"Otórguese por única vez una prórroga" al personal del Sistema Penitenciario en funciones que "comprenderá en cada caso los ciclos lectivos que se requieran para finalizar los estudios" (secundarios).

Así lo establece la ley 8.467 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el miércoles pasado, otorgando un plazo mayor a los tres años que disponía la ley 7.493 de 2010. Se trata de la tercera modificación en cuatro años, luego de que en 2006 otra norma legal (7.492) dispusiera como una obligatoriedad el título secundario para los guardiacárceles mendocinos.

"Desde mediados de este año a los aspirantes al Servicio Penitenciario de la Provincia ya se les exige nuevamente haber completado el secundario (para ingresar al instituto de formación). Con los que ya ingresaron sin título hay mayores plazos, pero no pueden ascender hasta que no se reciban", confirmó el director general del Servicio Penitenciario, Sebastián Sarmiento.

Tanto en ese servicio como en la Legislatura, nadie quiere repetir la experiencia ni las dificultades que terminó generando la flexibilización de condiciones de ingreso que dispuesta en 2008 (ley 7.878), en un momento de necesidad extrema de personal penitenciario.

El haber permitido desde ese año el trabajo de guardiacárceles sin título secundario dio lugar a una incorporación masiva de 650 agentes pero obligó a realizar tres modificaciones de legislación en cuatro años. Es que se generaron condiciones para que 52 agentes fueran sancionados en agosto de este año bajo cargos de falsificación de documento.

Se trata del personal penitenciario que permanece acusado de haber fraguado sus títulos secundarios ante la inminencia del vencimiento del plazo otorgado para presentarlo en una de las modificaciones de la ley 7493 en el 2010.

Nueve de esos agentes acusados ya cumplieron con el máximo de 90 días de suspensión que puede disponer la dirección del Sistema Penitenciario con reducción de la mitad del sueldo. Y regresaron a cumplir funciones (se encuentran en la cárcel de San Rafael) a la espera de una posible sanción de la Inspección General de Seguridad (por el momento no hay señales de que se vayan a adoptar) o de una imputación judicial bajo cargos de falsificación de documento público. Una medida judicial así los haría enfrentar penas de hasta seis años de cárcel y -en caso de condena- de exoneración de la fuerza.

El artículo 292 del Código Penal establece que "el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado".

En tanto, otros siete agentes penitenciarios enfrentarán esta semana el inicio de un juicio en su contra acusados de "complicidad de fuga". Es a raíz de la sospechosa evasión de tres internos de Almafuerte (luego recuperados) en enero de este año.

En la actualidad 2.660 agentes penitenciarios custodian a 3.200 internos en las cárceles mendocinas. Cuarenta de ellos han sido destinados al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, ex Cose en Godoy Cruz, ante las medidas de fuerza iniciadas por los operadores de ese sistema.