Página 12 - Miércoles 30 de abril de 2014
La Cámara alta aprobó el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que busca prevenir el fraude laboral. Contempla reducir las contribuciones patronales para microempresas y crear un registro de las compañías que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado. La iniciativa obtuvo el respaldo de todos los bloques y fue aprobada por unanimidad.
La iniciativa obtuvo el respaldo de todos los bloques que conforman la Cámara alta y fue aprobado por unanimidad en general, aunque la oposición presentó algunas disidencias en el debate en particular.
Como miembro informante del oficialismo, la senadora María de los Angeles Higonet (PJ-La Pampa) aseguró en el inicio de la sesión que el Gobierno "ha buscado siempre la protección de los trabajadores como base de su doctrina justicialista".
"Se han dado pasos muy importantes, se ha reducido el trabajo informal pero se ve un estancamiento desde 2009", sostuvo la legisladora al justificar la necesidad de aprobar esta iniciativa. Explicó que el proyecto "tiene herramientas articuladas para atacar el empleo informal de manera integral" y mencionó entre las nuevas medidas la creación del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales. En ese registro figurarán "aquellos empleadores que no registran a sus trabajadores o realizan una obstrucción en el trabajo de las autoridades competentes de inspección, que recurren al trabajo de niños y adolescentes o a la trata de personas para trabajo forzado", detalló.
Entre las pautas que establecerá la nueva ley, Higonet destacó las medidas sancionatorias como la quita de subsidios y de beneficios de créditos hasta la eliminación de bonificaciones impositivas para los empleadores que tengan empleados no registrados. Mencionó que las empresas que tengan hasta cinco trabajadores se verán beneficiadas con un 50 por ciento de reducción de cargas patronales.
También precisó que habrá un régimen de promoción del trabajo en un plazo de dos años, especialmente dirigido para pymes que son más del 90 por ciento en el país, y que tendrán una reducción permanente de los aportes si tienen hasta 15 empleados registrados en el primer año y en el segundo año sólo el 25 por ciento. El proyecto también contempla la creación de una unidad especializada de fiscalización, acotó.
La iniciativa recibió algunas modificaciones antes de su aprobación en el recinto, en base a sugerencias de los bloques opositores y del propio oficialismo en el Senado. Higonet destacó que este proyecto "es una señal concreta y clara a un día de una fecha muy importante como es el Día del Trabajador porque además de la dignidad estamos dándole seguridad y garantía".
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que el proyecto "en pequeños talleres y empresas va a ser un elemento activador y generador de empleo nuevo". "En la Argentina, los indicadores que son muy precisos en materia de empleo indican una baja notable del empleo en negro. Y, fundamentalmente, subió la generación de empleo en blanco en casi cinco millones de puestos de trabajo", puntualizó.
En representación del radicalismo, el senador por Santa Cruz Alfredo Martínez justificó el apoyo en general de su bloque porque considera que "avanza en ampliar los derechos de los trabajadores", aunque avisó que tienen objeciones en lo particular. Por el peronismo disidente, la puntana Liliana Negre de Alonso admitió que las medidas "traen algún desahogo porque lleva cierta tranquilidad al sector de los trabajadores que ven que al aliviar las cargas contributuvas de su empleador le dan una garantía de permanencia". Negre de Alonso planteó dudas respecto del proceso de financiamiento, aunque su bloque acompañó en general la aprobación del texto y rechazó algunos artículos específicos.
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