Cerca de 500 personas participaron este martes de la audiencia pública en la cual se presentó el documento preliminar del Plan de Ordenamiento Territorial. En la misma, el ministro Guillermo Elizalde informó que se eliminó "para evitar suspicacias" el párrafo que recomendaba modificar ley 7722. A pesar de ello, miembros de asociaciones ambientalistas se quejaron de que los invitan a ser participar, pero sus opiniones nunca son escuchadas.

Debido al interés de Francisco Pérez de llegar el 1 de Mayo a la Legislatura con el proyecto bajo el brazo, en la asamblea estuvieron presentes algunos miembros de su gabinete, funcionarios del gobierno provincial, y legisladores del oficialismo. Sin embargo, este proyecto modificará radicalmente la fisionomíade Mendoza a lo largo de los próximos 50 años, por lo que es necesario el concenso de la oposición para que sea viable.

Por este motivo, también se acercaron al Centro de Congresos y Exposiciones algunos diputados de la oposición, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso y diferentes asociaciones ambientales.

Durante la asamblea, todos hicieron uso de la palabra y expresaron sus puntos de vista respecto a la ley que pretende regular el crecimiento de la provincia, delimitando las áreas productivas y evitando que el desarrollo inmobiliario vaya desplazándose hacia el pedemonte.

En este sentido, el diputado Tadeo García Salazar presentó una intervención en nombre de la UCR en la que se manifestaron en desacuerdo con el plan, debido a que entienden que no se tiene en cuenta decisiones estratégicas para su aplicación. "No puede haber plan estratégico si no se tiene información certera, y en la provincia no se mide el producto bruto geográfico ni la inflación", criticó.

Por otro lado, adelantó que si no se atiende a estas observaciones, se opondrán a la aprobación del proyecto en la Legislatura. Mientras tanto, el diputado del Partido Demócrata, Hugo Babolene, subrayó que “es un valor importante para la provincia, pero hay que estudiarla mucho”. “Trabajaremos a la para de los equipos técnicos del partido”, aseguró que el legislador, que dejará el cargo en dos semanas.

Otro que en los últimos días se mostró en desacuerdo con algunos puntos del plan presentado este lunes, es el intendente de San Carlos, Jorge Difonso.

El cacique comunal del PD aseguró que si se modifica la ley 7722, se desataría en la provincia una "guerra por el agua". Por este motivo, también tomo la palabra en la audiencia y agradeció el hecho de que se hayan eliminado el apartado que recomendaba la modificación de dicha norma.

"Es importante y pido que avancemos en el Plan de Ordenamiento Territorial, pero que no se toque la ley 7722", manifestó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, manifestó que “hay que tener paciencia para que se escuchen todas las propuestas”.

“Este tema se resuelve pensando en el futuro, en nuestros hijos. Tanto para que vivan en un ambiente sano y apto, como en un lugar donde haya generación de empleo. Porque a nadie quiere su hijos e vaya a trabajar a Chile o San Juan porque hay minería Que haya en Mendoza posibilidades de desarrollo económico compatibles con el cuidado ambiental”, sostuvo.

DE QUÉ SE TRATA EL PLAN DE ORDENAMIENTO.

En el 2009, tras casi 30 años de discusiones y peleas, finalmente, se llegó a un acuerdo entre los diferentes partidos políticos y se aprobó la popularmente llamada Ley de Uso de Suelo, que creó el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, el organismo que, dependiendo del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, elaboró el documento preliminar del plan de ordenamiento territorial que contiene la recomendación de analizar la ley 7.722.

“Es importante, porque el 95% de los mendocinos vivimos en el 5% del territorio irrigado y sólo un 3% de él son tierras aptas para la producción. Si no entendemos que eso lo cambiamos entre todos y no entre algunos, no llegaremos a ningún lado”, afirmó al respecto Elizalde.

Ambientalistas hicieron sentir su descontento

A pesar de que la audiencia contó con una gran convocatoria, aparecieron varias críticas hacia el proyecto que el gobernador pretende presentar el 1 de mayo en la Legislatura.

La decisión del ministro Elizalde de eliminar los párrafos que promovían la modificación de la ley 7722 no fue suficiente para tranquilizar a las agrupaciones ambientalistas, que criticaron el hecho que desde el gobierno siempre se las convoca a participar, pero nunca se tienen en cuenta sus opiniones.

En este sentido, una de las representantes de la agrupación de autoconvocados de San Carlos, Fabiana Villafañé, se mostró muy dura con el Ejecutivo provincial y aseguró que los funcionarios del Gobierno son “peores que los empresarios mineros”. “Pedimos que por favor nos respeten como ciudadanos y personas, porque esta audiencia es una gran mentira”, subrayó.

Desde la red ambiental OIKOS celebraron la decisión del ministro, ya que aseguran que en ningún lugar del proceso se dijo que la ley 7722 fuera un obstáculo. “Sino mas bien un aspecto positivo que relanza la actividad minera pero a partir de la protección de los recursos naturales y los recursos hídricos”.