El tratamiento de la ley para limitar la salida transitoria de los presos (conocida como ley Petri en el ámbito legislativo) tuvo ayer un protagonismo fugaz en Diputados. Es que hasta el mediodía no se sabía qué es lo que había sucedido con ella. Desde la Cámara Baja decían que se encontraba en la Cámara Alta para ser firmada y enviada al Ejecutivo. El mismo argumento tenían en el Senado: “Acá no está, la mandamos a Diputados”. Tampoco en la Casa de Gobierno sabían por qué no había sido enviada para su promulgación si se sancionó el 12 de setiembre. “Acá nunca llegó”, dijeron desde la oficina Legal y Técnica. En definitiva: como por arte de magia, la ley Petri había desaparecido. Sin embargo, y también como por truco de magos, apareció justo antes de que los radicales pidieran por ella en el recinto.

Si bien el destino de la ley fue incierto por algunas horas, no se sabe si su futuro está signado por las incógnitas, porque ahora falta develar qué hará Francisco Paco Pérez con ella y si alguna asociación de derechos humanos no realizará un pedido de inconstitucionalidad.

“La situación ha sido por lo menos desprolija e irregular” sostuvo el autor del proyecto, Luis Petri, quien aseguró que el gobernador tiene 10 días para promulgarla desde el momento en que llega a la mesa de entradas de la Casa de Gobierno.

Derrotero incierto

La ley Petri pasó horas inciertas ayer en la Casa de las Leyes. Después de tres semanas de haber recibido sanción completa en el Senado y de haber vuelto a Diputados para que se ratificara un cambio que se le hizo, la ley estaba lista para partir al Ejecutivo. Pero eso no sucedió.

Técnicamente, se necesitan cuatro firmas para que una ley se pueda enviar a la Casa de Gobierno: la del presidente de la Cámara Baja, la del vicegobernador Carlos Ciruca y la de los dos secretarios legislativos. En la Legislatura se tomaron tres semanas para estampar estas firmas.

“Acá ya la firmamos la semana pasada, no sé qué habrá pasado en el Senado”, dijo Diego Zacca, prosecretario legislativo de Diputados. “Nosotros ya terminamos el trabajo ayer (por el lunes), hay que preguntar en Diputados”, aseguró el titular de la Secretaría Legislativa del Senado, Sebastián Brizuela.

El último eslabón de la cadena era la Secretaría Legal y Técnica de la Casa de Gobierno. “Acá no ha llegado”, aseguró quien está al frente de esa oficina, Gustavo Tobares. En definitiva, nadie respondía por la ley.

El rumor en la Legislatura tendría que ver con una nueva estrategia de Paco Pérez, quien no quiere tener que promulgar una legislación que ha disgustado tanto al Gobierno nacional. Pero ante las consultas periodísticas y evitando que el bloque radical pidiera por ella en el recinto, la ley apareció en media hora (entre las 14 y las 14.30). No sólo la encontraron en Diputados, sino que en la Casa de Gobierno la recibieron. Fin de la novela. Al menos por ahora.

Promulgación y después

Según el artículo 101 de la Constitución de Mendoza, el gobernador tiene 10 días hábiles para promulgar la ley una vez que llega a la Casa de Gobierno, si es que no decide vetarla. Francisco Pérez ya dijo que no vetaría la ley de limitación de las excarcelaciones. Lo que sí puede suceder es que grupos de derechos humanos intenten declararla inconstitucional. En eso podrían estar trabajando por estos días.