Ya echó a rodar la cuenta regresiva del juicio del siglo. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolverá si es legal la megaminería a cielo abierto, con el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas muy cuestionadas, que en los últimos 8 años desató furiosas polémicas, sublevó pueblos enteros, dividió a la política quebrando fidelidades partidarias, frenó inversiones multimillonarias y fue la pesadilla de los últimos tres gobernadores. 

La ley antiminería 7.722 será sometida a su prueba de fuego, al ojo escrutador de los supremos, que resolverán en fallo plenario, es decir, con el voto de cada uno de sus siete miembros, si la norma provincial es constitucional.

El viernes pasado quedó sorteado el orden en el que votarán los ministros de la Corte. Quien comenzará a decidir será el juez Jorge Nanclares. Luego les tocará a Herman Salvini, Julio Gómez, Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde y Mario Adaro. Cerrará la votación Pedro Llorente.

La misma será con los fundamentos por escrito. Cada juez tiene 8 días para expresar su voto. Podrán hacer el propio o adherir sin mayores comentarios al del preopinante, que será en este caso Nanclares. 

Una decisión cargada de presión

A diferencia de otros juicios que a diario resuelve la Suprema Corte, este caso está plagado de condimentos no jurídicos que sobrevuelan la decisión que deberá tomar el máximo tribunal de Justicia.

Se trata de un cúmulo de factores tormentosos, complejos y en algunos casos hasta imposibles de ignorar para los magistrados, de quienes no se pone en duda su capacidad para resolver sujetos a derecho. 

Primero, se cierne sobre la definición la inquietante sombra de Veladero en San Juan y el derrame de los 225 mil litros de solución cianurada, equivalente a 45 piletas familiares de lona. Ocurrió la semana pasada en la mina de oro que explota la canadiense Barrick Gold y que puso en alerta a la ciudad de Jáchal.

Los análisis de laboratorio dicen que el agua no está contaminada pero los vecinos no creen una palabra y no quieren ni probarla. El gobierno de José Luis Gioja ha tenido que empezar a proveer agua envasada a la comunidad ante la desconfianza.

El accidente de Veladero es, en la práctica, el epicentro de la polémica sobre la megaminería a cielo abierto y la definición de la ley 7.722: se trata del riesgo de contaminar el agua que sostiene la existencia en estos páramos desérticos. Es el factor más visible de otros más ocultos, pero no menos importantes, como por ejemplo la repercusión pública que podría provocar si la 7.722 fuera declarada inconstitucional.

Los jueces de la Corte podrían ser víctimas de duros escraches, protestas en Tribunales, marchas en las calles de las organizaciones que defienden el agua y que han mostrado su poder de movilización... 

De hecho, no podrán evitar quedar atrapados en un gran debate público en caso de hacer lugar a la inconstitucionalidad, sobre todo después de que la Corte rechazara realizar una audiencia pública sobre el tema. 

Las organizaciones defensoras del agua no son grupitos de universitarios idealistas. Detrás de ellas están las comunidades del interior provincial que defienden a ultranza la agricultura, que es su forma de vida y que sienten amenazada, en caso de que se dé vía libre a la megaminería. 

La política también dice presente. El gobernador electo Alfredo Cornejo se expresó durante la campaña en favor de buscarle una vuelta al desarrollo de la megaminería, bajo estrictos controles de seguridad.

Habló de vencer miedos y prejuicios y de avanzar ante la urgente necesidad de obtener recursos para una Mendoza con déficit crónico. Claro. Todo esto se dijo cuando aún no había sucedido el accidente de la Barrick en San Juan.

No obstante, Cornejo también había dicho que se plegaría a lo que dijera la Suprema Corte mendocina.

Los últimos tres gobernadores también sufrieron con la disputa. Julio Cobos, Celso Jaque y Francisco Pérez abrieron en sus gestiones el debate, pero lo terminaron clausurando con desesperación, en medio de tumultuosas y negativas repercusiones públicas que se imponían al discurso del desarrollo económico.

Otro factor político importante es que la norma fue impulsada por el ex gobernador Julio Cobos y sancionada en su gestión, tras sufrir el amotinamiento de las ciudades del Sur provincial y el Valle de Uco.

Cleto no es hoy uno más. Es, después de las PASO nacionales, el político preferido en la provincia, habiendo obtenido más votos que Daniel Scioli (FPV) o Mauricio Macri (Cambiemos). 

Las razones personales serán otro factor que incidirá aunque no figure en el expediente. Al fin y al cabo los jueces son humanos. Uno de los supremos de la Corte, por ejemplo, es del Sur provincial, bastión de la resistencia antiminera. Allá viaja todos los fines de semana. Allá están su casa, su familia, su finca y su lugar en el mundo. Y allá tendrá que volver después del fallo.

Otro factor personal son los cambios que se vendrán en la Corte en el mediano plazo. Es que, en pocos años la mitad de la Corte local habrá cambiado, por razones de edad, sus actuales integrantes. 

Los supremos que están cerca de ese umbral lo saben y será inevitable que se planteen cómo retirarse de la Justicia después de este fallo.

Los que conocen de antaño a los jueces especulan con que ellos podrían preferir sostener la legalidad de la 7.722, sobre la que ya se pronunció a favor en su dictamen el procurador de la Corte, Rodolfo González, con múltiples argumentos jurídicos y hasta morales, y aprovechar también la jurisprudencia en otras provincias donde prohibieron la megaminería imitando a Mendoza.

De esta manera dejarían para la nueva Corte la evaluación. Esto es posible porque con una Corte distinta las mineras que demandaron podrían pedir un nuevo fallo plenario argumentando que la integración del tribunal cambió. 

Finalmente está lo más misterioso: lo que piensa cada juez sobre este debatido tema. Eso también influirá.