En medio del debate de la Ley de Seguridad, y ante las indefiniciones de si es de “emergencia” o no, el gobernador Francisco Pérez anunció ayer una batería de acciones, sobre todo vinculadas a la incorporación de tecnologías, aunque volvió a evitar encuadrarlos como un plan de urgencia. Los anuncios los hizo en el marco de la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, quien llegó a la provincia para abrir una mesa de coordinación interprovincial en la lucha contra el delito y el narcotráfico.

En referencia a la discusión local que ocupa a la Legislatura, en donde se debate la aprobación de un paquete de 15 leyes, el Gobernador volvió a distanciarse de hablar de “emergencia”, y circunscribió las acciones a la aprobación de las normas que luego se convertirán en “herramientas prácticas”.

De esta manera, el mandatario volvió a bajarle los decibeles políticos a una debate que puso en el centro de escena el vicegobernador, Carlos Ciurca. Al respecto, ayer el mandatario contestó ante la pregunta de si declararía la Ley de Emergencia: “No es una cuestión semántica ni dialéctica, una palabra más o menos. Lo que quiere la comunidad son herramientas conducentes”, dijo en referencia a lo que pueda surgir del debate legislativo.

En contraposición, en la Legislatura hay tres proyectos de emergencia que aguardan tanto una síntesis que implique una unificación que supere diferencias, como un guiño desde el Ejecutivo. Sobre esto, ayer Pérez ponía en valor la media sanción que logró la primer medida tratada dentro del paquete (la creación de juzgados correccionales tengan competencias de flagrancia), a la vez que puso en suspenso la declaración de emergencia.

“Nos parece que la primera (ley) que salió es muy importante, es una herramienta práctica y ejecutiva dentro del Poder Judicial. Veremos cuando se sancione una ley que tenga que ver con el Poder Ejecutivo y ahí consideraremos cuál es la mejor manera de aplicarla y llevarla adelante”, dijo Pérez, dejando de lado su respuesta sobre si finalmente declarará la emergencia y pateando la pelota al campo de la Justicia.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, señaló que llevará “más proyectos a la Bicameral de Seguridad”, aunque no dio precisiones sobre su contenido y objetivo.

“El mapa del delito”

La visita de la ministra de Seguridad de la Nación, una funcionaria caracterizada por su bajo perfil, fue en el contexto de la presentación de un “mapa regional del delito”, una idea que trae malos recuerdos en nuestra provincia, a partir de la idea fogoneada por Celso Jaque durante su campaña para la gobernación. Pero fuera de la connotaciones, la “herramienta” presentada tiene como misión “trabajar en forma coordinada con el conjunto de las provincias de Cuyo”, para que las distintas jurisdicciones manejen la misma información en cuanto a la identificación de personas.

Con esto apuntan a hacerse fuertes en lo que sería la ‘ruta del narcotráfico’, que comprende el norte del país y la salida desde Mendoza al Pacífico, por Chile, y al Atlántico por Buenos Aires, según explicaron. Para esto se puso en funcionamiento “una mesa que establece una amplia agenda de trabajo y que tiene que ver con la capacitación de personal, de inteligencia criminal, con una base de datos, y articulación entre la policía provincial y las fuerzas federales”, tal como explicó Rodríguez.

Fuera de lo anunciado, la funcionaria instaló el debate al mencionar que por la emergencia de seguridad en Buenos Aires, su ministerio había colaborado con gendarmes que trabajaban en conjunto con las fuerzas policiales. Pero esto no se replicaría en nuestra provincia: “En Mendoza hay varios escuadrones, no hay ningún otro requerimiento en ese sentido. El Gobernador me comentó que el debate está en el lugar que corresponde: en el Congreso”.

Luego Pérez precisó sobre esta idea y anunció que le pedirá a la Nación que retornen los 20 efectivos de las fuerzas federales que restan ser devueltos, luego de que la provincia enviara bajo el Operativo Centinela a 200 gendarmes a Buenos Aires, de los cuales ya regresaron 180.

Por otro lado, la visita de la ministra fue anunciado bajo la firma de un convenio por 3,5 millones de pesos que “se destinarán a la compra de recursos tecnológicos, a la incorporación de equipamiento y a la adquisición de un escáner que analizará todo tipo de sustancias ilegales y de armamentos, el cual rotará en las fronteras”, anunció Pérez.