El Gobierno apura el armado del proyecto de la ley de Administración Financiera que apunta a reemplazar a la Ley de Contabilidad vigente desde 1972. La idea es aumentar los mecanismos de control a partir de la creación de la Sindicatura General de la Provincia para realizar auditorías internas y también agilizar los procesos de endeudamiento y licitaciones. Estos dos puntos, antes de conocerse el texto definitivo, son los que ya generan cierta resistencia opositora.

El documento será terminado, a más tardar, el jueves de la semana que viene y una vez puesto el punto final será remitido a la Legislatura para ser tratado. Al igual que la Nación y algunas provincias como Santa Fe y Córdoba, Mendoza emitirá su propia ley.

"La idea es que haya un control de méritos y que se complemente la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los principios de contabilidad se respetarán y se incluirán en esta nueva ley. Se tendrán en cuenta, además, distintos sistemas y subsistemas de la administración pública como el presupuesto, la tesorería, las compras, la publicidad, entre otros temas", explicó el subsecretario de Hacienda, Juan Gantus, uno de los encargados de elaborar la normativa junto a legisladores del justicialismo.

El modelo que tomará el Ejecutivo provincial para poner en marcha las auditorías internas será la Sindicatura General de la Nación (Sigen) creada en 2007 como parte de las modificaciones a la Ley de Administración Financiera. En la práctica, se trata de una entidad con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera, pero dependiente del Ejecutivo, cuyo rol es el control interno de las áreas que componen el Poder Ejecutivo, los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica.

La idea del gobierno de Francisco Pérez es imitar el esquema nacional y aunque no está totalmente resuelto se espera que el funcionario a cargo sea al igual que a nivel nacional denominado Síndico General de la Provincia y lo designe el Ejecutivo con rango de secretario. Aún están por diseñarse los requisitos, es decir, si debe poseer título universitario validado en las facultades de Ciencias Económicas o Derecho y la cantidad de directores que lo sucederán. A nivel nacional son tres.

La Sindicatura provincial se complementará con la labor del Tribunal de Cuentas que realiza controles sobre la transparencia del Estado pero como un organismo extra poder, independiente del Ejecutivo. "La ley exige incrementar la cantidad y la calidad de la información del Estado", continuó Gantus.

Los otros dos puntos en los que hará foco la ley es en la agilización de los procesos de endeudamiento y de licitación. En el primer caso quedó poco claro qué se hará específicamente ya que el artículo 41 de la Constitución provincial prohíbe "autorizar empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara".

Al respecto, Gantus dijo: "Vamos a receptar los preceptos constitucionales y no vamos a entrar en conflicto con temas como las mayorías necesarias. Lo que queremos es incluir herramientas para agilizar el proceso de deuda y la necesidad de financiamiento estacional. Estamos viendo la emisión de letras del Tesoro cuyos plazos no sean mayores al ejercicio corriente", expresó el subsecretario de Hacienda, quien aseguró: "Estamos viendo cómo lo incluimos para que no haya malos entendidos".

Estos recaudos se deben a que desde la oposición se baraja la posibilidad de que el Ejecutivo quiera incluir una cláusula con la toma de crédito automático. "Se habla de un 20 o 30 por ciento de crédito sin la necesidad de pasar por la Legislatura", manifestaron desde el radicalismo. Sin embargo, desde Hacienda aseguraron que "se respetarán a rajatabla los preceptos constitucionales".

El último punto, entre varios, que trata el proyecto de ley es la agilización de las licitaciones y compras del Estado.

"Eliminamos la licitación privada y apuntamos al uso del catálogo de compras", detalló Gantus. La licitación privada es similar a la pública, pero las invitaciones se hacen en forma expresa a determinadas empresas y no por anuncio público. "Nos parecía innecesaria", explicó el subsecretario, quien además apuntó a achicar los plazos de licitación y a evitar la burocracia de determinados procesos administrativos. "Los detalles los daremos a conocer cuando se entregue la " resumió el funcionario.

En detalle

El proyecto de ley de Administración Financiera que prepara el Ejecutivo tiene tres ejes centrales.

Control interno. Propone la creación de la Sindicatura General, un organismo que controlará los actos de gobierno para asegurar mayor transparencia y dependerá del Ejecutivo . Se diferencia del Tribunal de Cuentas porque éste es un órgano extra poder.

Deuda. Se busca agilizar la toma de créditos. Desde la oposición se pone reparos porque creen que el Ejecutivo podría obviar la autorización legislativa que hoy la Constitución impone.

Licitaciones. También se pretende aminorar los tiempos de los procesos de compras y eliminar las llamadas licitaciones privadas.