Por Sebastián Premici

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral por 227 votos positivos contra tres votos negativos. El Frente para la Victoria consiguió el apoyo de la UCR, FAP-Unen, PRO, Frente Renovador y otros bloques minoritarios. Los que se manifestaron en contra fueron dos legisladores del Frente de Izquierda –Néstor Pitrola estuvo ausente– y Federico Sturzenegger, el único macrista en rechazar el proyecto. Las abstenciones fueron cuatro, tres del bloque de Unidad Popular y Alcira Argumedo (Proyecto Sur). La oposición realizó planteos críticos durante el debate en particular. En la jornada de ayer, que se extendió por doce horas, también se votó el aumento de los montos para las sanciones de aquellas compañías que infrinjan las normas laborales. El diputado Jorge Rivas pronunció un emotivo discurso.

El oficialismo convocó a una sesión especial, a pesar de que podía ser una sesión ordinaria, con el objetivo de impedir que la oposición plantease otros proyectos por fuera de los enviados por el Ejecutivo, como el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Al término de la votación, los opositores intentaron realizar su sesión especial, que no llegó a reunir el quórum necesario, por lo que quedó en la nada.

“Los empleados en negro son trabajadores en un estado de suma vulnerabilidad porque tienen remuneraciones inferiores, no tienen obra social, no tienen una inmediatez en la cobertura de un accidente o enfermedad profesional. Cuando aprobemos este proyecto vamos a dar un paso cualitativamente al futuro”, manifestó Héctor Recalde (FpV), titular de la Comisión de Legislación Laboral.

Desde 2003, la reducción del trabajo informal fue significativa. Pasó del 49,7 por ciento al 33,5 por ciento, es decir, 16,2 puntos porcentuales. Sin embargo, en los últimos años la reducción de la informalidad resultó más dificultosa, al igual que la mejora en los indicadores de desempleo, ubicado actualmente en el 7,1 por ciento. El proyecto sancionado ayer contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral.

“Apostamos a que con esta batería de instrumentos podremos regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitirá reducir la tasa de informalidad de 33,5 a 28 por ciento”, explicó Juliana Di Tullio, presidenta del bloque del FpV. El costo fiscal de la baja de las contribuciones patronales sería de 4100 millones de pesos, que podría ser financiado a partir del mismo proceso de “blanqueo” de las fuentes de trabajo, que pasarían a aportar al sistema de contribuciones sociales.

“No se puede hablar de esta ley sin vincularla con otras normas como el nuevo régimen del peón rural, el que beneficia a trabajadoras de casas particulares y la penalización del trabajo infantil”, manifestó Carlos Heller (NE-FpV). Si bien no hubo un cruce entre ellos, el diputado Carlos Brown, del partido Fe conducido por Gerónimo “Momo” Venegas, cuestionó al Estado por “no hacer nada para regularizar a los peones rurales” y aclaró que “la Uatre fue la única organización que hizo algo por los peones”.

El legislador, que también integra el Movimiento Productivo Argentino junto a Eduardo Duhalde, obvió mencionar las denuncias impulsadas desde el Renatea por el trabajo infantil en distintas producciones agropecuarias. Incluso, existe una demanda penal contra el ex presidente Ramón Puerta por el delito de trata laboral. Durante el debate en el Senado, Alfredo De Angeli (PRO) incluso llegó a justificar el trabajo infantil (ilegal) como una “cuestión cultural del campo”.

“La creación de empleo productivo y formal en el sector privado no depende de leyes laborales ni disminución de aportes a la seguridad social, sino que obedece a condiciones macroeconómicas. En muchos casos la informalidad en las pymes es una salida frente a la presión fiscal más alta del mundo”, argumentó Margarita Stolbizer (FAP-Unen).

El único macrista en oponerse fue Sturzenegger, quien reclamó “bajar los impuestos al trabajo para tener mayor formalidad”. “Este proyecto es una manzana envenenada”, agregó el ex presidente del Banco Ciudad. El bloque Unidad Popular, liderado por Claudio Lozano, había anticipado su voto negativo, pero terminó optando por la abstención. “La propuesta no es bajar los costos laborales y desfinanciar la seguridad social, sino asociar el blanqueo a la productividad y el cambio técnico con un tratamiento preferencial en materia impositiva, tecnológica, comercial, crediticia, dirigido a pymes”, propuso Lozano.

A diferencia de lo que suele decir la oposición sobre las “votaciones a libro cerrado”, durante el debate en el Senado la iniciativa fue modificada en varios artículos. Por ejemplo, se modificó la composición del Comité de Seguimiento de la aplicación de la norma, para una mejor articulación con las provincias. Los integrantes del comité serán elegidos por la AFIP, la Anses y los ministerios de Trabajo y Economía de cada jurisdicción.

“Hay empleadores que abusan de su posición dominante. Hay patrones que tienen trabajadores informales porque son patrones evasores. Para muchos empresarios la ganancia del capital vale más que el derecho de los trabajadores. El proyecto del Poder Ejecutivo es realista, al ofrecer estímulos económicos para los empleadores y sanciones para quienes no cumplan las leyes laborales”, concluyó Jorge Rivas.