Francisco Pérez rechazó ayer el pedido opositor para que se plante firme ante la Nación por el reciente decreto presidencial que podría terminar atentando contra la autonomía provincial en materia hidrocarburífera y aprovechó además para cargar duro contra los radicales, a quienes les pidió que “no se rasguen las vestiduras ya que nunca han traído una inversión petrolera a la provincia”.

El gobernador hizo ayer su primera aparición pública desde que se conocieran el viernes los alcances del decreto 1.277 firmado por Cristina de Kirchner, en el que otorgó amplias facultades para intervenir en la política petrolera a una comisión tripartida de funcionarios nacionales.

La medida desencadenó una fuerte reacción de la UCR, que le pidió al mandatario no sólo una queja enérgica ante el Gobierno nacional por este tema sino que además impulsó ayer en la Legislatura un proyecto para que se declare la inaplicabilidad del decreto presidencial, ya que se estarían violando los alcances de la Ley de Hidrocarburos, conocida como Ley Corta.

“Yo no creo que el decreto avance sobre las provincias. Un decreto no puede estar por encima de una ley. De ninguna manera el Gobierno nacional quiere avasallar las autonomías provinciales. Además este tema no está terminado: falta la reglamentación de la norma. Este decreto es abstracto y el ataque es político”, defendió Pérez en un contacto con los periodistas que mantuvo al finalizar el lanzamiento del programa Merproar (Mercado Productos Argentinos ) en la Bolsa e Comercio.

Más allá de que evitará confrontar con la Casa Rosada, el mendocino anticipó que pidió modificaciones de la medida presidencial dando a entender que la decisión de la Presidenta en definitiva no es inocua para el negocio petrolero.

Luego de una ronda extensa de conversaciones telefónicas que abarcó a casi todos los gobernadores de las provincias productoras de petróleo, Pérez anticipó ayer que le pidió al jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, que la Ofephi (Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos) sea incorporada a la comisión tripartita que estará a cargo de Axel Kicillof, el viceministro de Economía y director de la petrolera estatal, de Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, y de Daniel Cameron, el secretario de Energía y que tanta polémica generó. “Me comuniqué telefónicamente con el jefe de Gabinete para sugerirle que hay que articular entre esa comisión y la Ofephi, para que no haya controles cruzados que se superpongan”, reveló Pérez.

La molestia de los gobernadores

El mandatario mendocino la aplacó, pero desde que se conoció la noticia de la firma del decreto 1.277 comenzó a trascender un supuesto malestar de los gobernadores petroleros. El temor es que la decisión de Cristina autoriza al Gobierno nacional a evaluar, entre otros aspectos, los planes de trabajo de las petroleras e incluso deja la puerta abierta para que la Casa Rosada haga caer concesiones, una atribución que hoy es resorte de las provincias.

Pérez cree que con la participación de la Ofephi en la comisión tripartita se salvarían las dudas sobre la constitucionalidad del decreto. En voz baja, los radicales admiten que esto podría ser así. Aunque ponen un reparo: “Si se sientan todos los gobernadores productores es una cosa. Ahora si se sienta uno solo, va a ser todo un engañapichanga”.

Molesto con el radicalismo, Pérez cargó contra ellos. “Dicen que el gobernador es un títere y me piden que me ponga los pantalones largos, pero ellos no usaron pantalones cuando gobernaron la provincia”, soltó. Y en tren del mismo enojo siguió: “Cuando fueron gobierno no trajeron una inversión petrolera. En minería, la senadora (Laura) Montero fue a buscar inversiones a Canadá y después le salieron con la 7.722, de manera muy contradictoria, y nos dejaron mal parados ante todo el mundo”.