Después de la larguísima guerra de los jueces por sus salarios, que duró más de un lustro, la paz que tanto costó obtener al Poder Ejecutivo y a la Justicia podría verse nuevamente amenazada.

Es que ayer el gobernador Francisco Paco Pérez anunció el envío de un proyecto de ley para instaurar la autarquía del Poder Judicial, esto es que los tribunales se manejen con sus propios fondos sin depender del gobierno de turno.

Sin embargo, la Suprema Corte, cabeza local, sólo aceptaría la autarquía si ésta se establece a través de una reforma de la Constitución provincial, pero no la avalaría a partir de una ley enviada por el gobernador.

Este contrapunto inicial podría ser un peligroso chispazo en una relación entre la clase política y los jueces, siempre delicada y de características inflamables.

La cuestión es que cada uno tiene su propio poder de fuego. Y así como el Gobierno puede contar con el apoyo de la Legislatura para aprobar la ley de prepo, aunque a los supremos no les guste, éstos tienen el arma de declararla inconstitucional para sepultarla sin más trámites.

Por eso no hay una sola voz en la Suprema Corte que opine del tema. Por eso ayer cuando surgió la novedad la Corte no habló y probablemente no lo haga. Eso sí, en los pasillos se escucharon de modo informal y largamente cuáles son los términos de los supremos para aceptar una autarquía.

El proyecto de ley

Para entender de qué se trata es necesario decir que con autarquía o sin ella siempre los fondos con los que se maneja la Justicia son los que recauda el Estado de sus impuestos.

La diferencia es que hasta hoy los que manejaron la billetera estatal del Poder Judicial fueron los gobiernos de turno, a los que éste debe ir a pedirles lo que necesita para el año.

Por eso cuando hay que discutir salarios para los trabajadores de la Justicia, como es el Gobierno el que maneja la billetera, es en consecuencia el que se sienta a negociar.

El régimen de autarquía, por el contrario, aseguraría por ley al Poder Judicial los fondos para todo el año, ingresos con los cuales debe arreglarse, administrando su dinero para que le alcance.

Con esta vuelta de tuerca el Gobierno se saldría del dolor de cabeza de la paritaria salarial judicial, que quedaría sólo en manos de la Corte, y del pago de los sueldos de los jueces (hoy el Ejecutivo les adeuda el aumento de principio de año).

Así, el proyecto de ley del gobernador Pérez tiene previsto que el presupuesto de la Justicia salga de porcentajes fijos de distintas bocas de recaudación del Estado –podría ser Ingresos Brutos, regalías, tasas entre otros– asegurando la suma anual que la Justicia administrará.

A los jueces de la Suprema Corte nunca les cayó demasiado en gracia el régimen de autarquía judicial y siempre tuvieron la suerte de que varios gobernadores que enunciaron la idea de implementarlo se quedaron en palabras. Hasta ahora.

Pérez enviará el proyecto, que para desgracia de los supremos contaría en la Legislatura con el apoyo de casi todos, esto es peronistas , radicales y demócratas, que comparten la idea de instrumentar el cambio. Lo único que puede demorar su aprobación es el modo de cómo se le provee el presupuesto a la Justicia.

Con reforma sí, por ley no

En la Suprema Corte ya tienen una posición tomada: “Sólo se aceptará una autarquía si ésta se realiza a través de una reforma constitucional. De ninguna manera se puede aceptar por una ley, porque dentro de dos años el Gobierno podría querer reducir el presupuesto de la Justicia y le bastaría reformar la ley en la Legislatura para hacerlo”, indicó a Diario UNO una alta fuente del máximo tribunal.

Este detalle es fundamental, porque si la Legislatura avanza y aprueba la ley, cualquier interesado podría plantear que esta debilidad de poder ser reformada no garantiza el servicio de justicia.

Y si una norma no garantiza ese servicio bien podría ser tachada de inconstitucional.

Además los supremos y los jueces no están dispuestos a poner en riesgo sus salarios ante la posibilidad de que un flaco presupuesto fijado por ley o pasible de ser reducido por una modificación amenace la liquidación de sus haberes o los reajustes salariales automáticos que reciben por convenio cada vez que dispone un aumento la Corte de la Nación.

Si algo así ocurriera se afectaría la intangibilidad de los salarios de los jueces y por lo tanto se estrellaría en una inevitable inconstitucionalidad.