la superficie de los nuevos countries o barrios cerrados para la construcción de viviendas sociales.

La iniciativa presentada por el kirchnerismo parlamentario introduce modificaciones tributarias incrementando la presión impositiva sobre las mejoras de viviendas y los terrenos baldíos, además de ampliar las posibilidades de acceso al crédito para sectores de menores recursos económicos.

Una vez que se concrete la aprobación posterior en el Senado bonaerense, el esquema funcionará como una “imposición legal” para las obras que excedan los 5.000 metros cuadrados.

De esta manera, los grandes emprendimientos inmobiliarios de estas características podrán realizar el pago con una donación compulsiva de tierras o con el efectivo equivalente al 10% de la superficie del predio .

La media sanción lograda anoche por esta iniciativa es la primera acción conjunta que desarrolla la agrupación “Unidos y Organizados”, que reúne a militantes de las organizaciones kirchneristas La Cámpora, Kolina, Miles y Nuevo Encuentro.

La aprobación parcial fue el resultado de una larga negociación entre la bancada del Frente para la Victoria y el Frente Amplio Progresista (FAP), la Coalición Cívica, entre otros. El trámite fue sobre tablas que requirió los dos tercios del la representación parlamentaria.

Ayer, temprano, La Cámpora se había movilizado frente a la Legislatura provincial con militantes del Conurbano para manifestar el respaldo al proyecto.

Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR) y el peronismo disidente plantearon objeciones porque consideran que “se vulneran garantías individuales y facultades constitucionales” , a partir de la obligación de ceder tierras que se impone a los propietarios de grandes emprendimientos.

También los emprendedores inmobiliarios, en estos últimos días, cuestionaron esta cláusula del proyecto argumentando que “desalienta a los inversores privados” del sector.

Además de este polémico artículo del proyecto, se incluyó “la regularización dominial y escrituración social” traslativas a las familias que habitan en las 1.000 villas y asentamientos que existen en el territorio bonaerense. También incorpora el “traslado de núcleos habitacionales”.

En los fundamentos de la iniciativa -que fue presentada al debate con la firma de los diputados Alicia Sánchez y Alberto España del FPV, y Marcelo Saín, de Nuevo Encuentro-, queda consignado el siguiente: “Promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales”.

El tratamiento legislativo se sostiene en la necesidad habitacional de la provincia de Buenos Aires. Y también en la precariedad de recursos de las sucesivas administraciones provinciales para atenuar los efectos de ese déficit. En 2008, el presupuesto destinado para construcción de viviendas fue 2,11% del total. En 2013 será aún menor: 0,86%.

Según sostuvo ayer el diputado Walter Martello (de la Coalición Cívica-ARI), quien acompañó la propuesta del oficialismo, “de los 1.000 millones de pesos que tenía asignado el gobernador Daniel Scioli para este año, sólo ejecutó 400 millones en el Instituto de la Vivienda”.