El radicalismo presentó un proyecto instaurando premios e incentivos para efectivos policiales que logren liberar rehenes, recuperar autos robados, secuestrar armas de fuego o arriesguen su vida en pos de impedir un delito.

El proyecto, que lleva la firma del diputado provincial Luis Petri, enumera cuáles son los actos que un policía debe cumplir para que el Estado lo premie económicamente y con puntos que lo acerquen a un ascenso, explicó el legislador, quien es el autor del Código de Ejecución Penal que llevó a la UCR a enfrentarse con el Gobierno y con organismos de derechos humanos.

“La idea es premiar a los buenos policías a través de diversos estímulos, como se hace en otras reparticiones del Estado, como en el Tribunal de Cuentas o en el Casino”, explicó Petri.

Según el diputado provincial la Ley 6.722 ya prevé la posibilidad de otorgarles estímulos a los policías a través de premios y felicitaciones, pero con el proyecto presentado, lo que se hace es tabular ese reconocimiento, “otorgándole el máximo puntaje ante determinadas acciones”, se explica en los fundamentos del proyecto.

El escrito presentado en la Cámara de Diputados manifiesta que los efectivos deben recibir un reconocimiento monetario por: “Secuestro, decomiso o incautación de armas de fuego ilegales; liberación de rehenes, hallazgo de automotores y bienes muebles robados, y actos heroicos”.

“Esta presentación tiene que ver con que, cuando hicimos el Código de Ejecución Penal, nos dijeron que íbamos sólo sobre los condenados; luego presentamos la Policía Judicial para mejorar las pesquisas, y nos dijeron que íbamos sobre los delitos ya consumados. Entonces, creemos que con esto estamos colaborando para mejorar en la prevención”, explicó el autor del proyecto.

Pero esta no será la única medida con la que el radicalismo se busca meter en la política de seguridad del Ejecutivo.

La semana que viene se realizará la presentación de otro proyecto, que consiste en la instauración de los Juzgados de Flagrancia en toda la provincia y que no sólo funcionen en la Primera Circunscripción Judicial.

“Actualmente un tercio de las condenas salen de esos juzgados, y su tiempo de demora entre el inicio del proceso y la condena es de 18 días. Así que vamos a pedir que se extiendan en toda la provincia, aunque sabemos que esto sería gradual”, explicó Petri.