El ánimo está sobreexcitado en la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se da cita en Mendoza. Mucho más para el mendocino Francisco Paco Pérez, quien anoche logró un premio a la fidelidad en el mundo K: los presidentes lo ungirán como coordinador del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur (FCCR), un organismo que idearon Néstor Kirchner y Lula en el 2004, en Belo Horizonte, pero que recién se institucionalizó el 18 de enero del 2007, en la Cumbre de Jefes de Estado de Río de Janeiro.

Pérez presidirá este foro por un año y, hoy, los mandatarios también confirmarán que, quien suceda al mendocino, será un gobernador brasileño. El propósito de este ente, que se quiere reimpulsar, es proponer iniciativas para la implementación de políticas regionales que busquen "el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de sus territorios, así como formular recomendaciones", por intermedio del mercado común.

Pérez alcanzó la presidencia del FCCR con el aval de sus pares, la mayoría kirchneristas, luego del encuentro que llevaron adelante antes del inicio de la reunión de cancilleres, al mediodía de ayer. Hasta el viernes, nadie podía suponer que la agenda de esta cumbre sería trastocada violentamente por la salida intempestiva del poder del ex presidente paraguayo Fernando Lugo.

Con lo que, el Mercosur, un bloque de naciones que, en términos reales, poco podía aportar para solucionar las asimetrías económicas que se están dando entre los países miembros por fuertes intereses en cada uno de los territorios, cobra relevancia por las mismas razones y fantasmas que han acosado a Latinoamérica los últimos treinta años.

La vieja diatriba entre la oligarquía terrateniente y sectaria contra los movimientos sociales de los más postergados del subcontinente se instala con fuerza en estas deliberaciones, dotando de un fuerte contenido político al bloque que, desde lo económico, ya viene siendo golpeado por la crisis global, con severos problemas para responder al proceso inflacionario en Argentina y a las restricciones proteccionistas que se dan entre los más poderosos del grupo, como Brasil y la propia Argentina.

El último contexto condiciona el encuentro en Mendoza y, desde ya, lo torna más atractivo, paradógicamente, aunque por los motivos más tenebrosos: aquellos que provocan los fantasmas desestabilizadores. Y no ha dado espacio para avanzar en otras cuestiones que no sean las estrictamente vinculadas con la condena unánime a lo sucedido en Paraguay, hoy técnicamente suspendido del bloque, lo que le abre las puertas a Venezuela para integrarlo como socio pleno.

Es, también hay que decirlo, el clima óptimo para que Cristina Fernández busque el mayor de los lucimientos al frente del encuentro en el plano en el que se mueve con mayor fluidez y comodidad. Los recientes sucesos en Paraguay recuerdan lo ocurrido en Ecuador (2010), en Honduras (2009), en Bolivia (en el 2008 y ahora con el reciente levantamiento policíaco que sufrió Morales y que hicieron temer por su presencia hoy en Mendoza) y en Venezuela (2002).

La asistencia de casi una decena de gobernadores argentinos también ha sido interpretada y sostenida por la necesidad que tiene el oficialismo de reunir a la mayor cantidad de adherentes al modelo, apoyo que el propio Gobierno requiere para dar señales internas frente a la irrupción en escena de Hugo Moyano.

La movilización encabezada por el camionero el miércoles con un claro y fuerte tinte opositor –aunque débil todavía como para ser tenida en cuenta como una nueva expresión política que pueda llegar a poner en tela de juicio la hegemonía de Cristina– también se coló en las motivaciones políticas de esta cumbre de presidentes, como la más clara manifestación en la superficie de los máximos temores del Gobierno y de la situación vernácula.

Así lo dejó entrever el mensaje del canciller Héctor Timerman ayer, cuando aludió a las amenazas que cree el Gobierno se ciernen sobre la estabilidad en Argentina. Ha habido, es cierto, algo de sobreactuación del funcionario, como también de la líder de Abuelas, Estela de Carlotto. Ambos en el Polimeni enfatizaron sobre la agitación de tales fantasmas que el Gobierno mezcla –por mera conveniencia– entre los que acechan a la región y aquellos que denostan la política K en Argentina. Ni tanto ni tan poco, pero el estilo es ese.

Todo o nada. Pese a los esfuerzos que ha hecho Cristina por demostrar lo contrario. El último ejemplo ha sido su reciente aparición en San Luis, una provincia opositora que en diez años nunca fue visitada por los líderes de la administración K. Pero las señales por aparecer amplios no alcanzan y resultan endebles y de poco sustento.

Todo el Gobierno mendocino, y en especial la cabeza del Ejecutivo, Francisco Pérez, ha entendido que en el mundo K se juega el todo por el todo y de ahí el papel del mandatario en este momento que considera histórico y único, para la Provincia, desde ya, pero también en lo puramente personal en cuanto a su supervivencia y futuro dentro del esquema de gobierno.

Cuando pase este día, el del desenlace de una semana cargada de asuntos supra y extraprovinciales, Pérez volverá a la realidad local, más allá del premio que se le concedió.En una Cumbre del Mercosur ordinaria, como las que se venían desarrollando hasta ahora, el gobernador podría haberle sacado más provecho del que logró en lo personal para flexibilizar las trabas que impone Brasil a los productos de origen mendocino; una pulseada que en realidad depende de otras negociaciones más influyentes y determinantes.

Claro que tampoco el ánimo ayudaba. Esta fue una semana en la que, antes de ser dominada por la cumbre y el tema Paraguay –país que quedó finalmente suspendido del bloque siendo esta la conclusión excluyente de la reunión de ayer entre los cancilleres y que se terminaría por confirmar hoy hasta tanto se llame a elecciones libres y transparentes–, la crisis financiera se había instalado con fuerza, a tal punto que Cristina fustigó a las provincias por los continuos pedidos de auxilio financiero. Un despropósito mayúsculo que debería obligar a los gobernadores a forzar una rediscusión del actual orden que está establecido