Mientras en la ciudad de Córdoba 18 profesionales –abogados y médicos– están acusados por la Justicia y 8 de ellos permanecen presos, imputados de liderar una aceitada organización lucrativa que estafó en unos 150 casos a distintas ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) y al Poder Judicial, promoviendo demandas por enfermedades laborales inexistentes, su símil local, la industria del juicio mendocina goza de buena salud y excelentes ganancias.

La tarea de los fiscales cordobeses, Enrique Gavier y Mariano Antuña, que investigan desde 2009, repercutió en todo el país a tal punto que hace algo más de una semana visitaron Mendoza para exponer ante los jueces y fiscales locales cómo lograron desbaratar la banda.

El paso de los funcionarios judiciales por estas tierras no fue ajeno al periodismo. Al contrario, se promocionó fuertemente desde el Gobierno una conferencia de prensa que a último momento y misteriosamente se suspendió. Se comenta en los tribunales que alguien de muy alto rango del Poder Judicial levantó la rueda de prensa para que la Justicia local no quedara mal parada ante los resultados obtenidos en Córdoba.

Lo cierto es que la industria del juicio laboral mendocina traccionada por demandas a las ART por enfermedades laborales truchas se ha transformado en una máquina de hacer dinero ante los ojos de los tribunales, que poco han podido hacer para neutralizarlos.

En los mismísimos pasillos judiciales gente entendida asegura que los casos locales son calcados en el modus operandi de los cordobeses y no disimulan su asombro ante la impunidad con que se mueven, y la pasividad de muchos magistrados y abogados indiferentes a desbaratar este foco delictivo.

Es que en las fiscalías penales, a pesar de algunas denuncias y de estar investigando, aún no han obtenidos resultados satisfactorios.

En los tribunales laborales en tanto, sólo la Tercera Cámara del Trabajo exige la intervención de la Comisión Médica, encargada de verificar la dolencia que se acredita, mientras que el resto de las cámaras rara vez lo pide porque el rol de esa comisión está tachado de inconstitucional, lo que da vía libre para que los juicios prosperen sin freno.

Ello a pesar de que la problemática ha sido advertida en persona por el superintendente de las ART, el ex vicegobernador mendocino, Juan Horacio González Gaviola, quien ha venido hasta aquí a promover denuncias penales.

¿Cómo lo hacen?

Esta industria sin chimeneas pero sumamente tóxica para el Estado marcha sobre ruedas. La clave del éxito es la sencillez de sus maniobras y las centenares de causas que impulsa sin que nadie la pare.

La estafa se arma con un abogado o estudio que promueve una demanda representando a un trabajador asociado a una ART. El motivo es algún tipo de enfermedad profesional común en el rubro que, en realidad, el trabajador no la padece pero es certificada por un médico. Plantea el caso ante la Justicia del Trabajo y no espera ni peritajes ni sentencia del tribunal. Antes de que esto suceda, el letrado llega a un acuerdo con los abogados de la ART demandada. Rápidamente negocian un monto y acuerdan sin que la Justicia pueda casi intervenir.

Así legitiman una sentencia de indemnización sobre una dolencia falsa que nunca existió.

Para lograrlo necesitan algunos eslabones. Primero, un trabajador dispuesto o alguno al que convencen de que es merecedor de la demanda. Luego van por un médico de verdad, que firme el certificado acreditando la falsa dolencia. Por ejemplo, en el caso de una famosa conservera local, las dolencias sospechadas de ser falsas impulsadas en decenas de demandas estaban acreditadas todas por el mismo médico.

Por último, se necesita el sí del abogado de la ART que parecería ser el paso más difícil, pero no lo es porque las aseguradoras tienen un formidable talón de Aquiles: la ecuación económica.

Esta se impone porque a las ART, aunque saben que las están estafando, les sale mucho más barato acordar con el estafador y pagar que seguir el proceso judicial hasta el final.

En Córdoba la banda de abogados y médicos utilizaba los trabajadores de la Municipalidad de la capital mediterránea. En Mendoza también son los municipios el blanco de las demandas truchas sedientas de un filón de oro que nadie puede tapar.