En épocas de tarifazos y retracción de recursos públicos, algunos municipios buscan frenar los aumentos en la Justicia y otros apelan a estrategias más sofisticadas para reducir el consumo de energía: el estudio minucioso y la revisión con lupa de cada ítem de la factura puede hacer que las arcas comunales ahorren millones de pesos.

En la Universidad de La Matanza (UNLM) funciona un equipo interdisciplinario para “aprovechar al máximo los derechos de usuario” que están en los contratos de las empresas de servicios eléctricos pero que no siempre se cumplen. En el Instituto de Transferencia de Servicios y Tecnología, abogados, ingenieros y contadores operan como peritos o auditores que examinan miles de boletas de luz y conducen los reclamos.

¿Cuál es su tarea? Revisar la complejidad y el entrecruzamiento de normas de los marcos regulatorios de los servicios públicos. La telaraña de resoluciones dictadas por los organismos reguladores y un análisis puntual de cada planteo en los diferentes servicios para evitar excesos y abusos de las empresas.

“Los municipios tienen características particulares que no tienen ningún otro consumidor”, explicó a Clarín, el rector de la UNLaM, Daniel Martínez.

Los asesores indagan en la jurisprudencia administrativa y judicial o en las diferentes doctrinas a aplicar en cada caso porque los servicios tienen un nivel de complejidad o sofisticación, que requiere de mucha investigación y seguimiento permanente de los servicios que se facturan.

En las áreas contables o administrativas de las municipalidades, no siempre se revisan como en los hogares las boletas. Y entonces, pierden dinero por prestaciones que nunca recibieron. O se calcularon de forma errónea.

Algunos ejemplos: el distrito de General Rodríguez pagó 20 millones de pesos menos por concepto de “alumbrado público” después de revisar el número de horas que estaban encendidas las lámparas y luego de censar la cantidad de columnas con iluminación.

En San Isidro analizaron las facturas que la prestadora envió por el uso de luz en los carteles en vía pública y después de la revisión el costo se redujo en un 37%.

El gobierno porteño también utilizó el servicio de consultoría de la UNLaM. En este caso, para revisar las conexiones en los asentamientos de emergencia. Lograron que se modificara la categoría de esas instalaciones (que paga el Estado de la Ciudad) y en un solo año lograron bajar el costo en 5,9 millones de pesos, o un 63% menos que lo facturado por Edenor y Edesur.