El programa de achicamiento de gastos, dispuesto en el Estado provincial para enfrentar un segundo semestre con complicaciones financieras, contempla el establecimiento de modificaciones en el régimen de contrataciones.

El gobernador, Francisco Pérez, ordenó que se termine de definir el borrador de un proyecto que modifica la Ley de Contabilidad de la provincia, apuntando a acortar los tiempos en los procesos de licitación, una idea que ya intentó aplicar su antecesor Celso Jaque, aunque sin éxito.

"Estamos revisando todo el procedimiento de licitación con la intención de reducirlo de dos meses a 30 días", confirman en la Casa de Gobierno.

El tema se viene trabajando en el Ministerio de Hacienda de Marcelo Costa, cuenta con la revisión de la Secretaría Legal y Técnica de Francisco García Ibáñez y pronto pasará a la órbita del vicegobernador Carlos Ciurca con la intención de buscar un consenso legislativo que permita su aprobación.

El borrador del Ejecutivo prevé la modificación del actual régimen de doble control de la Contaduría General de la Provincia y lo remplaza por uno simple. Es que prevé la eliminación del control previo a una imputación (o reserva de una partida para el gasto) y concentra la tarea de contralor de la Contaduría en el momento del devengado (es decir cuando se ordena el pago).

Al mismo tiempo, dispone la ampliación de la base de acceso público a los procesos de contratación mediante la publicación en la web de las ofertas por catálogo, el listado de los proveedores y la ampliación de la compra electrónica.

Intentos anteriores de eliminación de los controles en la etapa de la imputación han recibido resistencias técnicas entre los contadores que han alertado sobre el riesgo de aprobar gastos sin la partida efectiva prevista.

La propuesta actual de modificación forma parte de un programa general de eliminación de costos "evitables" que se generan por "procedimientos burocráticos". Estos incluyen el pago de sobreprecios por los valores que presentan los proveedores tras incluir las demoras habituales en las cancelaciones del Estado y las mayores erogaciones por el reconocimiento de mayores costos en la obra pública a raíz de las demoras del propio Estado en los pagos de los certificados de avance de obra. En este sentido, en el propio Gobierno provincial se reconoce que para ello "no es necesario modificar la ley de obra pública".

La reforma a la ley de Contabilidad de la Provincia es una tarea que el Ejecutivo incluye en un capítulo que denomina "Ley de Administración Financiera" y tiene vínculo directo con el funcionamiento de la nueva agencia de recaudación fiscal. Todo con el fin último de tratar de equilibrar los ingresos y los egresos de una provincia que arrastra déficits durante los últimos cinco años.

La propuesta rescata un intento anterior frustrado de la época de Jaque. En esa oportunidad una comisión técnica redactó un borrador que incluía cambios en la consideración de cinco puestos estratégicos en el manejo de los fondos públicos: el Contador General, el Tesorero, el director de Compras y Suministros, el director de la Deuda Pública y el titular de Finanzas. Los dos primeros (contador y tesorero) hoy tienen acuerdo del Senado y duran "hasta que decidan irse", mientras que los otros tres (directores de Compras, Deuda y Finanzas) son puestos políticos rotativos.

La iniciativa del anterior gobierno proponía un origen técnico y acuerdo del Senado para los cinco cargos, aunque no "de por vida" sino por dos períodos (tal como sucede con el cargo de Superintendente General de Irrigación). Pero el proyecto naufragó y nunca pasó el estado de "borrador". En la actualidad, no ha trascendido aún qué dice sobre estos cinco puestos estratégicos el borrador de Pérez.