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Paco está conforme con el acuerdo hidrocarburífero que plasmó CFK

El Sol - Viernes 10 de agosto de 2012

El gobernador avaló la política forjada por el Ejecutivo nacional y destacó el aumento del precio del gas en boca de pozo.

El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, manifestó ayer su satisfacción con la firma del acuerdo de hidrocarburos con las diez provincias productoras de petróleo, al tiempo que acotó que la sindicatura de las acciones que corresponden a las provincias "abre una nueva etapa de negociación y acuerdo con la Nación". Comentó que ahora se discutirá provincia por provincia y que en el caso de Mendoza el equipo designado por él se reunirá con los funcionarios nacionales para ver la realidad de YPF en su jurisdicción, para plasmar la instrumentación del estatuto societario, que será revisado por la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió ayer la creación de la comisión que regulará el sector energético, negó diferencias con el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y con los gobernadores de las provincias productoras de petróleo, y denunció una "operación política y mediática" para afectar la imagen de YPF. Cristina Fernández de Kirchner habló ayer durante la inauguración de una planta de refinación de petróleo propiedad de YPF en la localidad bonaerense de Ensenada, acto que fue transmitido por Cadena Nacional. Esta planta demandó una inversión de más de 1.400 millones de pesos y permitirá una fuerte reducción en la importación de combustibles, según explicó la jefa de Estado.

Durante el acto desarrollado en la refinería, los gobernadores de las provincias petroleras estamparon sus firmas en el convenio que estipula la presencia de los distritos dentro de YPF, tal como estipula la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. "Que nadie los engañe, que nadie los asuste. Tengan la certeza que esta presidenta no va a tomar medidas que afecten el interés del pueblo argentino", dijo la mandataria, en alusión a comentarios sobre un presunto disconformismo de Galuccio y de los gobernadores petroleros por el decreto 1.277.

El decreto 1.277 –dispuesto en la reglamentación de la ley 26.741– crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburífera (CPCE) y está encabezada por el secretario de Programación Económica, Axel Kicillof. Al conocerse su texto, desde las provincias petroleras dejaron trascender cierta inquietud por las atribuciones que le eran conferidas a Kicillof y la posibilidad de que la Nación avance sobre potestades de las provincias.

Las diferencias se zanjaron durante una reunión que se realizó el martes en el Palacio de Hacienda, en la cual, el ministro de Planificación, Julio de Vido; el secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini, y el propio Kicillof, ofrecieron detalles de la norma a representantes provinciales. Con referencia al acto llevado a cabo en la localidad bonaerense de Ensenada, Pérez destacó: "La inversión en la principal destilería de Argentina va a ayudar a importar menos gasoil y producirlo en el país; también a mejorar la distribución y la comercialización".

"Estamos muy contentos", señaló el mandatario provincial en un comunicado en el que precisó: "El aumento de la base del precio de gas en boca de pozo es una medida muy importante y seguramente va a repercutir en mayores inversiones y mayor atracción para seguir perforando y encontrar gas". También valoró "desde el punto de vista de Responsabilidad Social Empresaria" las acciones de YPF con "los módulos (18 anunció Galuccio) para localidades muy alejadas donde no tienen acceso permanente a combustible, y además con tecnología alternativa como la energía solar".

"A 90 días de haber estado funcionando la nueva YPF, esta rendición de cuentas, el posicionamiento de la empresa, el ahorro de gastos superfluos que tenía la empresa por 45 millones de pesos y que son destinados hoy a la perforación de nuevos pozos petroleros, la verdad que nos pone muy contentos", reiteró. Durante su discurso, que se extendió por espacio de una hora, Cristina subrayó que la gente debe tener "la absoluta certeza" de que durante su gestión "no va a tomar ninguna medida que vaya a perjudicar los intereses del pueblo argentino".

La presidenta salió de esta forma al cruce de las versiones periodísticas que hablaron sobre la presunta existencia de malestar en las provincias petroleras y en el presidente de YPF, Miguel Galuccio, por el decreto reglamentario de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Cristina también recordó las "largas colas" que se observaban en las estaciones de servicio durante el año pasado y en los primeros meses de 2012, y las relacionó con lo que ella denominó "un plan para generar malestar en la sociedad" a causa de faltante de combustibles, mientras la capacidad de producción de las plantas estaba apenas en 82 por ciento del total.

También fueron parte del evento los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta); Jorge Sapag (Neuquén); Alberto Weretiklneck (Río Negro); Martín Buzzi (Chubut), Eduardo Fellner (Jujuy), Oscar Jorge (La Pampa); Francisco Pérez (Mendoza), y Daniel Scioli (Buenos Aires). En el inicio del acto, el CEO de YPF dijo: "Del 83% en que venían operando nuestras refinerías, hoy pasaron a funcionar en su capacidad plena, al 100 por ciento de utilización, con altos rendimientos, casi superando niveles históricos de productos terminados".

En otro tramo de su discurso, Cristina dijo: "Este es un gobierno en el que convive un proyecto de la Nación en el cual las provincias tienen un lugar irremplazable e insustituible". También se refirió de manera particular a artículos que Marcelo Bonelli escribió en el diario Clarín y señaló que el periodista en el 2008 cobró una importante suma en YPF "en concepto de algún servicio". A renglón seguido, la presidenta dijo que resulta necesario contar con "una ley de ética para el cuarto poder" en la que los periodistas "manifiesten si reciben dinero de alguna empresa".

La primera medida de la comisión

La presidenta defendió el rol de la Comisión de Planificación que está a cargo del viceministro de Economía, Axel Kicillof, y adelantó las primeras medidas tomadas por la entidad reguladora, que dispuso una mejora en el precio del gas a boca de pozo para el sector del GNC. "El aumento reportará a las empresas una rentabilidad de 900 millones de pesos, y de 119 millones pesos a las provincias", sostuvo la presidenta. El precio en boca de pozo se encontraba hasta ayer entre 0,13 y 0,15 centavos. De aquí en más, pasó a costar 60 centavos y hubo un acuerdo para que los estacioneros no trasladen el valor al consumidor en los próximos 30 días, hasta analizar la situación en conjunto.

La jefa del Estado dijo: "En los próximos 30 días vamos a estudiar la situación de los estacioneros", al aludir al concepto de "razonabilidad económica" del precio, que es uno de los objetivos que contempla el decreto 1277, que reglamentó la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. También recordó que entre el 2005 y el 2012 el precio del GNC aumentó un 156% en las estaciones de servicio. "Entre 0,13 y 0,15 centavos es lo que se les pagaba a las empresas que explotaban y producían el gas por cada metro cúbico, y sobre ese precio les liquidaban una parte de regalías a las provincias; el grueso del aumento es lo que percibían las estaciones expendedoras de GNC", dijo Cristina.

Incomodidad

El decreto 1.277 generó inquietud en el Gobierno provincial por las condiciones en que quedaba asegurada la potestad de Mendoza sobre la administración de los recursos hidrocarburíferos, pese a que desde el Ejecutivo local se descartó todo tipo de tensión con la Casa Rosada. Así lo comentó en confidencia un legislador oficialista que es una de las espadas del gobernador Francisco Pérez en asuntos energéticos.

Ocurre que el problema impactó a la hora de continuar con el análisis del borrador de la reglamentación de la ley que se sancionó el 30 de mayo y que permitió la creación de la empresa provincial de energía. En la Legislatura está en estudio el bosquejo de la reglamentación –ya que hubo un acuerdo partidario para que tuviera aval legislativo– para que empiece a funcionar la Emesa (Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima), y se espera que la oposición haga sus aportes a lo que elaboró el Ejecutivo y consensuó con sus legisladores. Pero el asunto se demoró un días, hasta tanto el gobernador tuviese claro los alcances del decreto 1277, así que, luego de la reunión que tuvo el martes Pérez con sus pares de la Ofephi, y de la suscripción ayer del pacto federal hidrocarburífero, la semana próxima se avanzará en la reglamentación de la norma que dio vida a la Emesa.

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