El Senado convirtió en ley la modificación del Impuesto a las Ganancias, que ahora grava parte de la renta financiera, como la compra y venta de acciones de las compañías que no cotizan en Bolsa y la distribución de dividendos empresarios, y elimina también las exenciones a quienes vivan en el exterior. El bloque kirchnerista y sus aliados aportaron 41 votos a favor del proyecto del Ejecutivo para paliar la merma de recaudación que genera la suba del mínimo no imponible del impuesto y que exime del tributo a todos los trabajadores con ingresos de hasta 15 mil pesos mensuales. El peronismo disidente y el FAP sumaron nueve votos por el rechazo a los nuevos gravámenes, mientras que los senadores de la UCR no participaron del debate luego de abandonar el recinto “ofendidos” por las declaraciones del presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, a quien –anunciaron– denunciarán penalmente (ver aparte).

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Aníbal Fernández, fue el encargado de fundamentar y defender en el recinto el proyecto del Gobierno –que ya había obtenido media sanción de Diputados una semana atrás–, con el que se busca compensar parte de los 4500 millones de pesos que el Estado dejará de recaudar luego de ampliar la base no imponible del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores que perciben salarios de hasta 15 mil pesos.

La ley sancionada ayer grava ahora con un 10 por ciento la distribución de dividendos empresarios y con el 15 la venta de títulos de las empresas que no cotizan en Bolsa. Fernández recordó que por la alícuota del reparto de ganancias empresarias, el Estado prevé recaudar 1300 millones de pesos, mientras que por el gravamen a los títulos y acciones se calcula que ingresarán entre 650 y 700 millones más. El déficit de ingresos restantes será solventado por el Estado.

Fernández trazó en líneas generales el proyecto, sostuvo que el mismo “amplía la base imponible” y habló de “mejorar el impacto redistributivo”, destacando que se prevé facilitar que el impacto no sea contra las pequeñas y medianas empresas. “No va dirigido concretamente a ese punto. No las toca, no las roza”, dijo el senador kirchnerista como respuesta a los legisladores opositores –especialmente desde el peronismo federal– que habían planteado que la modificación “afectará a las pymes”.

Sin los radicales en el recinto, el Peronismo Federal y el FAP encabezaron la resistencia a la modificación del impuesto. “Es falso que hoy estemos tratando el mínimo no imponible” y planteó que si así fuere se podría analizar si el monto es “razonable” o no. “Acá lo que hay que hacer es ordenar el gasto, no hacer ajuste”, sumó su compañera de bancada Liliana Negre de Alonso y en sintonía con “el Adolfo” agregó que la medida es “una avanzada sobre las pymes”.

La salteña Sonia Escudero siguió la misma línea. Se quejó porque “el aumento del salario no va al trabajador, sino que una buena parte va al Estado, que se apropia (del mismo) a través del Impuesto a las Ganancias”. Luego afirmó que, a su juicio, la medida genera “mayor puja salarial, lo que genera más inflación”. “Perjudica a los pampeanos”, dijo el peronista Carlos Verna para justificar su voto negativo y explicó que el banco de su provincia es de economía mixta y a la hora de repartos de sus dividendos la provincia no pagará Impuesto a las Ganancias, pero sí lo harán sus trabajadores, que reciben parte de los mismos.

En cambio, la chubutense Graciela Di Perna adelantó el voto positivo para la iniciativa, porque “este proyecto puede significar un alivio para la economía”. Aunque la senadora enrolada en el peronismo disidente también se quejó por la baja coparticipación de los impuestos para las provincias. “Después de diez años de este gobierno, de la década ganada, no haber podido en épocas importantes de ingresos especiales hacer una reforma tributaria integral es lamentable”, se quejó el senador Jaime Linares (GEN-FAP). El socialista Rubén Giustiniani reclamó el tratamiento de “una reforma del sistema tributario integral” y volver a establecer el impuesto a la herencia.

Fernández respondió a los cuestionamientos. “No genera ningún perjuicio a las pymes. Habrá impuesto siempre y cuando haya ganancias; si no hay, no hay impuesto”, replicó. Luego salió al cruce de Negre de Alonso, quien había calificado al proyecto como “confiscatorio” porque gravaba doblemente a los contribuyentes: “No se aumentó la alícuota del impuesto, por lo cual la sociedad tributa el 35 por ciento; y si se distribuyeran dividendos, el beneficiario es el que pagará el 10 por ciento. La alícuota máxima seguirá siendo del 35”, sentenció Fernández.

El debate lo cerró el chubutense Marcelo Guinle, quien recordó que el aumento de la base imponible de Ganancias era algo “reclamado por todos” y dijo que el proyecto “en definitiva debe analizarse a la vista de lo que fue una excelente decisión” del Gobierno de “aumentar el mínimo no imponible y actualizar las deducciones diferenciando las distintas zonas del país”. La suerte ya estaba echada e igual que sucedió en la Cámara baja la semana pasada, sólo el kirchnerismo y sus aliados más fieles aportaron los votos para transformar en ley el proyecto.