Junto a la provincia de Río Negro, Mendoza es la única que aún espera la aprobación definitiva en la Legislatura para adherir al protocolo nacional que rige en todo el país para que las mujeres puedan ejercer el derecho a abortar en determinados casos. En ese contexto, y tras la media sanción en Diputados, el viernes pasado la senadora justicialista Claudia Segovia presentó un proyecto de resolución para que sus pares nacionales propongan ante el Congreso la derogación del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia en marzo de este año.

Así, mientras la provincia está más cerca de adherir a la guía técnica para la atención integral de abortos no punibles, el debate dentro y fuera de la Casa de las Leyes no cesa. De hecho, las voces a favor y en contra continuaron escuchándose ayer.
 
"Existen argumentos jurídicos y humanos para sostener que el fallo de la Corte va en contra de los pactos internacionales vigentes en materia de derechos humanos que hablan del derecho a la vida desde la concepción", manifestó Segovia en sintonía con los senadores Matías Stevanato (PJ) y Daniel Vílchez (UCR), quienes apoyaron por escrito su postura.

Por ahora, el proyecto de resolución continúa en la Legislatura y podría ser enviado directamente al Congreso de la Nación. El objetivo a corto plazo es buscar el apoyo de los legisladores mendocinos que ocupan una banca en el Congreso. "¿Qué diferencia hay entre una persona que está en el vientre materno porque su concepción fue consensuada y la que no? Creo que si la segunda debería morir por su origen se está incurriendo en discriminación, pero, lo que es peor, la estamos condenando a muerte sin darle ninguna posibilidad", sostuvo la senadora.

Hay que recordar que sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia sentó posición meses atrás, en relación al artículo 86 del Código Penal Argentino, y determinó la posibilidad de aborto (no punible) si la mujer fue violada, si el embarazo representa un peligro para su salud (y no puede ser evitado por otros medios) o bien si la violada "es demente o idiota", tal como lo expresa el Código.

A esa instancia médica, indicaron los jueces, pueden recurrir las personas que así lo requieran sin necesidad de emitir una denuncia policial. La firma de una declaración jurada y de un documento donde aparezca el consentimiento de la mujer bastan para que el Estado tenga la obligación de arbitrar los mecanismos necesarios para dar lugar a su solicitud.

"El fallo de la Corte fue histórico, cambió el mapa del aborto no punible en Argentina. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de mujeres que han sido violadas. Es un tema muy delicado y no me parece justo que se las subestime cuando ellas son las víctimas", expresó Liliana Vietti, diputada radical, responsable del proyecto para que Mendoza aplique la guía de atención y asistencia a las víctimas, vigente en casi todo el país.

Los dichos del senador Vílchez en el marco del actual debate también generaron enojo entre quienes defienden el derecho a abortar. "Si quieren decidir sobre su cuerpo, que se hagan una cirugía estética, pero sobre otra vida no", lanzó el legislador. La contestación no tardó en llegar por parte de quienes defienden los derechos femeninos.
 
"No hay palabras para repudiar semejante barbaridad. Pero además las mujeres de Mendoza repudiamos el silencio del gobernador Pérez y su ministro de Salud, Díaz Russo y exigimos que se cumpla con el derecho", dijo ayer a través de un comunicado Silvina Anfuso, titular del Área Mujer de la Municipalidad de Godoy Cruz.