Poco antes del mediodía en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, el gobernador Francisco Pérez hará entrega a autoridades legislativas de su proyecto de autarquía judicial. No estará presente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, aunque sí asistirá su representante institucional, Raúl Vicchi.

Es un secreto a voces que la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte ofrece serios reparos a la iniciativa, que consideran un virtual endoso de la paritaria judicial. Se trata de la negociación salarial más conflictiva de los últimos años, a raíz de las fuertes y crecientes diferencias de ingresos entre los magistrados (enganchados a los salarios de la Corte nacional) y los empleados judiciales (condicionados por los aumentos al resto de los estatales).

Anoche, en una conversación telefónica reservada entre el vicegobernador Carlos Ciurca y Vicchi, se acordó la presencia del representante de la Suprema Corte esta mañana en la Casa de Gobierno y ambos se pusieron de acuerdo en participar de un "ámbito de discusión" que permita a la Suprema Corte proponer sus modificaciones, sobre todo en lo referido a los ingresos fijos de los que dispondrá el Poder Judicial.

El proyecto del Ejecutivo tiene once artículos y establece que "el Poder Judicial funcionará con plena autarquía financiera" y cuenta con "amplias facultades de administración de los bienes y recursos asignados por ley" (art 1). Le fija como fondos propios: "el 7,90% de los Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y coparticipación federal más el total de la Tasa de Justicia", según establece el artículo 6.

La suma de todos estos ítems a valores actuales del presupuesto significa un total de 750 millones de pesos, una cifra similar a la que actualmente dispone el actual presupuesto judicial.

Esto deja disconforme a la Suprema Corte. "Están proponiendo un 4,5% del presupuesto general y para atender los sueldos y las obras que necesita el Poder Judicial hay que llevar todo al 8%", dicen en Tribunales muy cerca de la Suprema Corte. "Hay que comprender que el Poder Judicial no genera recursos, más allá de una tasa de Justicia que significa sólo 15 millones de pesos", se quejan. Argumentan que para establecer una autarquía judicial habrá que reformar la Constitución provincial especialmente en su artículo 171".

En ese sentido, el proyecto de reforma constitucional que también está a punto de presentar el gobernador Pérez tiene incorporadas la autarquía judicial y la autonomía municipal.

Todo indica que los porcentajes de impuestos destinados al Poder Judicial se modificarán hacia arriba tras la negociación con la Corte en ámbitos legislativos. En ese sentido se podrán acercar a los propuestos durante el gobierno de Roberto Iglesias, cuando (junto a su ministro de Gobierno Juan Carlos Jaliff) ofreció a la Corte el 8,6% de Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y coparticipación.

La iniciativa legal sobre la autarquía judicial que se presentará esta mañana en la Casa de Gobierno cuenta con el respaldo del justicialismo y el radicalismo y tiene el acompañamiento demócrata. Es el último entendimiento múltiple del oficialismo y la oposición, antes de su rompimiento en junio pasado.