“Se impone el contralor estatal en cuanto a la calidad de los productos desde el laboratorio hasta el paciente”, anunció la presidenta Cristina Fernández durante un acto celebrado en Casa Rosada que se había convertido en cadena nacional para anunciar el Programa de Trazabilidad de Medicamentos. Presentado minutos antes por el ministro de Salud, Juan Manzur, el proyecto que se propone controlar el trayecto que recorre un medicamento desde las instancias de producción y distribución hasta el paciente, compartió escena con otra fuerte novedad en lo referido a la salud: la promulgación de la ley de medicina prepaga. La entrada en vigencia de la norma “constituye una verdadera política de Estado”, ratificó Fernández de Kirchner, quien refirió de manera directa parte del debate legislativo al respecto, al señalar que “regulación no significa afectar la rentabilidad. Fue un verso de las políticas neoliberales de los ’90 que nadie se traga”. La nueva ley, indicó la Presidenta, “involucra a más de cuatro millones y medio de usuarios”.

“No hay que temerle a esta ley, no se está buscando que alguien se funda”, advirtió la Presidenta en un discurso en que defendió el rol de las obras sociales y fustigó el lobby de las empresas de medicina previo a la sanción de la ley. “Si algo puede acreditar este Gobierno es que no quiere que alguien se funda, y cuando alguna empresa tuvo problemas el Estado hizo su aporte para evitar los despidos”. “Sé que hubo revuelo con esta ley porque decían que podía causar quiebras”, dijo, para enseguida aclarar: “Hay que desmitificar esto de la regulación, que no significa afectar la rentabilidad, eso fue un verso de las políticas neoliberales de los años ’90 que ya no se lo traga nadie. Debemos ser sensatos para dejar de repetir como loros lo que se ha venido diciendo” (ver aparte). El sector no contaba con regulación hasta el momento.

De acuerdo con cifras oficiales, el 60 por ciento de los habitantes de Argentina tiene cobertura en obras sociales y prepagas, mientras que el 40 restante recurre a la salud pública. “El 80 por ciento de afiliados a prepagas está en cinco empresas, no nos parece mal, pero estamos hablando de la necesidad de regular a un sector tan importante y que tiene mayor nivel de queja que las obras sociales”, agregó.

Poco antes del discurso de Fernández de Kirchner, Manzur había presentado el Programa de Trazabilidad de Medicamentos, por el cual su ministerio firmó convenios con el de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner. El control, que se hará efectivo a partir del 15 de junio, en una primera etapa se ejercerá sobre unos 200 productos: medicamentos oncológicos, para enfermos hemofílicos y de VIH, por ser los más caros y, por ello, más susceptibles a ser adulterados o robados.

Cada medicamento será identificado por un número único e intransferible, con el cual quedará registrado en una base de datos online de la Anmat. Luciano Di Cesare, director ejecutivo del PAMI, que en el mismo acto suscribió un convenio de gestión de compra de medicamentos con los ministerios de Manzur y Kirchner, explicó a este diario que gracias a esos códigos “los medicamentos serán seguidos a lo largo de todo su camino”. Eso “es importante para el paciente porque da seguridad al medicamento, pero también sirve para medir los costos en el sistema”, explicó.

Actualmente, los medicamentos pueden seguirse a través de los datos de partida y lote. El nuevo sistema “individualiza la unidad, le da una suerte de DNI”, y su paso debe quedar asentado en cada una de las etapas del proceso desde la producción hasta la comercialización. “Si el medicamento es importado, el laboratorio y su ingreso, si es nacional, su producción. El sistema informa cuando pasa a droguería; después, a farmacia.” En la última etapa, el paciente podrá verificar la legitimidad del medicamento enviando el código único por mensaje de texto (sms) o ingresando en el sitio web de Anmat. De ese modo, explicó Di Cesare, “si lo roban, no puede ser comercializado”, porque será detectado en los controles; “si vence, tanto como si es robado, debe ser dado de baja”. El sistema también permitirá detectar los remedios falsificados o adulterados, que no podrán ingresar al sistema por carecer de ese código único. “Esto da transparencia al sistema”. La Presidenta adelantó que en una próxima etapa se sumaría también “la digitalización de las recetas médicas para tener una fotografía más acabada de la salud”.

“Como explicó la Presidenta, una parte de la población tiene seguro médico público”, aclaró el funcionario del PAMI. Es para ellos, continuó, que el Estado compra medicamentos “para patologías de alto riesgo”. Ese tipo de compra “responde a demanda” e implica “un volumen anual de mucho dinero porque cada unidad es cara”. Con el convenio entre el PAMI, los ministerios de Desarrollo y Salud, “no centralizamos las compras, sino que integramos. Aprovechamos la estructura ya existente para lograr un menor precio y alcanzar a mayor población beneficiaria”.

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