¿Por qué los funcionarios públicos de Mendoza no publican su declaración jurada de bienes? Sencillamente porque la Ley de Etica Pública es de aplicación a los funcionarios nacionales.

Esta ley, que está cerca de cumplir 20 años de sanción por parte del Congreso Nacional, no ha tenido su correlato provincial, a pesar de que hubo cuatro intentos truncos: de esas iniciativas, tres fueron al archivo y la cuarta descansa en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado.

Ahora el diputado radical Tadeo García Zalazar ha presentado un texto propio. De acuerdo a la experiencia anterior, no sería extraño que este proyecto también terminara en el archivo.

¿De qué se trata la Ley de Ética Pública?

En el año 94, los constituyentes que redactaban la nueva Constitución Nacional incluyeron en el artículo 36 de la Carta Magna un párrafo en el que declaran que los delitos dolosos contra el Estado, que conlleven enriquecimiento, constituyen un atentado contra la democracia y su autor debe quedar inhabilitado de ocupar cargos o empleos públicos. Además de esto, a párrafo seguido incluyeron una prescripción insalvable a futuro: "El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función".

En setiembre de 1999 el Congreso cumplió con lo establecido en la Constitución Nacional, al sancionar la ley 25.188 conocida como de la Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
 
En ella se fijan deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.

Por esta ley es que un largo listado de funcionarios públicos nacionales deben presentar su declaración jurada de bienes, desde el presidente para abajo, todos los cargos políticos del Ejecutivo, legisladores nacionales, magistrados federales, e incluso rectores y decanos de universidades estatales y hasta empleados públicos encargados de otorgar habilitaciones, entre otros. Estas declaraciones son publicadas por la Comisión Nacional de Etica Pública, la receptora de esa documentación.

La realidad local

Mendoza nunca adhirió a esta ley, ni sancionó una propia. Y esta situación se ha transformado en una historia de decepciones. En el año 2000, otro diputado radical, Fernando Armagnague fue autor de una iniciativa vinculada a este tema y el destino fue el archivo.
 
En en 2003 fue el turno del entonces senador Oscar Presacco, del partido Fiscal (creado por quien fuera fiscal de Estado Aldo Giordano), quien también intentó hacer un aporte en este sentido.

En 2004 hubo otro intento del entonces diputado Roberto Ajo (PD), que también culminó su periplo legislativo en el archivo. Y, por último hubo un intento de parte de los justicialistas Miguel Serralta y Alejandra Maradona, quienes hicieron lo suyo en 2009 y el texto aún está en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado. Por la misma época también la hoy kirchnerista Alejandra Naman, que también está en LAC.

De todos los que presentaron iniciativas, sólo Naman sigue en su banca. La legisladora relata que se puso a redactar su proyecto cuando se trataba el caso del ex comisario Carlos Rico, quien fue funcionario del Ministerio de Seguridad de Celso Jaque.
 
Por aquel entonces, Naman indicaba que Rico no podría haber sido nombrado si existiera una ley de ética pública y por eso se puso a escribir. "Una siempre pregunta, pero esa ley no está en la agenda", dice.

Así es como un amplio abanico de legisladores de varios partidos intentaron que Mendoza tuviera una iniciativa de este tenor para sus funcionarios públicos, pero nunca se logró sancionar definitivamente.
 
El que insiste ahora es otro radical. García Zalazar ha presentado su proyecto de 11 artículos y espera que no continúe la tradición del archivo, como las anteriores iniciativas.