Los inmuebles siempre fueron bienes preciados, pero, en la actualidad, las condiciones económicas y financieras hacen más difícil el acceso a un terreno, y el Estado no está exceptuado de esta situación, por lo que el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley, que aún no logra el consenso opositor, para que se revoquen las donaciones que no han cumplido con el cargo previsto, y de esta manera reorientar la utilidad que se le puede asignar a una porción de tierra.

La demostración de que este tema ya genera opiniones en contra se vio cuando fue uno de los puntos que hizo caer la última sesión de la Cámara Baja de la semana pasada. El gobernador Francisco Pérez había adelantado esta idea en el discurso de apertura de las sesiones legislativas del año pasado, pero la iniciativa recién ingresó a la Legislatura hace poco más de un mes, y la medida aún no logra convencer a sectores de la oposición.

El documento está siendo analizado dentro de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, que en la reunión del jueves escuchó las opiniones de funcionarios del Ejecutivo, tanto de la Fiscalía de Estado y de la Escribanía de Gobierno como de la Asesoría Letrada y del Registro de la Propiedad.

En el artículo 2 de este proyecto se puede leer lo siguiente: "El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de aplicación, realizará un relevamiento de los inmuebles que se encuentren en la situación descripta en el artículo precedente y por decreto determinará los cargos de donación incumplidos de conformidad a esta ley. La Escribanía General de Gobierno realizará las escrituras que en su caso resulten necesarias tendientes a revertir en la titularidad de la Provincia los bienes inmuebles alcanzados por lo prescripto en los artículos precedentes".

Acá es donde comienzan a surgir algunos cuestionamientos, como por ejemplo del lado del radicalismo, que indican que no se puede tratar una ley general cuando no se tiene la información precisa sobre la cantidad de casos en que el beneficiario de una donación con cargo no cumplió con la condición que se le puso para acceder al beneficio de recibir un inmueble que pertenecía al Estado.

Es más, tampoco se cuenta con los datos de cuántos inmuebles han sido donados y dónde se encuentran, por lo que, desde la oposición, se pide que primero se indiquen cuáles son los casos puntuales que necesitan resolución, y se sostiene que no se puede hacer una ley ómnibus.

Con respecto a quién tendrá la obligación de hacer el relevamiento de los terrenos que fueron donados, en el proyecto se establece esta función en el artículo 5º: "Desígnese como autoridad de aplicación de la presente ley a la Dirección de Desarrollo Territorial, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, o el organismo en que recayeren las funciones de esta en caso de supresión o transformación".

Otras de las objeciones expresadas desde la Unión Cívica Radical tiene que ver con que, en muchos casos, las leyes que dieron lugar a una donación con cargo no establecen un plazo para cumplir con el objetivo, según explicó el diputado Tadeo García Zalazar. Entonces, los radicales entienden que al quitarle un terreno a un privado, si no estuvo definido el tiempo en que esa persona o entidad debía cumplir con el cargo, la situación se judicializará y todo el esfuerzo por recuperar inmuebles será en vano.

El cargo en una donación es una obligación que impone el Estado para que quien recibe un inmueble cumpla. Por ejemplo, una unión vecinal recibe un terreno baldío y en ese terreno debe construir un salón comunitario o un espacio verde.

Por el lado del oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, expresó que esta es una ley necesaria, ya que en la actualidad hay planes de viviendas que impulsa el Ejecutivo nacional, como es el Procrear, a los que el Gobierno local podría ayudar con el aporte de terrenos públicos para la construcción de casas, y de esta forma se hace menos cara la posibilidad de que una persona pase a ser propietaria.

"Teniendo el Estado terrenos en los que no se ha cumplido el cargo, no puede un Gobierno salir a comprar tierra, por ejemplo, para hacer una escuela", expresó Tanús. De todas formas, y sabiendo Tanús que este es un proyecto que costará consensuar, el legislador oficialista indicó que la intención en el Gobierno es que esta ley logre el máximo de acuerdo parlamentario, para lo que seguirán trabajando sobre el escrito.