Los Andes - Viernes 11 de mayo de 2012
El Registro Civil y los efectores públicos de salud son las áreas que atenderán los pedidos de cambio de sexo, que desde ahora no requerirán de autorización judicial.
La provincia comenzó con los preparativos para adaptarse a la nueva Ley de Identidad de Género, sancionada el miércoles. Ayer, se realizó una reunión de la que participaron funcionarios y miembros de organizaciones LGTB (lesbianas, gays, trans y bisexuales).
La norma avanza sobre dos aspectos fundamentales para el colectivo: el acceso al DNI sin necesidad de autorización judicial y a los servicios de salud específicos que requieran, como tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas. Por este motivo, las modificaciones afectarán el ámbito del Registro Civil y el de los efectores de salud y es justamente sobre lo que se discutió en la reunión.
Por el momento debe esperarse la reglamentación para saber más detalles sobre su aplicación, lo cual se espera que suceda a corto plazo.
A nivel local, tanto quienes forman parte de la comunidad trans como aquellas personas que trabajan por la diversidad se muestran más que conformes, ya que se trata de la concreción de un reclamo de larga data que además ha superado las expectativas. Es que a partir de esta sanción el país marcha a la vanguardia a nivel mundial al contemplar la asistencia integral de la salud.
Sólo declaración jurada
En primera instancia, el gran paso es el acceso al DNI y la adaptación de toda su documentación sin necesidad de contar con la autorización de un juez ni acreditar el cambio de sexo quirúrgicamente, lo cual es optativo.
Hasta ahora se requería de un procedimiento judicial largo y tedioso que involucraba pericias psicologías, psiquiátricas y médicas, mientras que en adelante sólo se requerirá una declaración jurada del interesado o interesada que deberá presentarse en la oficina del Registro Civil.
“Se trataba de una noción patologizante de la identidad, mientras que la ley considera la identidad como un derecho humano”, detalló Alicia Prada, directora del área de Diversidad de la subsecretaría de Derechos Humanos, quien participó de la reunión.
Hasta ahora, el Estado reconocía la identidad en tanto y en cuanto se determinaba que era un caso de disforia de género, lo cual es una patología psiquiátrica.
La otra novedad tiene que ver con garantizar la identidad a través del acceso a servicios médicos. Se establece que quedarán incluidos en el Plan Médico Obligatorio (PMO) y así serán reconocidos por los prestadores públicos y privados.
Esto requerirá de la formación de profesionales para que puedan realizar las intervenciones, lo cual no se hace hoy en Mendoza. El único efector público que lo realiza está en La Plata. “Allí hay un equipo de prestigiosos profesionales que están disponibles para formar a los especialistas mendocinos”, explicó Prada, quien participó de la reunión.
El sociólogo Mario Vargas, que forma parte del colectivo 15 de Julio de LGTB, destacó la cobertura integral de la salud ya que “se trata de uno de los grupos más castigados, al punto tal que una investigación determinó que la expectativa de vida promedio es de 35 años”.
Agregó que el proyecto hubiese quedado incompleto si no considerara esto, y destacó que coloca al país “a la vanguardia mundial ya que no hay una legislación así y el movimiento trans mundial está mirando a la Argentina; es una ley maravillosa”, concluyó.
“Salir de la clandestinidad”
La concreción de este anhelo de muchos años ha dejado más que conformes a quienes trabajan desde y con esta comunidad.
Valeria Martínez, delegada del Inadi en Mendoza, sostuvo que desde el organismo siempre se ha promovido la iniciativa. “La norma permitirá una mayor integración de un colectivo que no goza de igualdad en ningún ámbito y que incluso ha sido criminalizado”.
Por su parte, Vargas consideró que “la Ley viene a hacer un reconocimiento de los sujetos para así ejercer una plena ciudadanía y ser sujeto de demanda, además se visibiliza su problemática frente a toda la comunidad”.
Mayores y mejores posibilidades laborales además del acceso a una mejor educación se cuentan entre los beneficios.
Mía Brisio (25) es travesti y estudia para ser preceptora, sin embargo contó: “Me ha pasado que he ido a rendir y no he podido porque los profesores no me dejaron porque no coincidía mi identidad”, explicó. “Traté de hacer el DNI en forma privada pero se necesitan abogados y cuesta unos 5 mil pesos”, graficó, y agregó que por la sanción de la Ley “la felicidad supera las expectativas porque el aval político y social abre las puertas en todos los ámbitos”.
Por su parte, Ana Laura Nicoletti, más conocida como ‘Turca’, reconoció que está muy feliz porque “las chicas tendrán acceso a la salud y podrán evitar cosas como la automedicación de hormonas femeninas o las inyecciones de aceite siliconado que ponen en riesgo la vida. Los médicos ya no se van a cuestionar tanto si hacen o no la intervención y se va a poder salir de la clandestinidad".
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