Con las firmas del gobernador Francisco Pérez y del ministro Rolando Baldasso, la presencia del vice Carlos Ciurca y las asistencias a la Legislatura del superintendente general de Irrigación, José Luis Álvarez y del secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Francisco García Ibáñez, el Ejecutivo envió al Senado el proyecto de "promoción de desarrollo rural" a través de "un Banco de Tierras". Permite la expropiación de 13 mil hectáreas y su redistribución mediante mecanismos de licitación pública, concurso público o privado o adjudicación directa. Esto generó rechazos iniciales entre legisladores de la UCR y el PD .

La norma dispone que las fincas de 10 o más hectáreas que acumulen deudas exigibles con Irrigación o con Rentas que superen su avalúo fiscal serán declaradas "de utilidad pública y sujetas a expropiación". Y pasarán a integrar un Banco de Tierras Rurales junto a los terrenos fiscales nacionales o provinciales. Todos ellos serán "afectados al desarrollo de proyectos productivos a través de planes de colonización".

La iniciativa prevé que "comprendan procesos productivos completos desde el inicio de la explotación hasta la comercialización"; que "involucren procesos asociativos de economía social o familiar"; que "incorporen valor agregado en origen, promuevan el arraigo rural o incentiven la participación de la juventud en el desarrollo rural".

El proyecto de ley fue anunciado el pasado primero de mayo por el propio Gobernador durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa aunque entre la presentación inicial y el envío efectivo (106 días después) hubo dos cambios. En primer lugar se evitó la mención expresa de un plazo de morosidad, en lugar de los iniciales diez años de endeudamiento que mencionó el Gobernador.
 
Es decir que se contempló la ley (6.553) que establece una prescripción de las deudas con el Estado a los cinco años, aunque esto sólo es aplicable a aquellos productores que hayan presentado un pedido judicial expreso de prescripción. En el proyecto final se habló de montos (el equivalente al avalúo fiscal de la finca) antes que de plazos de incumplimiento.

En segundo lugar, se agregó el endeudamiento ante Rentas y no sólo se contempló la morosidad sobre el del canon de Irrigación por derecho a riego.

"Son 13 mil las hectáreas que se encuentran en estado de abandono. Se trata de una superficie equivalente a un oasis semejante al del departamento de Tupungato. Sobre ese total, 4.500 hectáreas están registradas en la cuenca del río Atuel, otras 4.500 en la del río Diamante, 2.500 en la del Tunuyán Inferior y 1.500 en la del río Mendoza", destacaron Álvarez y García Ibáñez. La mención de estas cuencas involucra a San Rafael, General Alvear, Rivadavia y Lavalle.

Exceptuados

El proyecto exceptúa del proceso expropiatorio a las unidades económicas menores a las 10 hectáreas. Si bien no hace mención expresa, se descuenta que tampoco deja afectadas a aquellas fincas incluidas en emergencias agropecuarias, ya que en estos casos el compromiso de pago del canon para Irrigación lo asume el Ejecutivo.

En algún momento se especuló que el Ejecutivo no utilizaría en su proyecto la palabra "expropiación" y en su lugar privilegiaría la de "recuperación" tomando la experiencia de las "empresas recuperadas". Si bien reconoce "la propiedad privada como base material de la libertad personal" y su rango de "protección constitucional", aclara que "el ejercicio (de este derecho) no es ilimitado ni absoluto sino que debe enmarcarse en un orden justo" que no permita dejarlo "abstraído del bien común".
 
La norma respeta el proceso expropiatorio que requiere de una calificación previa de utilidad pública a través de una ley y contempla una indemnización, de la cual se deducirá el monto de la deuda.

A la hora de hablar de la metodología de definición y entrega a los nuevos dueños de los lotes expropiados, se remite a la Ley 4.711 que contempla mecanismos de la licitación pública, el concurso público y privado y la adjudicación directa. La decisión será adoptada por un Consejo de Promoción del Desarrollo Rural, conformado por tres representantes del Ejecutivo (Agroindustria, Infraestructura y Ambiente), otro por el municipio donde se ubique la finca expropiada, y uno más por Irrigación.

En el Gobierno se hace notar que "hay 6 mil productores ?sin tierra' en el Programa de Agricultura Familiar que esperan con enorme expectativa la posibilidad de asumir la reactivación de las 13 mil hectáreas improductivas".

El proyecto se discutirá en la Legislatura cuando la última temporada ha registrado sensibles bajas en los niveles de producción de uva, ajo, aceitunas y duraznos por efectos de la helada, el granizo, la falta de agua o la caída en los niveles de rentabilidad.

Los índices de morosidad muestran crecimientos de hasta el 50% en los ríos Atuel y Diamante y orillan el 20% en los ríos Mendoza y Tunuyán.