A pocos días de anunciarse el proyecto de construcción de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Cose) en Cacheuta, replicaron las críticas de algunos organismos de Derechos Humanos. Funcionaros responsables de la institución salieron a contestar los reclamos y detallaron el nuevo plan.

Hace una semana, el Organismo Contra la Violencia Institucional (Ocovi) le envió una carta al gobernador Francisco Pérez en repudio por la iniciativa, basándose en la Ley 26.061, que recomienda la reclusión de jóvenes en centros correccionales situados cerca del lugar de residencia de sus familias.

Pasando en limpio, la instalación del ex Cose en Luján de Cuyo, en un predio cercano al penal de Almafuerte, complicaría la visita de los familiares de los internos.

Quien respondió fue la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Dolores Alfonso: "El centro actual de Godoy Cruz es el único que recibe a menores de edad de toda la provincia. Es decir, queda lejos para los familiares de San Rafael, del Valle de Uco, de Las Heras".

Siguiendo esta línea, la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos dijo que "la posición geográfica no implica una vulneración de los derechos de los jóvenes".

"Se trabajará con el personal de la institución y con las familias para mediar una forma de traslado al futuro centro en Cacheuta", anticipó Alfonso, apaciguando las críticas al respecto. "Los jóvenes tienen tres visitas permitidas por semanas y van a ser respetadas", agregó.

La subsecretaria aseguró que seguirá en pie el proyecto y que "seguro hay opiniones a favor y otras en contra, aunque no vamos a descalificar ninguna".

"Hemos trabajado con varios organismos de Derechos Humanos y ninguno nos había planteado algo en contra del nuevo proyecto", concluyó.

La opinión de los trabajadores

Otra de las patas importantes que funcionan en el engranaje del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil son los operadores terapéuticos, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Su delegado gremial, Fernando González, indicó que "en un principio, no estamos en contra de la iniciativa mientras no nos afecte en cuanto a la masa salarial y el traslado hasta Cacheuta".

Sin embargo, aseguró que "no tenemos referencias del proyecto. El director – Rubén Contreras – nos dijo que nos vamos a sentar a hablar más adelante, porque ahora el proyecto está verde".

La oportunidad para renovar el sistema

Las falencias del edificio actual donde funciona el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, sobre el Corredor del Oeste, han sido desnudadas tras reiterativas fugas de los menores y reclamos de los operadores.

En base al último escape de cinco internos, entre ellos el peligroso Cara Cortada, el Gobierno provincial lanzó el llamado a licitación para la construcción de la nueva institución en Cacheuta, algo que Dolores Alfonso calificó como "una oportunidad de crisis para repensar el sistema".

Se trata de un terreno provincial de 1.229 metros cuadrados que se ubica sobre el costado derecho de la Ruta 7, unos kilómetros antes del penal de Almafuerte. La empresa ganadora de la licitación es Corporación Sur – Aquapark y el presupuesto oficial es de 11.694.48 pesos, según detalló la funcionaria.

"Es la primera vez que se va a construir un centro exclusivamente destinado a la privación de la libertad de menores", enunció la subsecretaria, recordando que el actual complejo fue construido en la década del 50 e iba a funcionar como un hogar para niños. "El edificio actual tiene falencias porque no fue creado para esto, además de ser obsoleto por el tiempo. El sistema eléctrico lo cambiamos el año pasado ya que todavía funcionaba el original", ejemplificó.

Sin embargo, advirtió que el edificio en Godoy Cruz será tenido en cuenta para funcionar como centro de día, o para albergar a los menores que no sean peligrosos.

Una de las alternativas es que en Cacheuta funcione solamente el sector de máxima seguridad –actual módulo B – o que en el futuro complejo edilicio se traslade a los mayores de edad que aún continúan bajo el régimen de privación.

En base a esto, Alfonso dijo que "se trata de chicos que cometieron su delito siendo menores y todavía siguen detenidos luego de cumplir 18 años. La normativa internacional estipula que no pueden compartir el alojamiento menores con mayores". Esta población de internos no es insignificante, ya que representa el 30 por ciento del total de internos en el ex Cose.

"La nueva obra prevé medidas de seguridad pero sin perder de vista el centro juvenil. Es un proyecto institucional que contempla la inclusión social, la escolarización, los talleres, esté en un espacio físico o en otro", explicó.

También manifestó que la nueva idea para el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil será trabajar en centros con poblaciones pequeñas y especializadas. Es decir, no recibirá el mismo tratamiento un menor que haya ingresado al sistema por un homicidio a otro que lo hizo por un tenencia de drogas.