Hace casi seis años, Mendoza tuvo un avance histórico. Después de más de dos décadas de postergaciones, la  Legislatura aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo (Nº 8051), normativa que sentó las bases para volver a la provincia un lugar más armonioso en materia productiva y socio ambiental. Sin embargo, el camino que queda por recorrer para que sus preceptos se cumplan en lo cotidiano es aún largo, ya que su aplicación se ha logrado sólo de manera parcial.

Desde que el documento fue aprobado por unanimidad el martes 5 de mayo de 2009 se crearon los dos órganos clave para su regulación. Éstos son la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (a cargo de la aplicación) y el Consejo Provincial de Ordenamiento (que funciona de manera consultiva), que en líneas generales están integrados por representantes de Poder Ejecutivo, de los municipios, entidades científicas y académicas y organizaciones de la sociedad civil relacionadas a temas ambientales.

Desde el punto de vista de Eduardo Sosa, titular de Oikos Red Ambiental, si bien estos órganos están conformados, en la práctica existen situaciones que impiden avanzar con las directrices de la norma tal como quedó establecido. Dijo por ejemplo, que los aportes planteados por las entidades que trabajan en temas medio ambientales como así también por el sector científico técnico no siempre son escuchados por las autoridades encargadas de tomar las decisiones últimas. 

"La evaluación ambiental estratégica para llevar a cabo programas de gobierno, como así también la evaluación de impacto territorial, tan necesaria para establecer la compatibilidad de emprendimientos de obra pública e inmobiliarios, son dos herramientas muy importantes y que nunca se aplicaron", planteó Sosa.

Sin un plan vigente

La situación es aún más grave, si se tiene en cuenta que el Plan Provincial de Ordenamiento -que debe establecer las pautas finales para ordenar la provincia de aquí a 30 años- se encuentra frenado en la Casa de las Leyes. 

Ocurre que de acuerdo a Ley "madre", el plan debe aprobarse a través de otra ley. Justamente, la Agencia presentó un proyecto el 1 de mayo de 2014, que aún se encuentra en discusión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Paralelamente, otra propuesta fue presentada por los equipos técnico- científicos de la Universidad Nacional de Cuyo, que aún no cuenta con el consenso necesario.

Luego de la audiencia pública realizada hace un año, se puso en evidencia la necesidad de avanzar en esta planificación. En líneas generales, el proyecto oficial propone delimitar el avance de la urbanización hacia el Pedemonte, limitar las zonas urbanas y las rurales, frenar la pérdida de tierras productivas y proteger el recurso hídrico.

Otros aspectos que busca regular y controlar la adeudada norma, consisten en potenciar las 'zonas intermedias' de la provincia para descomprimir el área metropolitana, regular el crecimiento de los proyectos inmobiliarios, preservar las tierras cultivables y aprovechar los vacíos urbanos. Guillermo Elizalde, ministro de Medio Ambiente, es uno de los defensores del proyecto que fue cuestionado por los legisladores opositores al Gobierno. 

"El ordenamiento territorial debe ser una política de Estado más allá de los gobiernos. Ni no se regula ni planifica, ninguno de los problemas que hoy aquejan a la provincia podrá ser resuelto", expresó el funcionario. Por su parte, el senador radical Tadeo García Zalazar detalló que  todavía la provincia carece de datos específicos para poder ser "reordenada".

"No hay un sistema estadístico para ordenar el territorio. El Gobierno no mide la pobreza ni el Producto Bruto Geográfico. No se puede planificar sobre lo que no hay datos sociales y económicos concretos", sostuvo y detalló que en realidad hay otros aspectos a evaluar, como qué sucederá con la actual Ley de Loteos o cuáles son los límites de la ciudad.

Lo cierto es que en pleno año electoral, los inconvenientes se siguen profundizando a medida que la concentración poblacional se agudiza en el Gran Mendoza. En algunos municipios, por ejemplo, los emprendimientos inmobiliarios no ajustados a las normas vigentes o emplazados en zonas no permitidas siguen siendo aceptados por los concejos deliberantes, a través de ordenanzas. Son en lo concreto, excepciones, algo prohibido por la ley. 

El resultado de ello, es el crecimiento desordenado de las áreas urbanas, lo que conlleva a un declive en la calidad de vida de sus habitantes.

"Hay retrasos que tendrán un impacto profundo en lo cotidiano y esto implica una sanción a los funcionarios responsables, algo que tampoco se cumple. Es muy penoso que un proceso tan relevante en materia de gestión territorial pueda quedar en la nada por la desidia de legisladores y funcionarios públicos", alertó Sosa.

Preparando el terreno

Daniel Pizzolato, director de la estación experimental agropecuaria La Consulta-INTA e ingeniero agrónomo, detalló que desde ese organismo se ha trabajado con los tres municipios del Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos) para comenzar a diseñar planes de zonificación de los sectores rurales, de manera que cuando la Legislatura apruebe el plan general, cada municipio pueda ejercer su autonomía para llevar a cabo su plan local, tal como lo establece la normativa. 

De este modo, estas comunas contarán con información georeferenciada, análisis de datos secundarios zonificación en el sector rural, para que cuando sea el momento, sea posible diseñar programas concretos para revertir problemáticas tales como la existencia de una "mancha urbana" sobre sectores productivos o áreas frágiles. 

"Si no se pone en marcha el plan con urgencia será cada vez más difícil  revertir los daños que se están produciendo desde el punto de vista ambiental y productivo", alertó Pizzolato y ejemplificó que  al no haber una reglamentación se siguen perdiendo e inutilizando los sistemas de distribución de agua destinada a los sectores productivos.

Aspectos clave de la Ley

Entre las prioridades que la Ley provincial establece para garantizar el equilibrio entre las actividades productivas de la provincia y el cuidado del medio ambiente figura la creación de políticas y planes de acción que permitan, por ejemplo, controlar el crecimiento del parque automotor en relación a la dimensión de la ciudad, cuidar el arbolado público o evitar la instalación de fábricas en las inmediaciones de barrios o zonas de cultivos. 

También plantea la aplicación de multas para quienes dañen o contaminen el agua  el aire o el suelo. Pero además, la disposición está focalizada a revertir inconvenientes macro a nivel ambiental, como el avance de la desertificación, la desprotección de los glaciares o el deterioro de los ecosistemas del pedemonte generado por el avance de los emprendimientos inmobiliarios que se multiplicaron sin control en los últimos años. 

En lo relativo a las actividades productivas y sociales, la normativa se configura como el  marco para determinar acciones relativas a la minería, el crecimiento urbano y el emplazamiento de las industrias, entre otros puntos.