Mientras el gobernador Francisco Pérez aseguraba que pondrá “todo el empeño” para que el acuerdo de congelamiento de precios hasta el 1 de abril (al que adhirieron las cadenas de supermercados) se cumpla en Mendoza, las asociaciones locales de defensa del consumidor confirmaron que también harán lo suyo para evitar desvíos mediante controles propios y denuncias respectivas en caso de detectarse aumentos.

Así lo aseguraron Consumidores Libres y Protectora, dos de las organizaciones que pondrán sus recursos en la calle, sea mediante compras periódicas como a través de planillas de relevamiento de precios en góndolas, donde ayer permanecía la leyenda “máximo 2 por cliente” que lleva tiempo en los casos del aceite y azúcar .

No obstante, si bien se sabe lo elemental (compromiso de congelar valores en góndola entre el 1 de febrero y 1 de abril para todos los artículos disponibles y respetar ofertas) ayer persistía el reclamo de información precisa sobre las implicancias del acuerdo, esto es, entre otros aspectos, qué medidas se tomarán en caso de desabastecimiento.

“El gobernador tiene facultades de sobra para establecer los precios de los productos en Mendoza, y la ley de Abastecimiento es el instrumento más poderoso. Además, en algunos casos hay recargos de más del 15% en cuotas. ¿Qué pasa si encontramos un aumento del interés? ¿Quién tiene que responder: la cadena o el banco? ¿Cuál se tiene que considerar como precio real del producto que estoy comprando? ¿Y los artículos de librería que están llegando?”, evaluó Eduardo Femenías, de Consumidores Libres, la asociación que tras décadas de relevar precios en Buenos Aires fue multada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Ayer, la entidad definía la implementación de su propia metodología a aplicar desde hoy, según adelantó Femenías: compras periódicas a partir de un listado y desde un monto estimativo de $ 500, con el fin de repetirlas cada 15 días en determinadas cadenas. La canasta incluye bebidas, lácteos, carnes, detergentes, jabón, desodorantes “y otros artículos de primera necesidad”, detalló el dirigente para quien, “más allá de la expectativa, se está viendo sólo la punta de un iceberg”.

El consumidor-inspector

Desde el próximo lunes, Protectora prevé hacer su propio monitoreo con la colaboración de al menos 10 voluntarios, que saldrán a verificar si se respeta el acuerdo munidos de una planilla para control semanal (listado de marcas líderes en productos básicos). La información recabada, en caso de detectarse subas, servirá para formular denuncias.

La asociación tiene un convenio con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación por lo que, de acuerdo a su apoderado legal, Mario Vadillo, “vamos a controlar de manera directa que se cumpla. Si no es así le elevaremos la queja”. Idéntico mecanismo contempla aplicar en Córdoba, Río IV, Rosario y Capital, donde también está.

Por su parte Prodelco ya comenzó a asesorar a los mendocinos. “Una persona me trajo un ticket de la semana pasada y otro actual donde el mismo producto está un peso más caro. Por eso, la gente debería guardar comprobantes y ser su propio inspector”, consignó Susana Yelich, su responsable.

El desconocimiento de las listas de precios vigentes al viernes 1 de febrero, fecha de puesta en vigencia del acuerdo, es una de las dudas que alimenta el escepticismo. “En su momento, Néstor Kirchner sacó una lista de 300 productos que acá nunca llegaron. Se trata de una política, porque la experiencia de la hiperinflación nos enseñó que poner tope a los precios es hacer que desaparezcan”.

“Los precios se dispararon”

Pero, más allá del acuerdo de precios en sí mismo, desde las ONGs se hacia oír un reclamo de mayor transparencia en la formación de los mismos, considerada información clave para determinar cuál es el eslabón que tiene mayor responsabilidad y, por ende, actúa como el motor de la inflación que se refleja en las góndolas. Con el foco en la intermediación, para algunos, como Vadillo, “no sirve sólo el ‘para todos’ sino pensar mecanismos que permitan a los productores bajar costos y vender directo al público”.

A su turno, Femenías consideró que “analizar la cadena de formación de precios es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo”.

Pérez enfatizó que “vamos a poner todo el empeño, desde Defensa del Consumidor y la Dirección de Industria, para que se controle el cumplimiento del acuerdo, y también convocar a la ciudadanía a que denuncie si no se cumple con lo acordado”. Luego reconoció que los precios “se han disparado bastante”, ejemplificándolo con la vestimenta “como cuando se compra un jean de $ 600 que tiene de costo $ 200”.

El mandatario dijo que inspectores del área empezarán a recorrer los supermercados.
“Vivimos en un país de mucho consumo y actividad económica, y en todo lo que podamos ayudar a la conciencia social, servirá. Creo que hemos aprendido mucho en este tiempo como sociedad y ahora sabemos mejor cómo reclamar”, concluyó Pérez.