El reclamo a un pastor evangélico para que pague la cuota alimentaria luego de que abandonara a su mujer e hijos por una jovencita de su congregación; el pedido de un empleado rural que quería vengarse de la infidelidad de su esposa y para ello pretendía quitarle la custodia del hijo de ambos o la disputa hereditaria de dos hijos que pretendían quedarse con el mismo cuadro podrían haber incrementado el altísimo nivel de litigiosidad judicial de Mendoza (que triplica la media nacional), provocar los consabidos gastos de abogados y demás, y contribuir a hacer aún más lenta la Justicia, que habría invertido al menos 2 años para resolverlos. Sin embargo, se acordaron en una mesa de mediación (un método de resolución de conflictos), en pocos días, con bajos costos y sin romper las relaciones entre las partes conflictuadas. 

Nuestra provincia ostenta un preocupante récord: existe la mayor cantidad de juicios del país. En un estudio que hizo la UNCuyo se muestra que en el 2011 se generaron casi 24.000 causas cada 100.000 habitantes, lo cual supone que 1 de 4 mendocinos inició un juicio ese año y triplicó la media nacional. Por eso a cada juez le llegaron ese año unos 1.735 casos. "De eso el sistema judicial resuelve el 30% de las causas que ingresan. Sólo en el fuero civil un proceso dura en promedio 32 meses", apunta, con datos en mano el abogado y mediador internacional Antonio Tula, quien además es capacitador.

Hoy en la provincia existe un Cuerpo de Mediadores –son 53 en total–que se creó en 1998 por una acordada de la Corte Suprema. Si bien ellos empezaron trabajando en el área de Familia, desde hace años no dan abasto para resolver conflictos penales, laborales y civiles que les derivan los fiscales o jueces. Es decir, en Mendoza las personas que tienen algún conflicto primero realizan una denuncia, la causa llega a la instancia judicial y luego los fiscales los derivan a estos mediadores.

"Para dar una idea del trabajo que se hace en mediación, deberíamos decir que de no existir se triplicarían las causas que deberían resolver los jueces de Familia", acota Rubén Samperi, actual coordinador del área del Cuerpo de Mediadores. 

Pese el éxito de las mediaciones, que en la provincia resuelven el 75% de las causas que llegan, el ahorro de tiempo y dinero que supone al sistema y lo eficaz para bajar el nivel de judicialización, en la provincia no existe una ley de mediación que pudiera servir para cambiar la cultura mendocina de llevar cualquier conflicto a la Justicia. 

Hubo una ley, pero en el 2011 el ex gobernador Celso Jaque la vetó, tras las objeciones que planteó el colegio de abogados, que entre otras cosas cuestionó que le abriera la posibilidad a que cualquier profesional con título terciario pudiera, capacitándose, ejercer como mediador, y exigía que sólo fueran abogados.

Sólo por citar un ejemplo, en Buenos Aires, en donde la mediación está regulada por ley desde hace 20 años, se resuelven con este método el 65% de los conflictos. Del total de las causas que llegan a la mediación, sólo el 35% llega a instancia judicial. 

Los beneficios 

El trabajo del mediador está en interceder para que las dos partes que están en conflicto puedan escucharse, ayudarlos a salir de las posturas binarias de blanco y negro, y encontrar otras formas de ver el conflicto que los implicados no pueden visualizar por sí solos, porque están amenazándose o endilgándose culpas. Así el proceso termina en un acuerdo que satisfaga a ambas partes. 

Hoy si un mendocino tuviese por ejemplo una disputa hereditaria con un familiar y decidiera no judicializar esa pelea, podría contratar los servicios de un mediador privado (hoy se capacitan en una universidad privada de la provincia y se agrupan en una asociación), y si ese mediador no es abogado–puede ser un psicólogo, por ejemplo– debería pagarle a un letrado para homologar legalmente aquel acuerdo. A todas luces, este proceso le significaría un ahorro de tiempo y dinero. 

"Una mediación de partición hereditaria, con muchos bienes, con intervención de terceros que puedan opinar, te puede llevar 10 o 12 horas, como máximo 6 reuniones de 2 horas. Para eso hoy un mediador podría cobrar entre $600 y $1.000. Es decir, en el peor de los casos el acuerdo te cuesta unos $12.000, cuando un abogado te pide eso para iniciar la demanda, más los honorarios de peritos, las tasas judiciales. Sumado a que en la Justicia eso implicaría una demora de 3 años", compara Tula.

A estos beneficios de la mediación deberían sumarse la satisfacción que genera llegar a un acuerdo, en el que no hay un ganador y un perdedor, sino que supone una transacción voluntaria, y la no recurrencia del conflicto, que no se da en la Justicia ya que una sentencia a favor no implica el fin del conflicto porque si una parte no está de acuerdo, apela y el litigio continúa. 

Qué se media y qué no

Si bien la mediación hoy se aplica hasta a delitos penales, su uso no se puede generalizar. El parámetro para definir qué delito se puede mediar y cuál no lo definiría la pena que contempla el Código Penal: si tiene una pena menor a 3 años (excarcelable) como puede ser un hurto simple, podría mediarse, siempre que el autor no sea un reincidente. En contrapartida, no se podría aplicar en un caso de violencia extrema, como es la violencia de género.

"Muchos de los expedientes que nos derivan tienen que ver con relaciones interpersonales. Si una madre impide el contacto del padre con el hijo de ambos, es un delito penal, igual que si alguno no cumple con la cuota alimentaria. Pero también hemos resuelto casos de hurtos, en los que la víctima no sólo recuperó lo que había perdido, sino que el autor reconoció su responsabilidad y hasta pidió disculpas, que era la reparación que esperaba la víctima", recuerda Lorena Sorrentino, coordinadora del área penal del Cuerpo de Mediadores judiciales. Sólo esa área el año pasado recibió 2.560 causas, de las cuales en el 75% se logró un acuerdo.

La urgencia de una norma

 
Si bien la tendencia mendocina de resolver todo problema en la Justicia requiere un cambio cultural para volcarse a la mediación, el hecho de que exista una ley serviría para informar sobre los alcances y beneficios del método.

"Una ley cambiaría el paradigma de la forma de resolver un conflicto. Hoy la gente no lo tiene arraigado como una forma de solución, y por tanto no la pide. Pero si se institucionaliza, y se la coloca como una instancia previa a la judicialización, seguramente bajaríamos el nivel de litigio que tenemos", consideró Sampieri, y arremetió contra los que se oponen a la ley: "Tienen una mirada limitada y responden a intereses puntuales. Hoy la mediación se da en todas las carreras de derecho".