La provincia de Mendoza se ha constituido en la primera provincia del país que cuenta con una ley (9.182), que aplicada tiene dos contundentes efectos: combatir hasta terminar con el robo y la trata de bebés y niños y además que las personas que fueron víctimas de este delito encuentren su identidad biológica.

El flamante instrumento jurídico votado por unanimidad en las dos cámaras legislativas de la provincia, está en la instancia final de aplicación por parte del Poder Ejecutivo. Aún así, la Justicia provincial ya tiene abundante investigación con casos que han comenzado a llegar de diferentes puntos de Mendoza.

–¿Cómo recibió Mendoza esta ley que busca la identidad biológica de la gente?

–La Ley 9.182, que crea el Programa Provincial de Búsqueda Familiar, de Identidad Biológica, de Origen y Socioafectivo ha sido tomada en plenitud por la sociedad mendocina. En ese sentido nos ha llamado mucho la atención que se han comunicado personas del Sur mendocino que están buscando su identidad de origen. Están sumamente interesadas en la implementación de esta nueva ley, que para ellas, como todo individuo que pase por esta circunstancia de vida, es vital para saber la verdad, su verdad.

–¿Permitirá que comience a disminuir el delito del robo y tráfico de bebés?

–Hay que considerar que reconocer, visibilizar, prevenir y reparar estos derechos humanos fundamentales que integran el derecho a la identidad y a la verdad son muy importantes, porque con ellos se previene la comisión de esos delitos, ya que se fomenta la confianza y se estimula la cooperación entre los buscadores, las personas buscadas y la sociedad en general.

Claves: investigación judicial y el registro de huellas genéticas

–¿Qué pasa con los datos y la documentación que se les entregan a las personas?

–Creo que esto contribuye a la paz que tanto necesita nuestra sociedad y a la seguridad que la documentación que se otorga a los ciudadanos de la Argentina, en general, y Mendoza, en particular, es la que le corresponde. Que esos datos insertos en esa documentación son los reales.

–Entonces, ¿es clave la Justicia?

–Sí, claro. La articulación con la Justicia mendocina es fundamental, algo que ya se venía haciendo mucho antes de la sanción de la Ley 9.182. Con este elemento legal acrecentamos el trabajo conjunto entre el Colectivo Mendoza por la Verdad y el Ministerio Público Fiscal. En ese sentido resalto las fuertes señales enviadas por el organismo que conduce el procurador general, Alejandro Gullé, quien dispuso una fiscalía especial que se encarga de investigar el robo de bebés y lo sucedido con todas las personas víctimas de sustitución de su identidad no vinculadas al terrorismo de Estado.

–¿Cuentan con la última tecnología del fuero penal e investigaciones?

–Mendoza cuenta con un elemento técnico de avanzada, el registro de huellas genéticas a cargo del doctor genetista Miguel Marino. Su tarea es fundamental tomando muestras que están siendo cotejadas, algo que todos estamos esperando con mucha ansiedad para que se revelen los resultados de tamaña tarea, donde se esclarecerán muchos casos de identidad. Todo un tema que sirve de plataforma de ejemplos ante los ojos del país, para que la Argentina también cuente con una ley como la que hoy Mendoza exhibe con orgullo institucional.

Beneficiados

Se calcula que en Mendoza hay más de 100 mil personas que buscan su identidad biológica y que han sido apropiadas ilegalmente, a través de robo de bebés, compra o adopciones ilegales, según una publicación de Unidiversidad.

Los beneficiarios directos de esta ley son las personas que presumieran que su identidad ha sido suprimida o alterada por hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento y las personas adoptadas, cualquiera sea la fecha en que esta se hubiere producido. 

Gran beneplácito expresó por estos días el Colectivo Mendoza por la Verdad, responsable de impulsar esta ley. Organización que ha redoblado su importante tarea, junto al Ministerio Público Fiscal y el Registro de Huellas Genéticas que cuenta la provincia. Este último comenzará a dar en breve, resultados por todos esperados de los primeros casos que se han presentado tras la sanción de la ley.

Muchas provincias han comenzado a realizar consultas sobre la ley y la metodología que se está aplicando a partir de su sanción. Una de ellas es la provincia de Neuquén, que por medio de la Universidad Nacional del Comahue, ha organizado un encuentro sobre el derecho a la identidad biológica y búsqueda de origen. Una de las invitadas especiales fue la asesora jurídica del Colectivo Mendoza por la Verdad, Guadalupe Álvarez, para que expusiera sobre el tema, fundamentalmente sobre esta ley única en el país, quien además le brindó una entrevista a El Ciudadano.